EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

Con seis años dejó de ir a clase, en la escuela no sabían dónde estaba y detuvieron a su padre

Cuando regresó de un viaje a República Dominicana, el fin de semana pasado, una alerta se disparó en el sistema informático de Migraciones.

“Cuando volvió la presencialidad no lo mandaba a la escuela porque me daba miedo que se me contagiara del coronavirus”. Foto: Fernando Ponzetto
“Cuando volvió la presencialidad no lo mandaba a la escuela porque me daba miedo que se me contagiara del coronavirus”. Foto: Fernando Ponzetto

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Cuando el niño JRN pasó por el puesto migratorio del aeropuerto de Carrasco, de regreso de República Dominicana, en la madrugada del domingo pasado, una alerta se apareció en la pantalla de la computadora del oficial de Migraciones: “requerido por Interpol”.

El adulto que acompañaba al pequeño de seis años, un amigo del padre que se había ofrecido a hacer con el niño el trayecto aéreo desde la isla caribeña, no salía de su asombro. Por eso marcó desde su teléfono celular el número del progenitor, que estaba aguardando del otro lado de la puerta de arribos, para contarle lo que estaba pasando.

En tanto, un uniformado de Interpol fue en busca del padre y le entregó una nota en la que decía que debía ser conducido a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica. El hombre, un dominicano que reside en Uruguay hace casi ocho años, no entendía nada de lo que sucedía y repetía: “Yo jamás le pegué, yo jamás le maltraté...”.

Padre e hijo pasaron el resto de la madrugada en el aeropuerto de Carrasco, bajo la mirada atenta de un oficial, hasta que poco antes del mediodía llegó un patrullero que los condujo a la sede policial. El juez Juvenal Javier tomó cartas en el asunto y les explicó que, en efecto, no había ninguna causa abierta por violencia doméstica tradicional, sino porque se desconocía el paradero del niño. Hacía más de un año que no iba a clase y nadie en la escuela uruguaya sabía de él.

La pandemia del COVID-19 obligó, en marzo de 2020, el cierre de las escuelas. Durante las primeras semanas de clases virtuales, el niño siguió conectado con su maestra mediante el teléfono celular que le prestaba su padre. Pero un día ese teléfono se extravió y con él todos los contactos; al tiempo ambos se mudaron a otra pensión, más lejos del centro educativo y así se fue perdiendo todo vínculo.

“Cuando volvieron las clases presenciales no lo mandaba a la escuela porque me daba mie- do que se me contagiara del coronavirus”, se excusa el padre con una voz que no esconde un dejo de pena y otro tanto de incomprensión. Jamás supo -al menos eso dice- que desde Primaria estaban buscando a su hijo.

Unos días antes de fin de año, aprovechando el dinero que el padre había juntado como delivery, el niño fue enviado a República Dominicana para que visitara a su madre que atravesaba un quebranto de salud. El regreso se hizo esperar. Primero pasó que no habían juntado los dólares suficientes para costear el pasaje de vuelta, y luego que las fronteras estuvieron cerradas por el COVID-19. Así que recién el fin de semana pasado, más de un año después de la desvinculación con su escuela, JRN pisó suelo uruguayo y su padre fue intimado para que reinscribiera al pequeño en un centro educativo.

Cada año -con o sin COVID-19- Primaria tiene que hacer un seguimiento pormenorizado de unas centenas de niños que pierden el vínculo con la escuela o cuya asistencia a clase es intermitente. Pero la pandemia en curso “agravó el problema, aumentó la movilidad de las familias a las que cada vez es más difícil localizar y ha reavivado problemas estructurales que, ante la crisis, quedan expuestos”, explicó Carina Sagrera, coordinadora adjunta de Escuelas Disfrutables, el programa que tienen por cometido realizar intervenciones interdisciplinarias en todas las escuelas del país ante situaciones que pongan en riesgo los derechos de los niños.

Cuando el programa de Escuelas Disfrutables agota los recursos, cuando se llega a ese punto extremo que los juristas llaman por la frase en latín “ultima ratio” (último argumento), se da aviso a la Policía y se judicializa el caso. Durante el año pasado, Primaria llevó a la Justicia 266 situaciones. Entre ellas había casos de abuso sexual, maltrato, omisión de la salud, grooming y un largo etcétera. En tanto, 133 se debieron a desvinculaciones.

Solo en el primer trimestre de este 2021, según la información oficial a la que accedió El País, se judicializaron otros 55 casos de 720 situaciones de desvinculación escolar. Todo, dice Sagrera, “por el incumplimiento del deber inherente a la patria potestad: la obligatoriedad de asistir a clase”.

Laica, gratuita y...

“Si el Estado exige ciertas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, que solo pueden adquirirse por medio de la educación, el padre que priva a su hijo de esa educación comete un abuso, que el poder público debe reprimir, por una parte, en defensa de los derechos del menor, que son desconocidos, por la otra, en salvaguardia de la sociedad que es atacada en sus fundamentos, con la conservación y propagación de la ignorancia”. Así lo dejó en claro el reformador de la educación uruguaya de fines del siglo XIX, José Pedro Varela.

El padre del niño JRN sabía que la asistencia a la escuela en Uruguay es obligatoria. Pero desconocía que el incumplimiento tenía sus consecuencias, sin importar que la obligatoriedad de la concurrencia a clase estuvo en suspenso hasta octubre del año pasado.

Las autoridades educativas admitieron que “fue un error” haber suspendido la obligatoriedad. Pero más allá del aspecto jurídico, explica la coordinadora adjunta de Escuelas Disfrutables, “en esta pandemia debemos estar atentos a cuando se pierde todo vínculo, cuando no se sabe nada del niño”. Porque detrás de esa desconexión, dice, puede haber situaciones de negligencia, de maltrato o incluso explotación sexual que “el Estado a veces no logra visualizar y atender”.

Cuando existe un vínculo con la maestra, al menos por la plataforma del Plan Ceibal, “el niño o la niña tienen una vía para pedir auxilio”, cuenta la coordinadora. “Nos ha pasado de que pidan ayuda. A través de la plataforma CREA, una niña de quinto año se animó a decir: ‘me están abusando’”, contó la jerarca.

En Primaria, como en el resto del sistema que trabaja con la infancia, estiman que solo se está observando una punta del iceberg. “No solo hubo falta de presencialidad en la escuela, también la hubo en las consultas pediátricas y hasta una feria judicial de unos 80 días que atrasó la atención”, reconoce Sagrera.

En este contexto se juntaron algunos casos históricos, “como aquellos que no quieren mandar a su niño al jardín porque piensan que no es necesario, con casos aislados de quienes descreen de la educación formal y pública (como ocurrió con una familia naturista en Punta del Diablo)”, y casos de “desborde” dentro de los hogares, mudanzas, pérdidas de familiares y situaciones extremas.

Algunos de esos casos tienen un final feliz: tras la intimación, el padre de JRN volvió a inscribir a su niño, que esta semana retomó la escuela.

Primaria denunció “omisión en salud”.

En medio de la emergencia sanitaria, Primaria tuvo que llevar a la Justicia diez casos de “omisión en salud”: cuatro de ellos en el primer trimestre de este 2021. Hay veces que las maestras notan que un niño está con una infección, “por ejemplo que le supura el oído, y por más insistencia a los padres, ningún adulto se hace responsable y lleva al niño a la consulta pediátrica”, explica la coordinadora adjunta del programa de Escuelas Disfrutables, Carina Sagrera.

“Puede que en parte de la pandemia algunas policlínicas hayan estado cerradas, pero siempre está abierta, por ejemplo, la puerta de emergencias del Hospital Pereira Rossell y hay posibilidad de devolución del dinero del boleto”. En este sentido, explica la especialista, “primero se intenta que el padre o familiar colabore y cumpla con sus deberes, pero, cuando pudiendo hacerlo no lo hace, se da aviso a la Justicia”. Solo este año, por ejemplo, Escuelas Disfrutables atendió 46 situaciones de negligencia, aunque la mayoría no llegaron a la Justicia.

Trabajan el duelo ante muertes con COVID-19

Detrás de cada uno de los casi 5.000 muertos con COVID-19 que viene reportando el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) hay, claramente, una familia. Y muchas de estas están conformadas por niños. En Artigas, por ejemplo, donde fallecieron por esta causa 129 de cada 100.000 habitantes, hay más de 30 niños en edad escolar que han perdido a algunos de sus padres. En la escuela N° 65 de ese departamento fueron afectados cinco niños que convivían con sus abuelos fallecidos por la infección.

El COVID-19 ha sido especialmente letal entre la población más adulta, pero también ha sido letal para cientos de padres de otros departamentos. Por eso el programa de Escuelas Disfrutables, que estaba acostumbrado a intervenir cuando había situaciones de muertes que afectaran la dinámica de una clase, está trabajando el duelo de los estudiantes. “Las muertes diarias con COVID-19 son tantas que, en algunas ciudades, en especial en el litoral, se hace imposible esquivar el asunto y es necesario procesarlo en el salón de clase”, explicó la coordinadora adjunta Carina Sagrera.

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