El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, considera que “en algunos sectores” de la sociedad se ha generado una “fábrica de delincuentes” que funciona “muy eficientemente” y eso se debe a las “deficiencias” del Estado en “ejecutar políticas de prevención” en la incursión en el delito, lo que también se refleja en un “aumento de la brecha social”.

Le preocupa que las proyecciones de incremento de inseguridad “vienen de quienes estarían encargados de evitar que esas cosas sucedan” y considera “inadmisible” el volumen de armas que tiene la población, ante lo cual sostiene que se deben tomar medidas.

—Hace dos años se produjo un endurecimiento de penas para los menores. ¿Dio resultado?

—No tuvo efectos. Pasamos de tener 150 o 200 adolescentes infractores privados de libertad a más de 500, y eso tiene que ver con la ley 19.055 que previó una sanción mínima de 12 meses para los delitos graves más comunes como son homicidios, rapiñas y otros. Eso lleva a fenómenos difíciles de sostener desde el punto de vista lógico, como el hecho de pensar que hay un lugar en la Colonia Berro donde hay personas que están allí con 21 años por haber cometido una infracción como adolescentes, pero han pasado antes por el Comcar, o sea, han sido procesados como adultos, y vuelven a cumplir esta sanción como adolescentes infractores. Es algo que hay que estudiar desde el punto de vista legal porque nos parece ilógico.

—¿Cómo percibe los niveles de inseguridad que hay en el país?

—Creo que en una época se hablaba de sensaciones térmicas, pero basta mirar alrededor y la forma como la ciudadanía ve o vive esta situación, e indudablemente hay casos que son conmovedores para la opinión pública y casos que muestran ciertas deficiencias del Estado en cuanto a la tarea de protección de los derechos de los ciudadanos, y eso es lo que debe preocupar. Estos últimos años hemos estado escuchando una cantidad de previsiones agoreras en el sentido de: Miren que las cosas están mal, pero van a estar peor. Y eso viene generalmente de quienes estarían encargados de evitar que esas cosas sucedieran. Lo que me preocupa es que las cosas en algunos aspectos están peor y no hemos sido eficaces en evitar que se produzcan. Estoy hablando del tema del sicariato y de algunas formas de tráfico de estupefacientes, algunos delitos violentos y ese tema que está en discusión que es la cantidad de armas que está circulando en la población civil, para lo cual se deberían tomar medidas.

—¿Qué es lo que más le preocupa de la seguridad?

—A partir de mi especialización me preocupa que pese a tener un alto nivel de personas encarceladas, porque en 1993 el total de presos era 3.000 y hoy son más de 10.000, la gente sigue quejándose de la inseguridad, y si seguimos teniendo gente en la franja de 18 y 21 años encarcelada, más los encarcelados como adolescentes infractores, tenemos que en las primeras capas de la población estamos teniendo dificultades para ejecutar políticas de prevención. Utilizando una metáfora bien descriptiva, lamentablemente la sociedad uruguaya se ha convertido en algunos sectores en una fábrica de delincuentes, y es una industria que está funcionando muy eficientemente porque tenemos cada vez más jóvenes que se incorporan al delito y fracasamos en impedir que se incorporen y en no lograr recuperarlos. Hoy tenemos muchos de estos chicos que pasan por el sistema de Derecho penal mínimo sin solución de continuidad al sistema de adultos cometiendo inclusive rapiñas y homicidios.

—¿Por dónde pasa la solución?

—El delito cuando se comete debe ser reprimido y las personas deben ser capturadas y sancionadas adecuadamente, pero también entiendo que no se puede trabajar exclusivamente sobre la represión, sino que hay que trabajar en otros aspectos. Hay que buscar en el mundo buenas prácticas de sociedades como las nuestras que han logrado avanzar y han neutralizado estas cuestiones que tienen que ver con una sociedad donde imperceptiblemente ha aumentado la brecha social, que es más cultural que económica.

—¿El error es no tener una política que ataque los factores que inciden en formar comunidad para evitar caer en la delincuencia?

—Efectivamente. Hay que reforzar las políticas preventivas porque en esto se nos va la vida de la sociedad.

—¿Qué opina de las declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro sobre que armarse es una libertad y es positivo como una alternativa para defenderse?

—Es inadmisible que los civiles tengan esa cantidad de armas que hoy poseen. Yo sé que ahí hay un planteo de vista filosófico. En Estados Unidos es un derecho constitucional tener armas en la casa, pero creo que nosotros somos otro tipo de sociedad, una sociedad pacífica donde tradicionalmente las armas se utilizaban para cazar y hoy se usan para matar gente en delitos y en el ámbito doméstico.

—Mencionó el sicariato y el narcotráfico. ¿Es algo que lo tiene alerta?

—Se han ido despertando alertas y esas alertas en algunos casos se han cumplido. Creo que el Estado debe trabajar fuertemente para que estas cosas terminen. Por un lado castigando la impunidad que se genera por las ineficiencias del sistema de represión estatal, y a veces porque no hay denuncias y hay silencios o compromiso de no hablar sobre el tema. Hay que trabajar para decir que estas cosas hasta acá llegaron, pero no van a avanzar más.

—¿Cómo evalúa el nivel y la formación de los jueces?

—Tenemos un nivel de formación que da competencias adecuadas para los jueces. De todas formas, sigue habiendo deficiencias en la formación terciaria de las personas que se integran. La escuela de jueces convocó a un concurso de ingreso para aspirantes a la magistratura, y de 100 aspirantes aprobaron dos. Y después hubo otros 18 que tuvieron que dar una prueba complementaria, de los cuales ingresaron bastantes, pero lo que está demostrando es que hay un descenso en el nivel del egresado de la Facultad de Derecho. Tenemos una dificultad.

—¿Eso afecta la calidad de los fallos?

—Los fallos se plantean en dos planos. Uno técnico y otro que tiene que ver con la realidad material que hay detrás de cada conflicto, y ahí está el cómo yo interpreto. En temas de familia o derechos humanos muchas veces necesito la colaboración de disciplinas auxiliares como la psiquiatría o el trabajo social. Y eso requiere años de carrera.

—¿Dónde está la falla en la resolución de delitos? ¿Es un problema de la Justicia o del Ministerio del Interior por falta de pruebas?

—Hay que distinguir porque si yo tengo que actuar en un homicidio y la Policía no me trae un presunto culpable yo no puedo desde mi despacho salir a buscar al responsable. Otro es el tema cuando la Justicia dice: creo que esta persona me parece que es responsable, pero si no hay pruebas lo tengo que absolver y el error mío puede estar en si lo absuelvo habiendo pruebas o si aplico mal el derecho y tipifico una tentativa de homicidio como lesiones. La solución a esto es por la vía del recurso. Si el juez comete un error existe la posibilidad de una denuncia a la Suprema Corte de Justicia y que la Corte lo sancione desde el punto de vista disciplinario con sanciones que van desde la amonestación a la destitución.

—¿Es común?

—Es común que haya denuncias, pero muchas son rechazadas porque la Corte no puede juzgar lo que el juez decide desde el punto de vista sustancial, o sea aplicando el Derecho. Lo que la Corte puede entender es si hay algo inexcusable, o si hay errores administrativos o de comportamiento del juez que llevan a una solución errónea. Eso se da. Continuamente estamos estudiando expedientes.

—Hay jueces que han tenido custodia. ¿Usted la tiene?

—Yo no tengo custodia y cuando no estoy en misión oficial viajo en ómnibus. Creo que la sociedad uruguaya tiene reservas morales suficientes como para que mi seguridad y la de los jueces no esté en riesgo. Ningún ministro de la Corte tiene custodia. Puntualmente tienen custodia los jueces de Crimen Organizado, y hay dos o tres jueces con seguridad por amenazas.

—¿Las soluciones que le dio el presidente Tabaré Vázquez despejaron el horizonte de crisis presupuestal que tenía?

—Nosotros teníamos la intención de poner en funcionamiento un plan estratégico por 10 años que busca mejorar el servicio de justicia que se le ofrece a la población. Pero eso no fue aprobado y tuvimos que salir este año a buscar los fondos necesarios para mantener el funcionamiento del Poder Judicial sin grandes innovaciones. De la Presidencia de la República obtuvimos una serie de compromisos puntuales y concretos que permiten calafatear este barco que está haciendo agua. Esto nos asegura llegar al primer semestre con los gastos pagos. A mediados de año tendremos que replantear otra vez. Lo más importante es que se reinstalaron los canales institucionales de diálogo.

—¿Son suficientes los defensores?

—No. Si la Defensoría no se refuerza en un término breve con personal, corre riesgo de estar cuestionado el acceso a la Justicia de las personas más vulnerables.

—¿Cómo se va a solucionar?

—Esperamos en la nueva Rendición de Cuentas encontrar los recursos necesarios. Gente capacitada hay.

Ricardo Pérez ManriqueLUCÍA BALDOMIR