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Si no van a estudiar, se suspende la asignación

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Pese a la postura de Arismendi, decreto reafirmó que se suspenderán asignaciones.
Maestra con escolares en la Escuela 137 Grupo Escolar Maria Noya en Perez Castellanos, centros de enseñanza publica en Mvdeo., ND 20140411, foto Maria Ines Hiriart - Archivo El Pais
Archivo El Pais

El gobierno saldrá a buscar casa por casa a los alumnos de Primaria y Secundaria que dejen de ir a estudiar, para convencer a sus padres o tutores de que estos se reinserten al sistema antes de que el Banco de Previsión Social (BPS) les corte las asignaciones familiares que cobran.

La medida, establecida en un decreto firmado esta semana por el presidente Tabaré Vázquez, busca ser un punto intermedio entre lo que reclamaba la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, de que no se pidan contraprestaciones a quienes cobran asignaciones familiares, y la determinación del BPS de que quienes no envían a sus hijos a estudiar no pueden percibir estos dineros del Estado.

Por otra parte, el decreto advierte que además de monitorear que los menores vayan a estudiar, también se observará que sus padres o tutores se encarguen de que estos reciban los controles médicos que necesiten. Para esto último, según señalaron fuentes del BPS a El País, todavía no se sabe cómo es que se implementarán los monitoreos.

El decreto vuelve a dejar claro que dos veces al año, en los meses de julio y noviembre, se hará un corte a partir de los datos que crucen la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el BPS, por el cual se suspenderán las asignaciones a aquellas familias que no envíen a sus hijos a estudiar.

En contra.

En una entrevista publicada el pasado 21 de enero por El País, antes de asumir su cargo, Arismendi sostuvo: "Si yo además de que no van, todavía les saco la comida y la plata, les digo embrómese para el resto de sus vidas". Sin embargo su postura no fue acompañada por el BPS, ni por Vázquez, que ven en esto una herramienta para hacer que las familias envíen a sus hijos a estudiar.

De todas formas, la postura de Arismendi, y la falta de una decisión ante su planteo por parte de todo el Poder Ejecutivo, llevó a que en el pasado mes de julio no se hiciera el cruzamiento de datos, por lo cual en este 2015 este corte se llevará a cabo solo una vez, en el próximo mes de noviembre.

El decreto establece que la ANEP y los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, son los que tendrán a su cargo la misión de tratar de que los menores vuelvan a las aulas. Tendrán un plazo de un mes para hacerlo, luego de que el BPS publique los números de cédula de los usuarios a los que se les suspenda la prestación.

Suspendidas.

A partir de 2013 la ANEP, el BPS y el Mides implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. De esta manera dieron cumplimiento a una parte del inciso C del artículo 6° de la ley N° 18.227, que advierte entre los "requisitos" para cobrar asignaciones familiares, que las familias envíen a los menores a estudiar. También se pide la "periodicidad de controles de asistencia médica".

En 2013 se dieron de baja 32.000 asignaciones (el corte se hizo en noviembre). En 2014 fueron 51.000 (entre julio y noviembre). Algunas familias, luego de que les fue cortado el beneficio, volvieron a enviar a sus hijos a estudiar.

SABER MÁS

¿Cuál es el monto de las prestaciones?

Según los últimos datos del Banco de Previsión Social (BPS) correspondientes a febrero, el Estado otorga un total de 495.000 asignaciones familiares. La mayoría de ellas, 384.000, están comprendidas dentro de la ley N° 18.227, las cuales están condicionadas a que las familias envíen a sus hijos a estudiar y les garanticen los periódicos controles de salud, ya sea en prestadores públicos o privados (esto último aún no es controlado por el BPS, que piensa en un plan para poder llevarlo a cabo).

La prestación que reciben la mayoría de los beneficiarios se cataloga como “simple” y corresponde a una cifra de entre $ 684 y $ 1.839, dependiendo de la cantidad de menores que tengan a cargo. En tanto, para aquellas familias que residen en los 30.000 hogares considerados más “vulnerables”, el monto pasa a ser de $ 1.368 a $ 3.678.

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