DECLARACIÓN
El sindicato accedió al pedido del gobierno de dejar en suspenso por ahora una convocatoria a una huelga de hambre que, de todas formas, se concretaría más adelante si las negociaciones no arrojan resultados positivos.
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio emitió una declaración en la que señala "como fuerza política" su compromiso con los 45.000 usuarios y los 250 trabajadores de Montevideogas (la distribuidora de gas natural de la capital) de que hará "los máximos esfuerzos por asegurar la continuidad de ese servicio público". En el medio de un prolongado conflicto que, según el sindicato de la empresa, pone en duda la continuidad de la distribuidora, el oficialismo quiso dar así una señal política. También apoyó el ámbito tripartito de negociación impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para promover una negociación que evite la concreción del envío al seguro de paro de 55 trabajadores que fue anunciado por Petrobras, que gestiona MontevideoGas.
El sindicato accedió al pedido del gobierno de dejar en suspenso por ahora una convocatoria a una huelga de hambre que, de todas formas, se concretaría más adelante si las negociaciones no arrojan resultados positivos.
Petrobras pretende, además de concretar los envíos al seguro de paro, una congelación salarial que el sindicato rechaza.
El gremio acusa a Petrobras de no extender la red y de desatender el mantenimiento y la revisión de equipos. Lo mismo estaría ocurriendo en Conecta, la distribuidora del interior, en la que Petrobras tiene la mayoría de las acciones. Petrobras, a su vez, comenzó un arbitraje contra el Estado uruguayo y por eso el gobierno ha sido cauteloso en sus pronunciamientos sobre la situación. La empresa brasileña aduce que en caso de que no se construya la regasificadora las distribuidoras no serían viables. El gobierno está en tratativas para reflotar el proyecto que está parado desde 2015 para lo cual negocia con la multinacional Shell. El proyecto ya no tendría participación estatal. Hasta ahora, Gas Sayago, la sociedad que impulsa la obra está conformada por UTE y Ancap. Por otra parte, una comisión investigadora parlamentaria indaga el proceso de adjudicación de la obra que quedó trunca.