FA busca legalidad a sus impuestos

Loreley Nicrosi

Con el IRPF cuestionado en su constitucionalidad y la amenaza de más acciones contra la Contribución Inmobiliaria en Montevideo, el Frente Amplio piensa como blindar legalmente sus impuestos además de defenderlos en el campo político.

Crear una mayoría especial de la Corte para los fallos de inconstitucionalidad; reformar la Carta Magna para afirmar la potestad tributaria del Poder Ejecutivo; y hasta instrumentar un nuevo impuesto a las jubilaciones, son alternativas que maneja el oficialismo para preservar su criterio tributario.

Con el flanco abierto en el IRPF a las pasividades, la coalición afronta a la vez las reacciones airadas de los vecinos de la capital que sufrieron fuertes alzas en su contribución inmobiliaria, lo que se suma al conflicto de Adeom, que obligó a los montevideanos a retener la basura en sus hogares, y la fiscalización de los automóviles de residentes en la ciudad pero que tienen chapas de otros departamentos (ver página A8).

La política tributaria del Frente pasó a estar en el ojo de la tormenta a partir de los fallos de inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones, a lo que se agregan ahora los nuevos recursos que se presentarán ante el máximo órgano del Poder Judicial contra la suba de contribuciones inspirada en un enfoque redistributivo vulnerable jurídicamente (ver página A7)

Ante este panorama en el oficialismo comenzaron a analizar posibles alternativas. El senador Alberto Breccia del Movimiento de Participa- ción Popular (MPP), consideró que "la inconstitucionalidad de las leyes o, al menos de cierto tipo de leyes que afectan la política tributaria, debería requerir una mayoría especial de la Corte". Señaló que debiera ser una "mayoría especial" de 4 a 1.

"Existe una presunción de que las leyes son constitucionales; para alzarse contra esa constitucionalidad de la ley, se debe requerir, en algunos casos una mayoría especial porque, de lo contrario, el poder político queda sometido a mayorías que son endebles", sostuvo Breccia. "Las mayorías son mayorías, pero las especiales son mayorías especiales. De la misma forma que para la integración de los organismos de Contralor la Constitución exige mayorías especiales, yo creo que para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, la ley debería exigir mayorías especiales", concluyó.

Para ello no sería necesario modificar la Carta Magna, sino la ley 15.892. "Con esa sola reforma ya estaría pronto. Por eso entiendo que hay que estudiar este tema", expresó.

Otro impuesto. Por su parte, el constitucionalista José Korzeniak dijo a El País, que para él no es necesario instrumentar ningún cambio en la votación de la Corte.

"No hay ninguna inconstitucionalidad. La Corte entendió por 3 a 2 que en el tema del IRPF había inconstitucionalidad, pero yo entiendo que no lo hay. ¿Para qué vamos a modificar?", dijo. "Mi previsión es que dentro de dos o tres meses la Corte va a decir que todo esto es constitucional", arriesgó.

Korzeniak sostuvo que el hecho de que "una Corte se equivoque, o tenga otra posición ha pasado mil veces".

Según el ex senador socialista, que ahora pasará a integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay, "si esta Suprema Corte, o la que venga declara constantemente, durante un año, que todo es inconstitucional, entonces se hará la prueba del nueve: se crea un nuevo impuesto por la misma cantidad que se llame Impuesto a las Jubilaciones, y se acabó".

Recordó que el antecedente es el Impuesto a las Retribuciones Personales, que gravaban las pasividades y que no fue declarado inconstitucional.

Por su parte el senador comunista Eduardo Lorier subrayó que si se mantiene el mismo criterio en los futuros fallos que emita la Corte, "lo más probable es eliminar" el IRPF y buscar una alternativa, para que las jubilaciones altas aporten al sistema.

El diputado Eduardo Brenta de la Vertiente Artiguista, remarcó por su parte que el Frente Amplio debe analizar la posibilidad de promover una reforma constitucional a plebiscitarse en 2009 o convocar a una Asamblea Constituyente en 2010. "No puede ser que la Constitución sea un obstáculo para los cambios que se quieren llevar adelante", afirmó.

La marcha en defensa de la "justicia tributaria" que planea hacer el Frente Amplio cuestionando los fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de IRPF y la "ofensiva opositora" en el tema, no cuenta con el mejor de los contextos. La coalición afronta severos disensos en torno la designación de su presidente y el 19, cinco días antes de la movilización, tendrá lugar un Congreso de esta fuerza política de resultado incierto.

A partir de hoy las comisiones de organización y de propaganda del Frente Amplio comenzarán a planificar la marcha aprobada el pasado lunes por la Mesa Política de la coalición. La intención es que el conglomerado convoque a toda la estructura del Frente Amplio a que participe "masivamente" de la movilización del 24, que se desplazará por 18 de Julio entre la plaza de los Treinta y Tres Orientales y la plaza Cagancha.

En la izquierda creen que realizar una concentración para defender "la justicia impositiva", puede contar con el respaldo de una parte de la ciudadanía, pero reconocen que no es "un tema fácil" estimular la participación ciudadana para defender impuestos.

Fuentes de la coalición admitieron a El País que el clima interno en el conglomerado no es el mejor y destacaron que el papel que jueguen los grupos políticos para lograr que sus militantes asistan será esencial, para que la movilización sea significativa. También se apelará a que los líderes sectoriales, los legisladores y los referentes de cada grupo, encabecen la marcha, para atraer a los simpatizantes de la coalición.

Para la movilización se imprimirán volantes en los que se estampará la característica frase del presidente Tabaré Vázquez: "que pague más el que tiene más". La misma consigna estará expresada en la pancarta que encabezará la concentración.

Originalmente, la movilización había sido prevista para defender la aplicación del IRPF a las jubilaciones, tras los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Pero las fuentes indicaron que la reciente ofensiva contra los nuevos valores de la contribución inmobiliaria en Montevideo también formarán parte de la concentración oficialista.