Comisión Investigadora sobre Ancap

Enviarán a la Justicia el caso Ancap por presunción de delito

El Frente Amplio admite que la empresa está en crisis y se queja de campaña opositora.

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Martínez Huelmo y Marcos Otheguy luego del cierre de la comisión investigadora. Foto. G. Pérez

Ancap hoy está en crisis, pero estamos trabajando para revertir esa situación". Esta autocrítica del presidente del organismo, José Coya, llegó al cierre del trabajo de cuatro meses de la comisión investigadora del Senado. Fue la primera vez que los senadores de la oposición escucharon lo que esperaban. Desde el Partido Nacional se anuncia que enviarán el caso a la Justicia penal.

Desde el oficialismo se sostiene que al cabo del trabajo de la comisión no ha habido "ninguna irregularidad ni ilicitud" en la gestión de Ancap pese al déficit de US$ 800 millones que acumula en cuatro años. "Hubo una campaña que dañó la imagen de Ancap y que dañó a compañeros como Raúl Sendic", afirmó el presidente de la comisión, Marcos Otheguy, que integra la Lista 711 del vicepresidente.

Otheguy coincidió con la autocrítica de Coya, pero la atribuyó a razones políticas. "Ancap está en crisis porque ha estado en la picota estos meses, ha sido atacada a través de los medios de comunicación", justificó.

A modo de balance, el senador colorado Pedro Bordaberry no quiso adelantar si entiende que hay elementos pasa enviar el caso a la Justicia. Quiere poner al frente de Ancap a "personas con otro perfil" y que se tomen "medidas valientes" como el cierre de algunas unidades altamente deficitarias en los últimos años.

Los senadores Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Pablo Mieres (Partido Independiente), comparten la remoción de directores y gerentes. "Quienes son parte del problema no pueden ser parte de la solución", aseguró Delgado, que adelantó que "empiezan a aparecer cinco o seis situaciones de presuntos ilícitos" que enviará a la Justicia.

Mieres planteó directamente "renovar la conducción" de Ancap y afirmó que "puede haber" hechos con apariencia delictiva. Además, Mieres sostuvo que es "una tentación usar las empresas públicas como plataformas políticas", por lo cual propuso "reformular las normas para evitarlo".

Estas afirmaciones molestaron mucho al oficialismo. Otheguy sostuvo que las presunciones de delitos "no tienen fundamento".

Ancap siguió diluyendo responsabilidades en la última sesión de la investigadora. Ayer le tocó a la Armada ser el blanco de los problemas. En la comisión, los miembros de la empresa estatal negaron afirmaciones del comandante en jefe Leonardo Alonso y dijeron que no fue Ancap sino la fuerza naval quien acercó al negocio de construcción del remolcador Kychororo al estudio RN Consultores, propiedad de Ricardo Núñez Carmona, hermano del presunto testaferro del exvicepresidente argentino Amado Boudou.

Cuando compareció ante la comisión, el almirante Alonso dejó un documento redactado por Núñez Carmona en donde cuenta cómo su estudio se relacionó con el proyecto de construcción del Kychororo. En ese mail, el empresario menciona a dos ingenieros de Ancap como las personas que hicieron el vínculo.

A la reunión de ayer, Ancap trajo una estrategia comunicacional diferente. De entrada, el presidente Coya informó que a partir del 31 de diciembre de 2014 la empresa había bajado su pasivo en US$ 230 millones, y que las subsidiarias lo habían subido US$ 75 millones. Eso le daría una baja real de US$ 165 millones. Coya dijo que la baja del pasivo se dio en buena parte por el canje de deuda con Venezuela que se hizo este año.

Bordaberry le preguntó a Coya si en el año 2013, con el déficit ya crecido, la empresa había donado 1.000 toneladas de cemento Portland, unas 43.000 bolsas, y el presidente de Ancap lo confirmó. También le preguntó si Ancap había donado 10 pasajes a Cuba para el Pit-Cnt a fin de que brigadistas viajaran en 2014 a trabajar para combatir los daños causados por el huracán Sandy, de 2012. Coya dijo no recordar esa donación pero se comprometió a enviar la información la semana próxima.

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