Acusaciones cruzadas entre sectores del Frente Amplio y, en paralelo, la suposición de un ataque político opositor a un posible candidato oficialista para 2019, el vicepresidente Raúl Sendic, construyen el trasfondo del trabajo de la comisión investigadora del Senado sobre la gestión de Ancap, que promedia ya su actuación.

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Desde el inicio mismo del trabajo de la comisión investigadora, en agosto, ha habido un pase de facturas entre sectores frenteamplistas, más allá de los cruces entre gerentes de la empresa y el directorio: el Frente Líber Seregni (Danilo Astori y Fernando Lorenzo) contra la gestión de Raúl Sendic (2008 a 2013) y José Coya (2013 al presente), ambos de Compromiso Frenteamplista, lista 711. Al rescate de Sendic salió ahora el propio expresidente José Mujica en los medios, atribuyendo a la oposición la intención de atacar a posibles candidatos frenteamplistas como el vicepresidente y Daniel Martínez, que presidió Ancap entre 2005 y 2008.

En la misma línea de declarar públicamente, este fin de semana arremetió contra sectores frenteamplistas y también contra la oposición en defensa de Sendic el senador Leonardo De León, hombre fuerte de la lista del vicepresidente y que presidió ALUR, una de las subsidiarias de Ancap. Dijo que el cuestionamiento de la oposición "forma parte de una operación política contra Sendic" porque "lo ven como un posible candidato". "Pero en el fondo el ataque mayor es contra las empresas públicas", declaró al semanario.

Explicó en entrevista concedida a Brecha que las inversiones se hicieron con el conocimiento de los presidentes Mujica y Tabaré Vázquez, tratando de revertir la creencia de que no estaban al tanto de lo que sucedía, como han sugerido Astori y Lorenzo en la comisión investigadora.

También retó a la oposición sobre la agencia de publicidad cuando afirmó que "si creen que hubo amiguismo o irregularidades en una licitación que fue pública, lo tendrán que demostrar en la Justicia penal".

Entre los senadores de la oposición y del oficialismo hay distintas visiones sobre si con lo visto hasta ahora se pueden configurar irregularidades, situaciones que se definan como desvíos de poder, tráfico de influencias o directamente delitos.

Casi al cabo de la primera etapa, para el senador nacionalista Álvaro Delgado por ahora "hay irregularidades". "Empiezan a aparecer elementos que son más que eso. Al final con todos los elementos vamos a decir si hay apariencia de otras ilicitudes", analizó para El País.

Para el senador Delgado "el tráfico de influencias se configura cuando se excede a lo irregular".

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres fue un paso más allá y dijo a El País que hay hechos "con apariencia delictiva", como darle dinero para publicidad a una radio de Paysandú cuando no salía al aire y que su dueño, relacionado políticamente con Sendic, usó para comprar equipos. Mieres también cuestionó a la agencia de publicidad y su relación con el directorio de Ancap.

"El modo de operación de la agencia con Ancap por lo menos habla de fuertes negligencias en el control sobre la agencia. No sé si no hay algo más que irregularidad, pero se pagaron sobreprecios. La factura por la fiesta de la desulfurizadora por el equivalente a US$ 360.000 tiene todo el aspecto de una irregularidad. Hay facturas con sobreprecios, al menos en dos casos. Eso está documentado. He averiguado sobre organizar fiestas y se puede calcular. Todos dicen que es una barbaridad ese costo", comentó.

Mieres indicó que a esta altura "uno se va configurando un perfil. La ineptitud e incapacidad son escandalosas. Algunas cosas van a ir a la Justicia. Lo de la radio no hay duda, el sobreprecio del logo también. La agencia cobró a Ancap $ 82.000 y extendió una factura a otra empresa por $ 18.300 por el logo. La factura por la fiesta de la desulfurizadora también", adelantó.

Para el senador Ruben Martínez Huelmo, del Espacio 609, sin embargo, "no hay delitos" hasta ahora, y se trata de un problema "de gestión" en la empresa. "Hemos recibido muchos visitantes sobre las carpetas del denunciante, pero notamos que lo que sale en la prensa es sobre la gestión. Al día de hoy hay grandes titulares, pero la oposición nunca ha dicho que hay una denuncia concreta de un delito, o un ilícito. Es un tema de gestión. No aparece ni se señala en la oposición que haya delitos", indicó el senador.

Aunque advirtió que aún queda una parte de trabajo de la comisión investigadora antes de las conclusiones, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo a El País que "a esta altura hay sospechas, creo yo que fundadas en algunos elementos que nadie discute".

Bordaberry encajó en esa categoría hechos como que una cantidad de funcionarios de Ancap se haya negado a declarar, que el director de La Diez se haya negado a contestar sobre el cobro de comisiones, y que el exministro de Industria y exgerente de Pluna, Jorge Lepra, se negara a concurrir a la comisión.

También la entrega de dinero a la radio de Quebracho sin que saliera al aire, y varias contradicciones entre gerentes y entre estos y el directorio. Son "ausencias de testigos, contradicciones graves que dan para sospechar. Cabe preguntarse los motivos por lo que sucede esto. Pero por ahora son sólo sospechas que evaluaremos en el momento final".

Bordaberry añadió a El País que "quizás (esas personas) reaccionen y vean que es mejor declarar y aclarar las cosas ahora ante la comisión investigadora, y no más adelante ante un juez penal".

Uno de los capítulos que más ha dado que hablar en la comisión, y que seguirá estando sobre la mesa, es la relación de Ancap y su directorio con la agencia de publicidad La Diez, que dirige Pablo Álvarez.

Algunos hechos ventilados en las sesiones de la comisión investigadora se relacionan entre sí y se hicieron notar en las distintas reuniones. La Diez era la agencia que trabajaba con ALUR (una de las empresas subsidiarias de Ancap) y terminó siendo contratada por Ancap.

Llegó a ALUR luego de una primera licitación que falló. Entonces, Álvarez renunció a trabajar en una de las agencias que había competido por esa cuenta, y fundó La Diez. Álvarez era amigo personal, según reconoció en la comisión, del expresidente de ALUR, el senador De León (de la lista de Sendic).

El proceso de adjudicación fue cuestionado y aún así continuó adelante por orden de Sendic. En la organización de muchos eventos, como la inauguración de la desulfurizadora de La Teja, entre otros (solo la fiesta costó US$ 360.000) siempre usó los mismos proveedores, y en auspicios de artistas como Ruben Blades, Alejandro Sanz y Marc Anthony pagó US$ 20.000 por cada show a un promotor que estuvo vinculado a ALUR. Álvarez dijo en la comisión que no recordaba si lo conocía. Además, Ancap ordenaba gastos de publicidad a través de esa agencia, lo cual, según los senadores, suponía eludir los controles del Estado.

Pese a la argumentación de que el oficialismo es víctima de un juego político en torno a Ancap, los números juegan en contra de la gestión de Raúl Sendic, Daniel Martínez y José Coya como presidentes de Ancap.

Uno de los grandes temas de confrontación, que se extendió incluso fuera del ámbito de la comisión del Senado y llegó hasta las entrañas del gobierno del Frente Amplio, fue la precaria situación financiera acumulada por el ente en estos años: el balance de Ancap en 2014 arrojó pérdidas por US$ 323 millones, que se suman a los US$ 169 millones de pérdidas de 2013.

El patrimonio sufrió un deterioro que al 31 de diciembre de 2014 era de US$ 441 millones, cuando en 2013 era casi el doble, de US$ 870 millones, y en 2012 ascendía a US$ 1.151 millones. Además, las inversiones en la planta desulfurizadora de La Teja, las plantas de cemento Pórtland de Paysandú y Minas, y la planta de cal de Treinta y Tres insumieron US$ 539 millones más de lo proyectado.

Para completar el panorama, entre 2005 y 2014 el pasivo de la empresa creció 6,5 veces, desde los US$ 339 millones al inicio de 2005 hasta los US$ 2.173 millones a fines de 2014. Uno de los temas más polémicos en el trabajo de la comisión fue el nuevo acuerdo celebrado este año por la empresa con la petrolera venezolana Pdvsa para cancelar anticipadamente la compra de petróleo y con una quita relevante, sobre lo cual incluso versa una de las denuncias del senador nacionalista Álvaro Delgado.

El ente ya había realizado una operación de pago anticipado en el año 2012 cuando se canceló una deuda por US$ 828 millones con el pago por adelantado de US$ 517 millones y que significó un ahorro financiero de US$ 311 millones.

La comisión investigadora del Senado dividió el trabajo en tres partes: la situación económico-financiera de Ancap y las causas que llevaron a ella; los contratos con terceros; y las empresas subsidiarias. En estos días finalizará con la primera etapa, que es la mayor, y se encuentra por eso a mitad de camino de su trabajo, que expira con el año y no será renovado por decisión de la bancada del Frente Amplio.

La oposición comienza a asumir que algo terminará en denuncia penalDANIEL ISGLEAS