La denuncia pide que se investigue supuestas irregularidades en relación a la contratación de funcionarios y en obras edilicias. El exdirector del Sirpa, Ruben Villaverde, niega que haya habido irregularidades y asegura que todas las contrataciones se hicieron por concurso.

La Justicia del Crimen Organizado se encuentra analizando una denuncia penal contra las anteriores autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y del sindicato.

Esta mañana, la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, dijo en Informativo Sarandí que estas "denuncias conocidas, ayer son graves" y que "vamos a esperar lo que dicte la justicia".

Para Fulco esta denuncia "cuestiona todo el sistema de alguna manera", pero aclaró que ella no tiene más datos que los conocidos en las últimas horas: "No tengo idea cómo funcionó esto en el sistema anterior".

La denuncia, que fue presentada hace dos semanas ante el juez Néstor Valetti, y que éste derivó al fiscal Juan Gómez, es por supuestas irregularidades en la contratación de personal (desde 2012) y la realización de obras edilicias, según informó Subrayado, que tuvo acceso a la misma.

Se pide que se investigue a los exjerarcas del Inau, Javier Salsamendi, y del Sirpa, Ruben Villaverde. Supuestamente habrían realizado irregularidades junto a trabajadores del sindicato.

Según  la denuncia en 2014 ingresaron 1.200 funcionarios al Inau y 400 al Sirpa. Se pidió investigar casos puntuales, como por ejemplo cuándo ingresaron a trabajar en el Sirpa y dónde trabajan actualmente la esposa del dirigente sindical Joselo López y sus dos hijos.

En el marco del pedido de investigación sobre las obras relaizadas, se solicita investigar la relación de amistad que mantenían el arquitecto adjudicatario de las obras, y el expresidente del Sirpa, Ruben Villaverde.

Por su parte, el e director del Sirpa, Villaverde, dijo hoy en declaraciones a Montevideo Portal que el expresidente José Mujica dio su aval para una compra directa y dijo que durante su administración se duplicó el número de menores internados, a raíz del aumento de las penas aprobado por ley en 2013 y fue por eso que se realizó un concurso para contratar  talleristas, asistentes sociales, psicólogos y abogados.

Villaverde negó que se hayan contratado funcionarios en 2014, el año electoral.

Consultado sobre su supuesta amistad con el arquitecto que trabajó en las obras respondió que el proyecto comenzó en 2011, antes que él ingresara a trabajar. Además agregó que la finalización de la obra no está concretado ni pagado en su totalidad.

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