POLÉMICA

Dos de los sindicatos más representativos salieron al cruce del gobierno y exigieron que se revea la decisión de retomar “paulatinamente” las clases presenciales. Médicos y maestros entienden que el retorno a las aulas en zonas rurales podría agravar la expansión de la pandemia y poner en riesgo a docentes y estudiantes.

Ocho de cada diez médicos está afiliado al Sindicato Médico, a la Federación de Médicos del Interior, o a ambas instituciones. Y ocho de cada diez maestros es parte de la Federación Uruguay de Magisterio. Estos sindicatos advirtieron que las escuelas rurales no están aisladas y que “la gran mayoría de los docentes” debe movilizarse en transporte público para llegar a los centros educativos.

El gremio médico, en respaldo a la Sociedad de Medicina Rural, sostiene que “la apertura de las escuelas rurales, aumentaría la movilidad de los niños, docentes y padres, con lo cual estaríamos contribuyendo a la circulación comunitaria del virus”. Según ellos, hay localidades de menos de 3.500 habitantes en las que existe un solo médico. A su vez, “menos del 6% de los médicos vive y asiste al norte del río Negro”.

Los maestros, por su parte, manifestaron que la reanudación de los cursos “es una decisión irresponsable por parte de las autoridades”. ¿Por qué? “Aún no se han realizado análisis científicos del comportamiento del virus, tests masivos a la población, estudios de los casos asintomáticos, análisis de la curva de contagio, etc. Esto pone de manifiesto la falta de planificación y las improvisaciones que se están realizando con un tema de extrema delicadeza”, reza una declaración que ayer emitió la FUM tras una sesión de su Secretariado Ejecutivo.

Sergio Rico, director del Servicio Nacional de Emergencia, dijo a El País que “aún no hay datos” sobre cuándo será el pico máximo de contagios por el nuevo coronavirus en Uruguay. “Estamos proyectando un modelo que ayude en ese sentido”, señaló el jerarca.

Entonces, ¿cómo se tomó la decisión? “Por ser (las zonas rurales) lugares de baja densidad de población, baja peligrosidad en dichas zonas, y que el porcentaje de contagios en relación a los testeados es levemente baja”.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, agregó ayer, en conferencia de prensa, que cada docente y auxiliar de servicio recibirá un kit de higiene para el traslado y permanencia en las instituciones educativas.

La secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, dijo que los maestros desconocen la existencia de evidencia médico-técnica y que “toda la decisión gubernamental fue sin consulta previa a los docentes y desconociendo absolutamente las particularidades de la escuela rural”.

La Federación de Maestros había solicitado una entrevista con el presidente del Codicen, Robert Silva, el viernes 3 de abril (fecha en que se anunció que el miércoles pasado habría novedades vinculadas al retorno de clases). Sin embargo, ese encuentro no se concretó y el miércoles Silva llamó a la sindicalista Pereira para manifestarle que se avisará la “paulatina” vuelta a las aulas. La FUM, ahora que conoce la decisión, exigirá otra vez entrevistas con las autoridades. “Nuestro camino es el diálogo”, insistió la secretaria general de la Federación.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, había dicho que el empezar por las escuelas rurales es una cuestión de “justicia social”: son las que tienen menos planes de alimentación y las menos conectadas. Pero la FUM volvió a la carga: “Existen problemas de conectividad en todos los medios y no de forma exclusiva en el medio rural”.

Da Silveira también había dicho que, en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la prioridad es la salud.

En este sentido, la FUM enunció: “Porque concordamos con la consigna “Quedate en casa”, que, como no puede ser de otro modo, prioriza el derecho a la salud por encima de todo, manifestamos nuestro desacuerdo con la resolución de reinicio del ciclo escolar en el medio rural. Reclamamos la revisión de la resolución adoptada”.

Gracias a que hay docentes que faltan sin justificación, y por tanto la Administración les retiene parte del sueldo, la ANEP cuenta con cierto dinero para paliar el déficit y no recurrir a la caja del Estado. Así viene ocurriendo desde la Rendición de Cuentas de 2017.

Pero la emergencia sanitaria en curso hace que los docentes no tengan que ir a clase y, por tanto, no se acumulan falta. Esto hará que, de prolongarse la suspensión de cursos, la ANEP no vea incrementado el fondo de inasistencias que le permite estar al día.

Esta es otra de las consecuencias de la emergencia en curso. Sucede que, a lo sanitario, al cambio de modalidad en la alimentación y al desfasaje pedagógico, se suma el impacto económico.

Las autoridades de la educación ya están previendo una extensión del año lectivo, en principio hasta fin de año. Ocurre que al regreso a las aulas, los docentes deberán nivelar sus cursos y recuperar parte el tiempo perdido. El acceso a las plataformas digitales no es homogéneo. De hecho, en Primaria se estima que es un 70% el que participa de las propuestas en Ceibal.

Los psicólogos, a su vez, advierten de que en el regreso a clases puede que se evidencien los trastornos emocionales y de falta de interacción social que implica este aislamiento.

Todo esto hace pensar que, sea como sea, las metas trazadas para el año tendrán que ser revisadas.