El FA alerta que se actuó de forma “organizada” y con “recursos públicos”.

Por unanimidad (87 votos a favor), la Cámara de Representantes formó una comisión investigadora para analizar, "hasta las últimas consecuencias", según el compromiso hecho, las supuestas acciones de espionaje de servicios de Inteligencia militar en democracia y que presuntamente finalizaron en 2009.

En el curso de la sesión plenaria, diputados del Frente Amplio y de Unidad Popular hicieron afirmaciones juzgadas como "gravísimas" desde la oposición. Por ejemplo, Eduardo Rubio (UP) y Gerardo Pérez (PCU) dijeron que la CIA "financiaba" esas operaciones de espionaje y seguimiento en que cayeron desde presidentes como Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, hasta jueces, legisladores y sindicalistas. A su vez, el diputado frenteamplista Oscar Groba (609) aseguró que en 1992 el entonces ministro de Defensa Mariano Brito, en el gobierno del Partido Nacional, convocó para informar a dirigentes sindicales que estaban siendo vigilados y les hizo recomendaciones para evitarlo.

Esta misma semana, el actual ministro de Defensa, Jorge Menéndez, aseguró ante el Senado que había consultado al Estado Mayor de la Defensa sobre la denuncia y que se le había respondido que nada de eso sucedió y que no había archivos ni registro alguno.

Eso hizo que los diputados nacionalistas Pablo Abdala y Gustavo Penadés advirtieran que en caso de confirmarse el espionaje, el ministro debería dejar el cargo.

En su informe, el diputado oficialista Jorge Pozzi sostuvo que "la información tiene valor y que incluso puede ser utilizado para financiación de la organización".

Penadés advirtió que quizás la Justicia pueda tener "responsabilidad" en la difusión inicial del contenido de las cajas incautadas en el domicilio del militar retirado Elmar Castiglioni. "A priori debo decir que no ha habido reserva en un tema sensible. Hay muchos intereses en la vuelta. No podemos ser pieza de ajedrez. Nadie sabe por qué ni para qué algunos quieran que esto tenga un manejo irresponsable", afirmó.

Luis Puig (FA), quien pidió la investigadora, dijo que solo una mínima parte del archivo Castiglioni está en manos de la Justicia. Por ejemplo, indicó que hay recibos de pago a infiltrados en organizaciones sociales y políticas, que está la libreta de casamiento de la maestra Elena Quinteros, entonces militante del PVP, que en 1976 fuera secuestrada de la embajada de Venezuela y que luego desapareciera.

En tanto, el diputado Núñez (PCU) afirmó que "es materialmente imposible desarrollar una labor de inteligencia en solitario o con grupos reducidos. Está claro que hubo colaboración de los servicios de Inteligencia en su conjunto", y que "también está claro que se usaron recursos públicos".

En el curso de la sesión de Diputados, el representante colorado Fernando Amado denunció que tras pronunciarse a favor de investigar el presunto espionaje militar en democracia, recibió amenazas y mensajes intimidatorios hacia él y su familia. "No es la primera vez que recibo mensajes intimidatorios de la hija de un connotado torturador de este país. Pero esta vez la amenaza vino de una señora de apellido Castiglioni. Se me decía tratá de no estar tan de acuerdo con esa investigadora. Fue una amenaza a mí y a mi familia, me dijeron rata inmunda, arrastrado", contó al plenario. "Este es el modus operandi de ellos, tratar de chantajear".

DANIEL ISGLEAS

UNANIMIDAD PARA INVESTIGAR PRESUNTO ESPIONAJEDANIEL ISGLEAS