Especialistas coinciden que no viola normativa del Mercosur.

El mes pasado el Congreso de Brasil aprobó una ambiciosa reforma laboral que ha generado inquietud en el gobierno uruguayo que cree que puede perjudicar la posición competitiva de las empresas y los trabajadores locales.

Sin embargo, los expertos laboralistas entienden que el país vecino no violó ninguna normativa del Mercosur por lo que nada impide que avance con los cambios. Los expertos creen también que no están dadas las condiciones para cambios sustanciales en la normativa laboral uruguaya para adaptarla a las modificaciones en Brasil.

El ministro de Trabajo Ernesto Murro había dicho que Uruguay había manifestado a Brasil su preocupación en una nota enviada a su gobierno. A su vez el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que pedirá una reunión de la Comisión Administradora de la Declaración Socio-Laboral del Mercosur.

Nelson Larrañaga, laboralista de Ferrere Abogados, explicó a El País que el Mercosur cuenta con una Declaración SocioLaboral aprobada en 2015 que establece una serie de principios que los países deben cumplir pero que no tiene fuerza de ley ya que no constituye un tratado. La comisión administradora es meramente "analítica", advirtió.

Juan Manuel Rodríguez, director del Programa de Relaciones Laborales de la Universidad Católica dijo a El País que "la legislación uruguaya no va a cambiar por la brasileña" pero pidió tener en cuenta que "todo tema que influye en los costos laborales a la larga te influye y es probable que Uruguay pierda competitividad relativamente frente a Brasil". "No hay en el mundo regulación de los salarios, ni siquiera en la Unión Europea. Se quejan unos países de otros por los salarios que tienen aquellos con los que deben competir. Es parte del mundo en que vivimos", reflexionó.

La reforma laboral brasileña, comenzará a estar vigente en noviembre, y permitirá jornadas laborales de hasta 12 horas, fraccionar las vacaciones hasta en tres partes, limitar las condiciones para comenzar demandas y reglamenta el teletrabajo.

Larrañaga cree que en Uruguay no son viables esas reformas. "El contexto político y sindical impediría cualquier reforma flexibilizadora de la ley uruguaya que es muy sobreprotectora. Es un tema de competitividad internacional. La preocupación de Uruguay va por ahí, no por el lado de que vengan esas reformas a Uruguay", opinó Larrañaga. "Los Consejos de Salarios, con negociación por rama, muy rígida, centralizada, aplicable a nivel nacional, no se modificarán si no cambia la ley que dice que los acuerdos por empresa tienen que respetar las condiciones pactadas en el convenio por rama, por lo que no hay flexibilidad ninguna", señaló. De todas formas, hay una cierta flexibilidad de hecho porque los trabajadores nunca se toman 20 días corridos de vacaciones, ni tampoco se fraccionan estas en dos períodos de 10 días como marca la ley ya que se van fraccionando en función de las necesidades de los empleados, explicó. "La experiencia indica que si la norma es muy rígida, la flexibilidad viene por la vía de los hechos. El trabajo en exceso se compensa con descanso, no con dinero. ¿Está bien? No, no está bien. Pero se hace", señaló.

"Son opciones de política. Se protege a los trabajadores y se generan costos o bajo la protección y con eso soy competitivo. Eso tiene un costo político importante", opinó. Para Larrañaga, Uruguay "está al tope de la protección laboral" y "ya no hay más espacio para que se generen leyes salvo la que está a estudio sobre insolvencia patronal", valoró.

Leonardo Slinger, especialista de Guyer & Regules opinó que "cualquier cambio en Uruguay para hacer algo parecido a lo que hace Brasil requiere un cambio normativo". "Ya Paraguay es competencia. Hay que seguir pregonando, sin que implique modificar todo el marco normativo ni una desregulación, para ajustar una normativa sobre tiempo de trabajo que es de 1915", consideró.

El abogado Leonardo Slinger opina que en algunos casos la fortaleza de los sindicatos influye para que haya más protección a los trabajadores que la que establece la ley. Por ejemplo, consideró que "en Uruguay no es caro ni contratar ni despedir, se puede contratar a prueba, se puede despedir sin causa, sin preaviso, el problema no es normativo, el máximo para el despido son seis salarios; el problema es la diferencia entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la realidad". Según Slinger, la fortaleza de sindicatos como el de la construcción, el bancario y el metalúrgico genera una protección para el trabajador que va más allá de la ley.

"Nosotros tenemos una tradición de convenios por rama porque los sindicatos están organizados por rama. Soy partidario de la negociación por empresa porque se adapta mucho mejor a los particularismos. No es lo mismo la realidad de una empresa del interior que la de una gran empresa o una mediana empresa. Habría que revisar el objeto de las competencias de los consejos de salarios. Una cosa es que fije los salarios mínimos y otra que fije los ajustes salariales, algo que podría ser propio de la negociación por empresa", opinó Slinger. Y advirtió que "el inversor mira costos y el marco laboral que le resulte más atractivo".

Nelson Larrañaga entiende que sería un aspecto a revisar el hecho que en Uruguay cuando no hay un sindicato en una empresa su representación la adopte el gremio de la rama de actividad.

JUAN PABLO CORREA

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