EL AJUSTE FISCAL EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El FA dará "debate" por la Rendición en Diputados

Preocupa el incumplimiento del 6% del PIB para la educación pública.

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Vázquez junto al Secretariado del FA. Foto: Francisco Flores

El proyecto de Rendición de Cuentas ingresará mañana jueves al Parlamento y el Frente Amplio se prepara para dar discusión por los incrementos de gastos de la Universidad de la República y el INAU que se postergan hasta 2018. En la coalición se teme que si se tocan estas partidas no se llegue al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública como se comprometió el presidente Tabaré Vázquez en campaña electoral.

La iniciativa que será entregada 15 días antes de lo previsto al Parlamento, se compone de unas 300 páginas de exposición de motivos, con la justificación del ajuste que para el Ministerio de Economía se trata de una "consolidación fiscal".

Mientras el Frente Líber Seregni (liderado por el ministro Danilo Astori) quiere una rápida aprobación del proyecto (30 y no 45 días en cada cámara), otros sectores tienen pensado "dar la discusión".

El diputado socialista Gonzalo Civila dijo a El País que cuando llegue el proyecto al Parlamento se verá qué se posterga y qué no y en función de esto "se discutirá". "Hay un acuerdo en un montón de puntos, pero este punto de las postergaciones para la UdelaR y el INAU en particular, para nosotros, es muy sensible porque estamos hablando de que tenemos metas que cumplir con el tema educativo", enfatizó.

Uno de los objetivos al que hace referencia Civila es "el cumplimiento del 6% del PIB para la educación".

Consultado por cómo será el proceso parlamentario, Civila reconoció que "discusión siempre hay", aunque antes de enviar la Rendición al Parlamento Vázquez tejió un acuerdo con los sectores del Frente Amplio para aumentar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a partir de los salarios de $ 50.100. En una jugada rápida, Vázquez logró alinear a la bancada detrás de la aprobación del proyecto.

Sin embargo, con el pasar de los días algunos sectores se sintieron más libres para realizar cambios en la iniciativa del Ejecutivo y otros fueron considerando que el acuerdo no era tan conveniente como cuando se reunieron Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes el pasado 2 de junio.

"Me parece que la postergación de gastos que afecta a ASSE, la ANEP, la UdelaR y el Hospital de Clínicas tiene un impacto muy negativo que deberíamos revertirlo", opinó el pasado sábado 11 el exministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.

Ayer, el diputado socialista Roberto Chiazzaro planteó sus dudas con respecto a la postergación de fondos destinados a la UdelaR y el INAU. "La posible reducción o postergación de gastos en áreas sensibles como lo es la educación será dilucidada en el debate parlamentario", afirmó el legislador en Twitter.

El diputado José Querejeta (lista 711) dijo a El País que esperará la llegada del proyecto de Rendición para verificar si se concreta o no la postergación de los $ 836 millones para la UdelaR y el INAU. "Hay que ver, en el caso de que esto no venga resuelto, hay que conversarlo en la previa con el Ministerio de Economía", subrayó.

Hay otros aspectos de la Rendición que también generan dudas dentro del oficialismo. Por ejemplo, la medida conocida como "3 X 2", por la cual cada tres vacantes en la administración pública se llenan dos. "Seguramente hay aspectos que llevarán discusión, es el caso de las vacantes del Estado y yo hago una puntualización, en realidad hay áreas que están precarizadas y las funciones la realizan tercerizados. Esto se ve en diferentes áreas de la Administración. Nosotros le planteamos a Economía que esto es un aspecto negativo", indicó el diputado Puig en El País TV.

Certificaciones.

La bancada del Frente Amplio recibió ayer a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social para hablar de la situación del Hospital Canzani. Querejeta aprovechó para reclamar información sobre las certificaciones médicas, por las que el Banco de Previsión Social (BPS) gastó US$ 203,5 millones en 2015.

"Pedí que nos mandaran toda la información que tuviesen para tener insumos y conocer de primera mano la situación, cuando la cifra es tan voluminosa nos preocupa. En este momento de desaceleración mirar todos los números es cuestión de responsabilidad, capaz que no hay nada extraño o capaz que hay algo que tenemos que corregir. Mientras que no tengamos la información no puedo decir", explicó.

El problema, además de la abultada cifra, es que esto representó 2% más de lo presupuestado, dijeron fuentes del BPS, y un 36,5% más que lo que se abonó el año anterior. En 2014 el organismo había pago US$ 149 millones por subsidios de enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736 trabajadores. Esto fue un 20% más de lo que se había desembolsado en 2013, US$ 123,5 millones, para 429.572 beneficiarios.

La semana pasada, el director por los empresarios en el BPS, Javier Verdino, dijo a El País que hará un planteo para que las diferentes gremiales tengan un médico certificador, que a pedido de la empresa controlen las licencias que se expidan. "Cuando se ve que hay alguien que podría estar abusando, entonces se enviaría el médico certificador, y si dice que la persona no está enferma habría que crear un mecanismo para que el informe de ese médico llegue al BPS y este, como encargado del pago, tenga que llamar a una junta médica para ver cuál de los dos médicos tiene la razón, si el tratante o el certificador", explicó.

La representación empresarial en el BPS es partidaria de penalizar tanto al médico como al trabajador que apela a un certificado médico trucho para faltar a su empleo.

Rendición sin apuro para los blancos.

"La Rendición es para rendir cuentas, así que vamos a citar a todos los ministros", dijo a El País el diputado nacionalista Jorge Gandini al ser consultado sobre el tratamiento que se le dará a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

A partir de la semana que viene, la Rendición de Cuentas será tratada por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Para los nacionalistas el proyecto deberá ser analizado con atención y "sin apuros". Según establece la Constitución, cada Cámara tiene 45 días para analizar el texto del proyecto.

Sin embargo, desde el Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) se espera que el tratamiento sea más rápido que esos 45 días. La idea es que como máximo permanezca en estudio unos 30 días en cada Cámara, según dijeron a El País fuentes del sector del ministro Danilo Astori.

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