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La presencialidad plena en las escuelas está en duda por el pico de contagios de COVID-19

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Familias solicitaron a los gobernantes “que garanticen una presencialidad plena en todos los centros educativos” del país. Foto: Marcelo Bonjour

EL CORONAVIRUS Y LA EDUCACIÓN

Según supo El País, la cartera sanitaria se encaminaba a dar el visto bueno, pero el pico de contagios del COVID-19 de ayer enlenteció y puso en duda la decisión.

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Desde el martes 13 rige la obligatoriedad de asistencia a clase. Ese mismo día, el Codicen elevó una propuesta al Ministerio de Salud para que se autorizara la reducción de la distancia física en las escuelas (pasar de un metro y medio a un metro), bajo el entendido de que eso le permitiría a la mayoría de los centros educativos garantizar la presencialidad plena. Según supo El País, la cartera sanitaria se encaminaba a dar el visto bueno, pero el pico de contagios del COVID-19 de ayer enlenteció y puso en duda la decisión.

El gobierno había anunciado que, tras la vuelta de la obligatoriedad, se estudiaría la viabilidad de flexibilizar el protocolo sanitario para mejorar la frecuencia de presencia en aulas. La mayoría de los locales educativos carece del metraje necesario para hacer entrar en un mismo salón a todos los estudiantes manteniendo la distancia de un metro y medio.

El Codicen entiende que ya llegó el momento de permitir esa flexibilidad. Previo a los comicios del último domingo de setiembre, las autoridades sanitarias habían pedido “dejar pasar la instancia electoral”. Ante la masividad de la marcha de la diversidad y la movilidad del acto eleccionario, esas mismas autoridades recomendaron “dejar pasar el tiempo ventana” de aparición de nuevos brotes asociados a esas aglomeraciones. Y ahora, habiendo transcurrido más de dos semanas de aquellos hechos, en la enseñanza entienden que “hay que dar el paso”. Así lo hizo saber a El País el consejero Óscar Pedrozo.

La decisión, si bien está fundada en argumentos técnicos, es política. “La evidencia científica no cambia de un día para el otro; ahora son las autoridades del Ejecutivo las que tienen que evaluar y asumir el riesgo”, explicó el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana.

El grupo de científicos que asesora al gobierno había expresado en agosto la necesidad de que se incrementara la presencialidad escolar. Era una necesidad fundamentada en el impacto psicológico, académico y social. En este sentido, Galiana aseguró que “el fin último no es solo la transmisión del COVID-19, sino el daño global que está padeciendo el niño”. Tanto es así que si el pediatra tuviera que tomar una decisión respecto a su nieta, ejemplificó, “le aconsejaría que fuera a clases todos los días, todo el horario, aun teniendo que sacrificar la distancia”.

Manifestantes celebran flexibilidad de protocolo y piden más presupuesto para escuelas. Foto: Marcelo Bonjour
Manifestantes celebran flexibilidad de protocolo y piden más presupuesto para escuelas. Foto: Marcelo Bonjour

La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos publicó un reporte en el que demuestra que el uso de mascarillas, el correcto lavado de manos, la higiene del aula, la ventilación, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones reducen las chances de transmisión del virus. Pero “no hay evidencia definitiva sobre qué conjunto de estrategias es más eficaz para limitar esa transmisión”.

En Noruega, por ejemplo, no se toma en cuenta el metraje y se alientan las clases al aire libre. En Singapur los alumnos se separan por un metro o por dos a partir del tercer grado escolar y dependiendo de la capacidad locativa. En Alemania hay burbujas de seguridad en las que algunos grupos no comparten con otros para evitar la transmisión cruzada. En China usan mamparas de acrílico.

Las familias organizadas de la escuela Experimental de Malvín elevaron un proyecto para instalar estas mamparas divisorias en las aulas. Sin embargo, una evaluación del médico de Primaria fue desfavorable bajo el argumento de que estas no evitan la concentración de carga viral en el ambiente.

El Codicen propuso en cambio que sea obligatorio el uso de tapabocas para los escolares, no así para educación inicial.

“Si bien la disminución de la distancia puede aumentar el riesgo, hay otras formas de compensar eso: más clases al aire libre, espacios más ventilados, los tapabocas en mayores de cinco años, el triage al ingreso a la escuela y el armado de burbujas sanitarias para evitar que los grupos se crucen entre sí”, resumió el neuropediatra Gabriel González.

Las familias organizadas de las escuelas públicas se manifestaron ayer en la plaza José Pedro Varela, en reclamo de la “presencialidad plena” y no de “una escuela de vez en cuando y cada tanto”.

Con obligatoriedad subió la asistencia al 83,7%. Foto: Marcelo Bonjour
Con obligatoriedad subió la asistencia al 83,7%. Foto: Marcelo Bonjour

Entre carteles que rezaban “esta túnica tendría que estar en la escuela y está en la plaza” o “extraño a mis amigos del subgrupo 2… Pedro, siete años”, y a pasos del monumento al reformador de la educación uruguaya, el colectivo de familias leyó una proclama que recalcaba: "Garantizar el derecho a la educación en tiempos de pandemia sigue siendo responsabilidad del Estado. Para eso se necesitan innovación y creatividad, pero (también) recursos presupuestales que lo hagan posible".

Gabriela Sarasuga, una de las organizadoras de la manifestación, explicó que “hasta el momento la escuela pública no ha podido regresar a la presencialidad plena porque se requieren más espacios, más docentes, más auxiliares de servicio y más insumos para incrementar la higiene… y eso a veces se traduce en más necesidad presupuestal”.

La consejera de Primaria en representación de los trabajadores, Gabriela Verde, quien dijo presente en la concentración, opinó que una flexibilidad en la distancia física “puede aumentar un poquito la frecuencia de clases presenciales, pero no en todos los casos alcanzaría con un metro”.

La asignación de nuevos recursos, salvo para las horas de apoyo, parece estar detenida a la espera de lo que la administración proyecte para 2021. Mientras tanto, el análisis del recorte de la distancia quedó en suspenso hasta que las autoridades evalúan cómo avanza el pico de contagios.

La asistencia obligatoria “apenas movió la aguja”
Reinicio de clases durante la pandemia del coronavirus. Foto: Francisco Flores

El martes, el primer día en que rigió la obligatoriedad de la asistencia a clase, el 83,7% de los escolares convocados dijeron presente. En las escuelas rurales superó el 87%, mientras que en la educación inicial no alcanzó siquiera el 75%. Los guarismos implican una leve mejora respecto al promedio de entre 75% y 78% que se registró la semana anterior. Según la consejera de Primaria Gabriela Verde, “la obligatoriedad apenas movió la aguja” en términos porcentuales. En todo caso “sumó un puchito más a lo que había sumado la reapertura de comedores”.

“Controlan” boleto estudiantil

Cada estudiante recibe, por el solo hecho de estar inscripto en la UTU o un liceo público, 50 boletos mensuales. El Ministerio de Transporte entiende que “existen varias irregularidades” y que es necesario “modificar la normativa vigente, generando más requisitos” que la mera matriculación. Por eso creó una comisión junto a la Administración Nacional de Educación Pública para controlar las distancias entre los estudiantes y sus institutos de enseñanza, o bien si los boletos son usados para otros fines más allá de la ida y vuelta de clases. Así lo estableció en un comunicado público. “Está brava la mano. Este gobierno va por un camino complejo de confrontación. Hoy pidiendo informes por jubilaciones de aquellos que sufrieron las peores atrocidades por parte del Estado, en la tarde cuestionan el uso del boleto gratuito estudiantil. ¡Así no!”, expresó en Twitter la frenteamplista Ivonne Passada. Parte de la discusión radica en si el boleto estudiantil es un incentivo a ir a clase, o si incluye la ida al trabajo y/o la casa de compañeros de estudio.

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