El presidente Tabaré Vázquez sancionó el decreto que formaliza la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que investigará "crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización" durante la dictadura.

El Poder Ejecutivo sancionó en esta jornada el decreto por el que formaliza la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, el que trabajará para esclarecer secuestros, asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura (1973-1985).

El grupo está integrado por Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota. La Dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente la ocupará Isabel Wschevor.

Según el decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez, el grupo "tendrá como propósito esencial investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de estado, durante los períodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 y del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985".

En otro punto afirma que el grupo tendrá como objetivo "recabar y organizar el registro de los testimonios de toda persona que en calidad de víctima, familiar, testigo u otra vinculación de cualquier naturaleza con los hechos en referencia, deseen prestarlo voluntariamente".

El lunes, cuando faltaban dos días de la vigésima Marcha del Silencio, que este año lleva por lema "¡Basta ya de impunidad! Verdad y Justicia", en el acto por el 204° aniversario del Ejército, su comandante en jefe, Guido Manini Ríos, pidió que a los soldados "no se los denueste por prejuicios del pasado".

En un discurso muy aplaudido que duró poco más de 20 minutos, Manini Ríos reivindicó el papel del Ejército y aprovechó para dejar en claro que "nadie, absolutamente nadie en este país, puede tan siquiera dudar de la subordinación del Ejército al poder civil, de su respeto a las instituciones democráticas y su compromiso irrestricto con las políticas de Estado".

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