Declaró ante la jueza penal que envió mensaje a De León.

El ex gerente general de ALUR, Manuel González, advirtió al directorio de la empresa en 2012 que tenía "dudas" sobre la necesidad de que los pagos a los trabajadores cañeros hicieran aportes a la seguridad social por ser considerada su tarea como una relación laboral, algo que a la empresa le costó cientos de millones de dólares por concepto de regularización ante el Banco de Previsión Social (BPS).

El actual senador del oficialismo Leonardo De León, que era el principal directivo de ALUR, declaró al respecto que "no se pagó dinero en negro a trabajadores de ALUR", porque "son trabajadores rurales que no tienen relación laboral con ALUR". Y añadió que "no es correcto que no existían registros contables" ya que todo "está registrado como donación".

En una declaración ante la jueza Beatriz Larrieu del juzgado de Crimen Organizado, González dijo que "el directorio (de ALUR) realizó consultas y no puedo determinar a quiénes ni de qué manera", pero "en lo personal manifesté a la dirección en el 2012 dudas sobre que esta donación no pudiese en algún momento considerarse algún tipo de relación laboral".

ALUR reconoció que durante diez años no abonó los aportes sociales correspondientes a partidas extras de los trabajadores zafrales, según informó en su momento El Observador, y confirmó un comunicado emitido por la empresa. Los pagos realizados se hacían de forma directa a los trabajadores zafrales desde 2007 a 2016 para evitar conflictos con los cortadores de caña de Bella Unión.

González fue gerente de la Unidad de Negocios de Biodiesel de ALUR y en ese cargo declaró que respondía a De León, director ejecutivo y titular de ALUR, y que su función era gerenciar el negocio de producción de biodiesel y de subproductos de acuerdo a los lineamientos del Directorio de la empresa.

En un pasaje de su declaración en el juzgado, la jueza Larrieu le preguntó durante qué periodo se hicieron esas donaciones a los trabajadores y si se hacían los aportes laborales, a lo cual González respondió que esta donación "comenzó a realizarse en 2007 y que se hizo inclusive hasta el 2016. Respecto a los aportes, se consideraba que al no ser los destinatarios empleados de ALUR, no era claro que tuvieran que hacerse aportes al BPS".

Y agregó que "los distintos directorios eran quienes decidían esta donación y acordaban con UTAA (Sindicato de los Trabajadores Cañeros) que se registrara como donación". La duda que González expresó ante De León fue hecha a través de un correo electrónico cuya copia dejó en el juzgado.

Cuando en 2010 Raúl Sendic asumió la presidencia de Ancap se le hizo la ratificación de la firma ante la sección Jurídica del organismo con el fin de validarla en los documentos que firmara después. Allí, al señalar que era licenciado, se le pidió que aportara algo acreditante de su licenciatura pero nunca lo hizo.

ACTUACIÓN JUDICIAL