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Enojo en la frontera por represión al contrabando

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Al cabo de una reunión desarrollada en Artigas el 5 de octubre, la Confederación Empresarial del Uruguay emitió un comunicado en el que advierte "con mucha preocupación, el accionar irresponsable del Gobierno Nacional en la toma de medidas para la represión al contrabando".

El documento establece que tales medidas "lo único que hacen es quebrar la sana convivencia de nuestras comunidades" (fronterizas) y que las mismas "no fueron solicitadas por las asociaciones empresariales de la frontera".

Cerro Largo.

En tanto, en la ciudad de Melo, personal del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) requirió apoyo de la Policía para ingresar a una veintena de comercios, en busca de mercaderías de contrabando. Se incautó, en su mayoría, productos comestibles brasileños.

Se trató de una avanzada de las tareas de represión al contrabando que se desplegarán desde el viernes hasta el lunes en la frontera.

Los comerciantes informales se movilizarán el viernes contra la Aduana, se informó.

A todo esto, desde la Junta Departamental se propuso convocar a una asamblea general de ediles, alcaldes y concejales de frontera, con el fin de sensibilizar al gobierno para que aplique rebajas impositivas en productos de la canasta básica familiar en departamentos fronterizos con Brasil.

Se pretende llegar a un consenso con comerciantes y trabajadores del sector para redactar un documento.

Rivera.

Una delegación encabezada por el intendente Marne Osorio, y conformada por miembros de la Asociación Comercial y de la Asociación de Free Shops, se reunirá hoy a las 10:00 con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y aspiran a reunirse también con el Ministro de Economía. Mañana jueves, la delegación será recibida por la comisión de Hacienda del Senado para informar sobre los efectos que en la economía local ha tenido la brusca devaluación del real frente al dólar.

Esa devaluación condujo al cierre de unos 200 comercios en el microcentro de Rivera y se estima que el número de trabajadores en el seguro de desempleo supera los 2.000.

Ola de incautaciones

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