EDUCACIÓN

La vuelta a clases en semestre de presupuesto; esperan conflictividad

Los estudiantes vuelven mañana a las clases. Pero este que comienza, más allá de COVID-19, no será un semestre cualquiera.

El retiro de los blancos muestra que es difícil acordar políticas de Estado. Foto: AFP
Foto: AFP (Archivo)

Las vacaciones escolares de dos semanas llegan a su fin. Los estudiantes vuelven mañana a las clases, con la propuesta de un aumento de la presencialidad: jornadas de un mínimo de tres horas y media, y el intento de sacarle el máximo provecho a la semana hasta que el gobierno autorice una extensión horaria. Pero este que comienza, más allá de COVID-19, no será un semestre cualquiera.

Habrá detalles novedosos, como la jura y promesa de la bandera en setiembre -fecha del fallecimiento de José Artigas en lugar del natalicio-, las evaluaciones de aprendizajes en un año que hasta el más optimista define como “complejo” y la duda si vale la pena poner una calificación.

Pero también es semestre de ley de Presupuesto. Los consejeros electos, esos que representan a los trabajadores, ya lo dejaron en claro el viernes, cuando emitieron un comunicado advirtiendo que “en este marco de fuertes restricciones económicas propuesto por el gobierno central, las proyecciones previstas para la elaboración del presupuesto quinquenal de la ANEP -que incluyen una revisión del gasto educativo- muy probablemente tendrán impactos negativos en: recursos para alimentación escolar, horas de apoyo, cargos docentes, tutorías, becas para estudiantes, cantidad de horas de clase disponibles y en consecuencia pérdidas de puestos de trabajo, reducción de grupos, aumento de alumnos por grupo y reducción de modalidades de tiempo completo, entre otros”.

Mañana lunes, además de la vuelta a clases, será la primera reunión bipartita entre el Codicen de la ANEP y los sindicatos. El ente autónomo tiene el margen legal para enviar al Parlamento su propia propuesta presupuestal, por más que en los últimos quinquenios ha primado el mensaje del Poder Ejecutivo.

De hecho, en 2015 el gobierno de Tabaré Vázquez envío una propuesta que no contemplaba el alcance del 6% del PIB destinado a los entes autónomos de la educación y provocó una de los mayores escenarios de conflictividad en la enseñanza en la última década. Un conflicto que incluyó la declaración de la esencialidad del rubro, lo que crispó aún más el ambiente.

A diferencia de hace un lustro, los propios trabajadores son conscientes de que el escenario económico ha cambiado. En su comunicado, los consejeros electos dicen: “No podemos dejar de considerar la situación de crisis económica global en que nos encontramos, por tal motivo, es deseable que el presupuesto para la educación se incremente en la medida de lo posible”.

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