El Poder Ejecutivo enviará un artículo adicional al proyecto de ley que reinstala el Impuesto de Primaria a los inmuebles rurales. Ese artículo establecerá que las explotaciones agropecuarias menores a 300 hectáreas estarán exoneradas del tributo, aun cuando superen el valor catastral establecido como mínimo para pagarlo, dijeron a El País fuentes del gobierno.

El proyecto establecía que estarían exonerados del pago los propietarios de inmuebles rurales cuyos valores reales correspondientes a 2004 fueran inferiores a $ 650.775, aproximadamente US$ 28.000. Con este aditivo, se introduce un segundo criterio para determinar el universo de establecimientos gravados y se lo delimita más.

Según las fuentes, con el proyecto original algunas explotaciones agropecuarias pagaban el tributo aún cuando tuvieran menos de 300 hectáreas y esa no era la intención original de la iniciativa. El gobierno, agregaron las fuentes, no quiere afectar a los productores más pequeños.

Las fuentes indicaron que por la disparidad de las valuaciones catastrales que se dan en todo el territorio, era imposible poder exonerar a los campos de menos de 300 hectáreas si se establecía un mínimo en pesos. Por eso, se agrega ahora el artículo que establece una exoneración también por superficie. Originalmente el gobierno se planteaba que el umbral fuera de 200 hectáreas.

El gobierno calculó originalmente que la recaudación del tributo rondará los US$ 18 millones y que lo pagarán los propietarios de alrededor de 14.000 establecimientos de los 44.781 que existen en el país.

Por otra parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó que se traten por separado el proyecto del gobierno con ajustes a la liquidación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas del que restablece el tributo de Primaria. La reimplantación para los establecimientos rurales de este tributo fue una promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez.

Las gremiales agropecuarias han cuestionado este impuesto porque lo consideran "ciego", o sea que no considera la renta obtenida con el establecimiento. "Los productores viven del resultado operativo que obtienen y no del precio de las hectárea ni del índice Coneat. Esto es un aumento de la carga tributaria al agronegocio que está pasando un momento distinto al de los últimos diez años y que es el más dinamizador de toda la economía", advirtió el presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly.

En 2014, el 60% de lo que recaudó el impuesto provino de inmuebles urbanos montevideanos.

De menos de 300 hás