Enviaron carta a Vázquez porque se anuló contrato con una cooperativa.

Ancap quiere equilibrar en dos años las cuentas de su división de cementos y comenzó a tomar medidas para reducir sus costos, pero algunas generan preocupación en el propio Frente Amplio. Hoy la Mesa Política Nacional de la coalición tratará la situación planteada con una cooperativa social compuesta básicamente por mujeres que limpiaban las áreas verdes y la zona de cocina de la planta de cemento de Paysandú de Ancap a las que la empresa pública comunicó a mediados de este mes que dejará de contar con sus servicios.

La diputada frentista de Paysandú, Cecilia Bottino, dijo a El País que la situación afecta a unas 40 familias y que las mujeres no tienen derecho al seguro de paro. Recordó que Ancap se había comprometido a renovar por un año el contrato y luego comunicó que había cambiado de parecer. Bottino dijo que el Frente Amplio de Paysandú incluso le elevó al presidente Tabaré Vázquez, una carta planteándole el tema. El 1° de marzo, además, la comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental de Paysandú se reunirá con el directorio de Ancap para analizar la situación. La terminación del contrato llevó a una manifestación en la céntrica calle 18 de julio de la ciudad de Paysandú, informó el diario "El Telégrafo". El sindicato de la construcción también apoyó la marcha porque teme que a mediados de año Ancap también deje de contratar a unos 200 trabajadores de la construcción que, reunidos en cooperativas, prestan servicios para la empresa pública.

Francisco Gentile, presidente de la junta sanducera, dijo a El País que las mujeres trabajaban en la limpieza de plazas en Paysandú a partir de 2005, pero luego el intendente nacionalista Bertil Bentos cortó la relación contractual por lo que el Frente Amplio de Paysandú gestionó y obtuvo su contratación en organismos estatales.

"En su mayoría son jefas de hogar y en Paysandú se han cerrado fábricas", argumentó el edil para defender que las mujeres sigan trabajando para Ancap. Bottino señaló, por su parte, que el funcionamiento de las cooperativas no suponía un costo económico importante para Ancap. La legisladora dijo que, como diputada oficialista sanducera, pretende que el directorio de Ancap informe de los planes de la empresa para la planta sanducera.

En la planta de cemento de Paysandú trabajan 300 personas, de las cuales 175 son funcionarios propios de Ancap. La presidenta de la empresa pública, Marta Jara, había dicho a El País que tanto en esta planta como en la de Minas hay áreas como vigilancia, mantenimiento, cuidado de espacios verdes y controles de entra-da y salida en las que se iban a eliminar contratos porque "no hay ninguna holgura".

La división de cementos perdió US$ 207 millones en la última década. El año pasado perdió US$ 25 millones y este año se espera que su rojo llegue a US$ 27 millones.

"El objetivo definitivamente es llegar al punto de equilibrio operativo, a no tener más pérdidas en 2018. Es un objetivo muy ambicioso el que nos trazamos. Hay que hacer cierta cantidad de reestructuras, bajar cargos. Hay ciertas restricciones porque hay que esperar que venzan algunos contratos", había explicado Jara.

La intención de Ancap es reducir 60 cargos en la división de cementos y abatir costos en US$ 20 millones en dos años. El sindicato de Ancap rechaza la reducción de cargos y cree que la industria cementera en Paysandú podría llegar a perder cien puestos de trabajo. La empresa pública además acordó no instalar un tercer horno (ya adquirido) en la planta de Paysandú como reclama el sindicato. Considera que hoy no hay un escenario que justifique la elevada inversión que sería necesaria. Las piezas del horno están dispersas en un centenar de contenedores desde hace más de un año. Su instalación requeriría decenas de millones de dólares.

La división de cementos de Ancap históricamente dio pérdidas, pero se incrementaron mucho en los últimos años.

De todas formas, Ancap tomó el mes pasado la decisión de mantener sus dos plantas funcionando y bajo propiedad del Estado. No espera poder incrementar sustancialmente su producción próximamente y apuesta a mejorar sus resultados básicamente a través del abatimiento de costos.

La división no ha podido exportar e incluso debió comprarle cemento a su competencia local (la Compañía Uruguaya de Cemento Portland, "Cemento Artigas") que sí obtiene ganancias.

Ancap acusó a la rama del sindicato de la empresa del Sector Mantenimiento, Administración y Logística, de desconocer las decisiones del Consejo Federal del gremio y tomar medidas de paro que afectan la parada técnica de la refinería de La Teja, generan un perjuicio de US$ 1 millón por semana y desconocen acuerdos alcanzados. "El sector Mantenimiento, Abastecimiento y Logística plantea un régimen para el paro de unidades que excede las posibilidades económicas de la empresa y que, de aplicarse, representaría una gran fuente de inequidad. En consecuencia, Ancap hace responsable a este sector gremial de la suspensión de las negociaciones y de los sobrecostos para el país que se generan por atrasos en el paro y que como se ha explicado hace algunas semanas exceden el millón de dólares semanal", dice un comunicado de la empresa.

Ancap comenzó la parada técnica que hace una vez por lustro y que se extenderá hasta mediados de año. En el ínterin, deberá importar combustibles, una tarea que realiza, por ley, en forma monopólica.

PÉRDIDAS MILLONARIAS