El expediente ya pasó todas las etapas y fue a despacho de juez para fallar.

Al juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, Gabriel Ohanian, que hoy asume en su cargo, lo espera en el despacho un expediente de 6.000 folios. Se trata de una demanda por US$ 70 millones contra Ancap, cinco ministerios, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit) y la empresa Caba presentada en 2009 por Salaur S.A. Esta firma pretendía fabricar grapa y aceite de pepita de uva, entre otros alcoholes.

Según fuentes del caso, el expediente, que tiene 18 piezas, ya pasó por todas las etapas procesales y solo resta la sentencia del juez Ohanian.

La demanda por daños y perjuicios fue iniciada el 8 de junio de 2009 por la empresa Salaur S.A., que adquirió costosas maquinarias para producir grapa. Sin embargo, una interpretación de las normas realizada por Ancap impidió que la empresa demandante pudiera comercializar sus productos, señalaron las fuentes.

Los empresarios consideran que el organismo estatal violó normas referidas a la defraudación tributaria, a la defensa del consumidor —Caba es una empresa propiedad de Ancap que produce y vende grapas—, y entiende que sufrió daños y perjuicios por la interpretación de normas técnicas aplicadas por el propio ente.

"La fábrica para producir grapa fue armada en Uruguay. Invertimos mucho dinero. Pero Ancap analiza las normas de acuerdo a su propio criterio y conveniencia. Hay nueve demandados en el expediente", dijo una fuente cercana a la empresa Salaur S.A. a El País.

La carátula del expediente señala que el juicio de Salaur S.A. es contra Ancap y otros por reparación patrimonial por omisión y reparatorio patrimonial por responsabilidad administrativa de hecho.

En forma paralela al juicio que se procesaba en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la empresa Salaur S.A. interpuso en 2011 un recurso de revocación y jerárquico contra una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas que resolvió archivar su denuncia sobre presuntas violaciones que se estarían cometiendo por parte de Ancap en el control de la elaboración de bebidas que se presentan como grapa o grapamiel.

La empresa consideró que, antes de archivar su denuncia, la cartera debió recabar la opinión de la DGI y que "no corresponde" solicitar el veredicto de Ancap porque esta "posee intereses económicos en esta materia" (la fabricación de grapa).

La empresa critica al Ministerio de Economía por no hacer mención en su resolución a una consulta hecha por la firma a la DGI, la cual sostiene una posición favorable a la suya.

Salaur S.A. argumentó que la grapamiel y la grapa limón tributan como si fueran grapa, no obstante, la propia Ancap las califica como bebidas que no son grapa y la firma Caba S.A., subsidiaria de Ancap, debió retirar del mercado la grapa limón por lo expuesto.

El 2 de agosto de 2012, el Ministerio de Economía decidió no hacer lugar al recurso de revocación presentado por Salaur S.A. al considerar que la resolución de dicha cartera fue ajustada a derecho. También señaló que la competencia en materia tributaria no es privativa de la DGI sino del conjunto del sistema, habiendo recabado informe técnico de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía.

La cartera explicó que solicitó la opinión de Ancap porque es el órgano regulador en materia de alcoholes. La resolución, firmada por el expresidente José Mujica y el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, expresó que, en un decreto de diciembre de 2002, se sustituyeron los términos grapamiel y grapa por el vocablo en plural, quedando ambos tipos de bebida dentro del precio ficto, a los efectos de determinar el monto imponible.

A fines de 2015, Ancap dispuso previsiones para hacer frente a eventuales indemnizaciones a pagar por US$ 6.177.663. Sin embargo, en su balance 2015, la empresa reconocía que el monto total reclamado por los diversos juicios asciende a US$ 73.461.205. En el balance se afirma que "si bien no es posible predecir con suficiente seguridad el resultado final de la mayoría de los procesos judiciales en trámite, se estima que existe posibilidad remota que surja salida de recursos para su liquidación".

La empresa Caba S.A., subsidiaria de Ancap que produce ron El Espinillar, cogñac Juanicó, Cachaza 33, alcoholes y disolventes, reconoció en sus estados financieros de 2015 que enfrenta una acción judicial "iniciada por un competidor" que reclama daños y perjuicios derivados de supuestos hechos y omisiones de la administración pública. El reclamo, agrega Caba S.A., cuestiona decisiones del Poder Ejecutivo, de los ministerios de Economía y Educación, y de organismos como Ancap y Unit, y acusa a la fábrica de licores Licogin S.R.L. y a la distribuidora de bebidas Nafirey de supuestos actos de competencia desleal que afectaron a la empresa Salaur S.A. por un "monto de unos US$ 62 millones". "Los abogados de la Sociedad (Caba) entienden que es poco probable que la actora obtenga un fallo favorable", señala el documento.

JUICIOS CONTRA EL ESTADOEDUARDO BARRENECHE