Grupos astoristas se desmarcaron de la posición de la mayoría de la izquierda de que fue un “golpe”.

En Brasil hay un "golpe de estado en proceso", según la central sindical Pit-Cnt; lo ocurrido fue un golpe "rastrero, cobarde", dijo la senadora frenteamplista Constanza Moreira. Un "juicio político sin delito es golpe", según el candidato a la presidencia del Frente Amplio, José Bayardi; como "un golpe blando que el Mercosur no debería tolerar", lo definió el diputado socialista Roberto Chiazzaro, planteando la aplicación de la cláusula democrática del bloque regional, por el cual se suspende al país con quiebre institucional.

Sin embargo, otros sectores del partido en el gobierno, como Asamblea Uruguay del ministro de Economía, Danilo Astori, y el Nuevo Espacio del senador Rafael Michelini, se expresaron abiertamente en contra de definir el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff con un "golpe de Estado" en Brasil. Tampoco comparten el pedido de suspensión de Brasil por aplicación de la cláusula democrática del Mercosur.

La votación que el domingo por la noche llevó a cabo la Cámara de Diputados de Brasil terminó con 367 votos a favor del impeachment, 137 en contra y siete abstenciones, abriéndose así el proceso para enjuiciar políticamente a la presidenta Rousseff, del Partido de los Trabajadores.

En las últimas horas, tres de los cuatro candidatos a la presidencia del Frente Amplio —Bayardi, Alejandro Sánchez y Javier Miranda— tomaron partido en defensa de la presidenta y desacreditando el proceso en el Parlamento brasileño.

Otro que lanzó una advertencia sobre el proceso a Rousseff fue el excanciller Luis Almagro, ahora secretario general de la OEA. En Brasil "se debe juzgar desde la decencia y la probidad pública actos indecentes y criminales, y no al revés", declaró.

Almagro sostuvo que el régimen presidencial de Brasil "no puede operar como si fuese parlamentario intentando destitución por el cambio en los alineamientos políticos".

Muchos de los diputados que votaron contra Dilma hasta hace poco fueron sus aliados políticos, que luego le restaron apoyo. El "impeachment es una acusación de carácter político, que no amerita un proceso de destitución", sostuvo Almagro.

El viernes 15, Almagro estuvo en Brasilia y se reunió con la mandataria de ese país y había manifestado su preocupación porque varios de los diputados que iban a votar el impeach-ment tenían sobre sí acusaciones más relevantes que las que hay contra la presidenta.

El mismo domingo, el diputado del MPP Daniel Caggiani, vicepresidente del Parlamento del Mercosur, sugirió que el bloque regional debía, a instancias de Uruguay, aplicar la cláusula democrática a Brasil, como se hizo con Paraguay luego de que el Parlamento de ese país destituyera al presidente Fernando Lugo.

Según el matutino La Diaria, el senador del Espacio 609 Ruben Martínez Huelmo es partidario de impulsar esta medida con Brasil.

A su vez, el comité ejecutivo nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) rechazó el "golpe de Estado parlamentario que se comenzó a gestar en Brasil".

"Condenamos que una camarilla de diputados en su mayoría implicados en actos de corrupción jaqueen el gobierno legítimo", dijo el MPP, en tanto afirmó que "es responsabili- dad de los organismos multilaterales y los gobiernos que los integran dar seguimiento al golpe de Estado parlamenta- rio en curso y evaluar posibles medidas".

Apoyando este planteo, el diputado socialista Chiazzaro escribió en Twitter que "sin probar irregularidades se inicia el trámite de juicio político a Dilma", por lo que consideró que "estamos ante un golpe blando que el Mercosur no deberían tolerar".

En febrero, el presidente Tabaré Vázquez, en su condición de titular pro témpore de la Unasur, intentó sin éxito aprobar una declaración de apoyo a Rousseff por parte de los doce países de este bloque.

En una declaración, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio reiteró anoche algunos argumentos utilizados por sus legisladores, como que el impeachment no tiene "fundamento jurídico" y que por tanto "es un golpe parlamentario".

El Frente Amplio acusó a "la derecha" y sectores de los medios de comunicación y empresariales de San Pablo de tener el "objetivo de sacar a Dilma y al PT de la presidencia" de Brasil.

Esta declaración, sin embargo, no genera consenso dentro de la fuerza de gobierno. Por ejemplo, los diputados Gonzalo Mujica (Asamblea Uruguay) y Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), mostraron matices con el tenor de la declaración.

En el caso de Gonzalo Mujica, si bien no comparte las acusaciones contra Rousseff, valorando además "los logros sociales del PT que sacaron a millones de personas de la pobreza", dijo que el impeachment es "un mecanismo previsto constitucionalmente" y que "la legitimidad del proceso ha sido reconocida por la presidenta".

Pozzi, en tanto, precisó a El País que "el término golpe de Estado parlamentario no lo comparto. Creo que hubo un ataque político rotundo contra Dilma, lo que sí repudio. Pero el Parlamento es electo en elecciones democráticas donde el pueblo brasileño eligió a sus representantes".

Y añadió que "el mecanismo que se usó es el constitucionalmente previsto. Después lo otro es un asunto político, pero no puedo decir que se trate de un golpe de Estado", remarcó. Tampoco compartió que se quiera aplicar la cláusula democrática del Mercosur.

Desde Asamblea Uruguay, la senadora Daniela Payssé anotó que "nada de argumentos de parte de los pro impeachment! Y con barrabravas! Tristeza nao tem fim!".

Uno de los candidatos a presidir el FA, José Bayardi, pronosticó que "la inestabilidad política se instaló en la región", y atacó a quienes llamó "pichones de golpistas locales" porque "festejan el triunfo de diputados acusados de corruptos contra una presidenta sin acusación de corrupción".

Bayardi insistió en que un "juicio político sin delito es un golpe por alterar la voluntad popular expresada libremente. Lo mismo fue con Lugo".

La senadora Constanza Moreira (Casa Grande) dijo que en la transmisión de la TV brasileña el domingo por la noche vio "odio contra el PT, contra la izquierda, contra lo rojo, contra lo popular, contra el pueblo", y que en Brasil hubo "un golpe rastrero y cobarde, directo a la quijada de la joven y frágil democracia brasileña. Violencia política es poco decir".

Javier Miranda, candidato a la presidencia del FA, rechazó "profundamente la situación generada en Brasil que pretende derrocar a un gobierno democráticamente electo".

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt considera que en Brasil "hay un golpe de Estado en proceso", contra el que expresó su rechazo en una declaración pública conocida ayer. A su vez, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, suscribió que en Brasil "hubo un golpe de Estado maquillado. No es un león pero ruge, no es león pero tiene uñas, lastima. También lo de Lugo (en Paraguay) fue un golpe de Esta-do", afirmó el sindicalista en una entrevista con El País TV.

La central insistió en que el "golpe" tuvo "visos de resolución parlamentaria" como el "ya practicado en Paraguay", lo que "es un método promovido y auspiciado por el imperialismo norteamericano y la derecha continental". "Al igual que en 1964, pero con otro métodos, lo que está por detrás del golpe de estado es el intento del capital financiero y las clases dominantes —contando con la simpatía de toda la derecha continental— de promover un ajuste salvaje contra los trabajadores y las grandes mayorías del vecino país", agregó el Pit-Cnt. Según los sindicalistas, "con este hecho, la suerte de todos los pueblos de nuestra América corre peligro". "Nuestro Pit-Cnt convoca a todo el pueblo uruguayo a manifestar su más amplia solidaridad con el pueblo brasileño, con su democracia y sus anhelos de avances democráticos y sociales", declaró. En ese sentido convocó a las direcciones sindicales para el jueves a las 15 horas en el local del Pit-Cnt. "Comunicamos que estamos planificando la realización de asambleas informativas en los lugares de trabajo como forma de expresarnos contra el golpe", dijo el Pit.

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