Informe del Departamento de Estado por trata de personas.

Bolivianos, paraguayos, brasileños, argentinos y dominicanos son "sometidos a trabajo forzoso" en Uruguay, en sectores como la construcción, el servicio doméstico, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura y procesamiento de madera, según el informe "Trata de Personas 2016" realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El segmento dedicado a Uruguay del informe planteó que el país sirve de origen, tránsito y destino de personas sometidas a trabajo forzoso y explotación sexual, y consideró que si bien el Gobierno ha realizado esfuerzos para combatirlo, en algunos aspectos todavía "no cumple con normas mínimas" para contrarrestarlo.

"Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a tareas de trabajo forzoso y trata con fines de explotación sexual", es la primera frase que lanza el informe de Estados Unidos en el capítulo local.

Al trabajo forzoso, se suma la denuncia de que "las mujeres y niñas uruguayas (y en un menor grado, los adultos transgénero y los varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país".

Pero esto no solo se restringe a los límites territoriales del país. Las mujeres uruguayas también "son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil", sostiene el informe, que aclara que esta realidad ha venido disminuyendo. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que "mujeres de la República Dominicana (y, en menor medida, mujeres de otros países sudamericanos) son sometidas a trata con fines de explotación sexual en Uruguay". Y se agrega que "funcionarios uruguayos han identificado a ciudadanos de otros países, por ejemplo de China y República Dominicana, que están en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, en particular a Argentina, como posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral".

Dl Gobierno informó a las autoridades de Estados Unidos que el año pasado "inició investigaciones de seis casos que resultaron en el procesamiento de 16 presuntos tratantes con fines de explotación sexual en 2015, en comparación con las dos investigaciones y los cinco procesamientos de 2014". Los casos involucraron a víctimas uruguayas y extranjeras, entre ellas un menor.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social informó que asistió a 222 víctimas de trata en 2015 (212 mujeres y 10 hombres), entre las que detectó a 14 posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. El número es mínimo respecto a las 113 posibles víctimas detectadas en 2014.

"Del total, 189 víctimas eran de la República Dominicana mientras que 19 eran uruguayas", apunta el informe que sostiene que el Gobierno informó que identificó a una víctima de trata infantil en 2015.

Pese a estos esfuerzos y a que el Gobierno uruguayo "aumentó modestamente sus esfuerzos para hacer cumplir las normas contra la trata de personas", se plantea que el país "no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas".

Ejemplo de esto, se plantea, es que el país "no prohíbe todas las formas de trata" sino (a partir del artículo 78 de la Ley de Migración) "solo a las formas transnacionales" con penas de 4 a 16 años de penitenciaría.

Asimismo, "el alcance de los esfuerzos para asistir a víctimas de trata a nivel nacional e investigar casos de trata en el país no fue claro, en parte porque las leyes uruguayas prohíben solo las formas transnacionales de trata".

"Las autoridades aplican leyes sobre explotación sexual o proxenetismo para pedir procesamientos en casos de trata con fines de explotación sexual a nivel nacional, pero estas leyes prevén penas menores y algunas pueden ser conmutadas por servicios a la comunidad o multas", cuestiona el informe que agrega el problema que significa la sobrecarga de tareas que reflejan los jueces que han sido destinados a esta tarea.

El informe dio una serie de recomendaciones a Uruguay sobre cómo mejorar su posicionamiento en el tema. Entre ellas figura "aprobar leyes para prohibir todas las formas de trata", la "penalización de la prostitución de niños como trata infantil con fines de explotación sexual" e "intensificar los esfuerzos para investigar y someter a la Justicia todas las formas de trata de personas, y responsabilizar a los autores del delito de trata a través de condenas y sentencias suficientemente severas". Además se insta a destinar más recursos a servicios especializados para víctimas de trata y la disponibilidad no sólo en Montevideo sino en el interior del país incluyendo hombres y mujeres. También reclaman mayor capacitación de funcionarios policiales e inspectores de trabajo así como fiscales, jueces y trabajadores sociales de forma de poder ayudar a las víctimas.

LOS DERECHOS HUMANOS EN URUGUAY