Sectores entienden como “recesivas” las medidas de recorte adoptadas por Economía

En una nueva pulseada con el presidente Tabaré Vázquez y el equipo económico del ministro Danilo Astori, varios sectores del Frente Amplio reclaman que no se posterguen los $ 1.500 millones de incrementos del gasto para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Udelar, la Universidad Tecnológica (UTEC) y el INAU. Plantearán al Ministerio de Economía una alternativa para redistribuir las partidas dentro de la Rendición de Cuentas.

El total de los gastos que se difieren para 2018 corresponde a $ 2.588 millones. En la bolsa están ANEP ($ 793 millones), Udelar (544 millones), INAU ($ 69 millones), ASSE ($ 250 millones), UTEC ($ 100 millones), Plan Ceibal ($ 150 millones) y Plan Ibirapitá ($100 millones) y Vivienda ($ 48 millones). Además se recortan las vacantes en el Ministerio de Defensa por $ 50 millones. También se propone una reducción del 5% de la plantilla de la Administración Central generando un ahorro de $ 331 millones, excluyendo de esta medida a los ministerios del Interior y de Defensa.

Algunos de estos gastos que se posponen preocupan a sectores de la coalición de izquierda, que apunta ahora a modificar la Rendición, más allá del acuerdo que hizo el Secretariado del Frente Amplio a principios de este mes con el presidente Vázquez. En tanto, el ministro Astori se aferra a lo acordado y al apoyo que le dieron sus compañeros de gabinete en el Consejo de Ministros.

“En el Frente Amplio ha habido un acuerdo logrado por el presidente Tabaré Vázquez y que nadie modificó, que yo sepa. Y al mismo tiempo estoy seguro que la presentación que hicimos con el Consejo de Ministros es un mensaje relevante para todos”, afirmó Astori el pasado jueves en el Parlamento, durante la conferencia de prensa que brindó por la presentación de la Rendición de Cuentas. Sin embargo, no todos los sectores del Frente Amplio están dispuestos a votar el proyecto del Poder Ejecutivo tal como está.

El diputado comunista Gerardo Núñez dijo a El País que su sector observa con mucha preocupación las postergaciones de gastos en la educación pública y el INAU. “Es una señal y una acción concreta totalmente equivocada”, sostuvo.

Según Núñez, los gastos que se plantean diferir para el año 2018 son en realidad inversiones de infraestructura para la ANEP y Udelar “que hacen a la calidad del sistema educativo”.

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“Jugar al achique en un momento de recesión de la economía es un error conceptual y práctico que no acumula en el sentido de generar políticas contracíclicas. Son medidas recesivas”, afirmó el legislador.

El Partido Comunista trabajará en una propuesta para mantener el gasto asignado en el Presupuesto del año pasado. Los comunistas no se resignan a dar una “discusión conceptual” relacionada a fuentes de financiación que provengan de impuestos al capital”.

Por su parte, el senador Leonardo De León, de la lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic, dijo a El País que “la Rendición es mucho más amplia que los acuerdos celebrados entre la fuerza política y el gobierno. El compromiso es sacarlo lo antes posible, pero hay una instancia parlamentaria por recorrer”. Por lo que explicó que el objetivo será tratar de mantener las partidas para la educación pública.

El diputado Felipe Carballo, también de la lista 711, señaló a El País que el acuerdo con el presidente Vázquez es lograr un ajuste de US$ 500 millones, pero afirmó que no comparte la postergación de gastos en educación. “Estamos en un proceso de desaceleración, entonces no sería adecuado sacar recursos de ahí. Vamos a respetar los acuerdos, pero es necesario pensar en una reasignación de recursos”, subrayó.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro consideró que el trabajo de los legisladores apuntará a “mejorar” la Rendición de Cuentas tratando de construir una postura común con el Ministerio de Economía. “No nos resignamos en que esto de las postergaciones de gastos para la ANEP y Udelar queden así, vamos a tratar de llegar a acuerdos para cambiarlas”, afirmó a El País.

Los economistas Héctor Tajam y Gabriela Cultelli, en artículo publicado ayer en la web del Movimiento de Participación Popular (MPP), afirman que aunque “lejos” de lo ocurrido con otros países de la región, en Uruguay se aplicaron “medidas procíclicas como las relacionadas a la desarticulación del otrora Fondes, el incremento generalizado de tarifas de inicio de este año, el ajuste que afectó la inversión de las empresas públicas, el abandono de proyectos de inversión provenientes del quinquenio anterior (como el puerto de aguas profundas), así como las restrictivas pautas salariales”. Además se considera “inoportuna” la rebajan de dos puntos de IVA solo para las tarjetas de crédito.

En la Rendición de Cuentas, el Ministerio del Interior anunció que propondrá la obligación de que las personas privadas de libertad, beneficiarias de libertad provisional y libertad condicional, deban presentarse ante la autoridad policial. El objetivo es que el juez “esté informado que no se volvió a entrar en el circuito del delito y se está logrando el tránsito hacía la rehabilitación”.

De forma complementaria, el Ministerio del Interior considera modificar el régimen de las salidas transitorias a los efectos de aplicar un sistema de pulseras electrónicas, con el objetivo de realizar “un seguimiento acorde a la persona privada de libertad”.

Asimismo, el Ministerio del Interior se propone realizar una licitación pública internacional con el objeto de extender a todo el país el sistema de “tobilleras electrónicas para casos de alto riesgo en violencia doméstica”.

Además continuará con la ampliación del Sistema de Comunicación encriptado TETRA, a los efectos de lograr la mejora de comunicación en la operativa policial en Maldonado, Colonia y Rocha y se extenderá la video vigilancia a la zona metropolitana.

“La sociedad uruguaya ha realizado un esfuerzo significativo para capitalizar Ancap, lo que permite sentar las bases para alcanzar su viabilidad económica y financiera en el mediano plazo. Sin embargo, tal esfuerzo podría naufragar si la empresa no lograr rebajas sustantivas en sus costos, de modo de mejorar su eficiencia y pérdidas patrimoniales”, advierte la Rendición. Se plantea modificar la forma de determinación de márgenes y bonificaciones, que permitan reducir los costos de distribución en 10%.

La Mesa Representativa del Pit-Cnt redobló la apuesta y definió por unanimidad dos paros: uno parcial que se realizará el 29 de junio y se complementará con una concentración ante el Ministerio de Economía y Finanzas y otro general el 14 de julio. Antes de la reunión las corrientes internas del Pit-Cnt mantuvieron una reunión donde definieron las medidas que la mesa refrendó.

En la central se esperaba que la Rendición de Cuentas entrase al Parlamento al filo del plazo legal y el hecho que ya se haya enviado con cierta anticipación es interpretado como una maniobra para dejar sin margen de acción a los sindicatos, dijo a El País Joselo López, referente de la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE). “La presentación de la Rendición de Cuentas trata de evitar la movilización”, sostuvo López.

La movilización será en defensa de la inversión pública, en rechazo del ajuste fiscal, contra las AFAP y por una solución para los “cincuentones” (la central entiende que el actual sistema previsional los perjudica), en reclamo de una política de control de precios, en favor de la extensión de la negociación colectiva a todas las intendencias, por la modificación de los lineamientos salariales y en contra del recorte del gasto social, explicó López.

La central apuesta a una reunión que el presidente Tabaré Vázquez prometió para junio como vía para eventualmente levantar las medidas.

A partir de la promulgación de la ley ninguna persona física que preste servicios personales de empresas públicas; intendencias; las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal no podrán tener un salario mensual permanente superior al 60% de la retribución total del Presidente de la República, según se establece en la Rendición.

La Rendición crean una comisión de análisis retributivo y ocupacional para estudiar el sistema ocupacional del Estado y adecuar cargos y resolver sobre niveles salariales. Además tanto la administración central como las personas de derecho público no estatales, antes de iniciar un proceso de selección de personal deberán informar sobre perfiles, salarios y vacantes.

“En ningún caso se habilitarán horas a compensar por tareas extraordinarias dentro del horario correspondiente. La compensación de las horas no podrán ser por más de 10 días al año ni el jerarca podrá exigir extensiones de la jornada laboral que superen tal tope y deberán gozarse dentro del año en que se hayan generado”, afirma el texto de la Rendición de Cuentas.

Por primera vez desde que el Frente Amplio es gobierno, bajaron los vínculos laborales con el Estado. Según el informe de la Oficina de Servicio Civil que acompaña la Rendición de Cuentas, el Estado tenía 291.333 funcionarios al cierre del año pasado, 1.140 menos que en 2014. También los vínculos laborales de los no funcionarios bajaron: de 15.618 a 13.690 en un año.

En el año 2015 ingresaron solamente 22 personas con discapacidad al Estado, cantidad que representa apenas el 0,33% de las vacantes generadas en ese año pese a que la ley 18.651 establece, en su artículo 49, que deben cubrirse 4% con aspirantes con esa condición que hubiesen representado un total de 267. El 63% de los ingresos correspondieron a hombres.

EL AJUSTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA