LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN

La oposición (FA - Pit-Cnt) comenzó ya con su campaña política y mediática para lograr que en el referéndum de marzo o abril del año próximo los uruguayos deroguen 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Ya ha dejado claro, desde el arranque, que en esta campaña valdrá todo. Desde sostener en un spot que la LUC privatiza la educación (falso) hasta afirmar que la norma perjudica a quienes alquilan (no ha sucedido). Desde advertir que la ley ampara el “gatillo fácil” de la Policía (no hay casos a la vista) hasta señalar que con esta herramienta se afectan los derechos de los niños a ser adoptados (mentira) y se afecta el derecho de huelga (si algo ha quedado demostrado es que los paros se están pudiendo hacer, al punto de paralizar las obras de UPM y el mismísimo puerto de Montevideo).

¿Dará resultado? Eso recién se sabrá cuando llegue el momento y se cuenten los votos. En ese momento todos tendremos claro, como decía mi viejo, cuántos pares son tres botas.

Pero, aunque por momentos lo olvidemos, los uruguayos ya se pronunciaron sobre estas cuestiones. ¿O acaso las normas incluidas en la LUC no formaban parte del compromiso con que la coalición multicolor compareció a las elecciones del último domingo de noviembre de 2019?

¿Y entonces? ¿Qué votaron los uruguayos en la última elección? ¿Para qué le confiaron el voto a Luis Lacalle Pou? ¿Para hacer lo que él y su coalición anunciaban que harían si llegaban al gobierno o para que condicionaran su accionar a lo que reclama la oposición?

¿Por qué entonces, si el gobierno cree en la LUC, no la aplica en todos sus términos? ¿Por qué, por ejemplo, lleva dos meses sin aplicar los ajustes al alza que deberían realizarse en el precio de los combustibles?

La LUC indica que esas tarifas deben ajustarse en función del cálculo del Precio Paridad de Importación que realiza la Ursea. ¿Por qué van dos meses en que ese mecanismo, que el gobierno de coalición defendió en la campaña, no se aplica como estaba establecido?

¿Será porque no se quiere afectar el bolsillo de los ciudadanos para no enojarles antes de que deban, en las urnas, refrendar o no la LUC? ¿O porque, como dice el gobierno, pese al aumento del petróleo puede no aumentar los combustibles porque Ancap generó economías muy relevantes que permiten no ajustar las tarifas?

Entonces, ¿cree de verdad el gobierno en ese mecanismo incluido en la LUC? ¿O lo va a aplicar a veces sí y a veces no? Y si lo va a hacer o no, ¿para qué se incluyó en la LUC? ¿Por qué no seguir, como antes, ajustando o no los combustibles según la coyuntura, las necesidades de caja del Estado, etc.?

¿Cuánto ha influido la campaña de la oposición en esta decisión del gobierno?

¿Se van a poner otras reformas en pausa (seguridad social, por ejemplo) para no dar argumentos a quienes quieren derogar 135 artículos de la LUC?

¿Y los que votaron al gobierno? ¿Aceptarán que algunos cambios se pongan en pausa o demandarán que se avance, a toda máquina, en el sentido prometido?

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