RECLAMO

Egresados piden eliminar pago a Fondo de Solidaridad

En 2017, UdelaR recibió US$ 15 millones por una entrega complementaria.

Facultad de Derecho es el servicio que tiene más cantidad de docentes que superan los 70 años. Foto: F. Ponzetto
Un grupo de profesionales reclama dejar de pagar un aporte especial creado por la crisis de 2002.. Foto: Fernando Ponzetto

La contribución adicional al Fondo de Solidaridad que deben abonar los egresados de las carreras universitarias de la Universidad de la República (UdelaR) fue pensado como una herramienta transitoria para proveer fondos a las arcas de la Universidad en plena crisis económica de 2002, pero hoy —a 16 años desde su instrumentación— sigue vigente y sin ninguna variación.

Por eso, los profesionales universitarios que consideran inadmisible seguir pagando los montos adicionales al Fondo, buscarán este año en el marco de una nueva discusión por la Rendición de Cuentas, derogar la ley que lo estableció.

El Fondo de Solidaridad lo pagan los egresados del nivel terciario de la Universidad de la República, del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la Universidad Tecnológica que tengan más de cinco años de egresados.

El mecanismo de pago recauda dos aportes: la contribución al Fondo y una contribución adicional al mismo. Por ejemplo, un médico, cuya carrera dura siete años, debe pagar $ 7.696 por concepto del Fondo (valor calculado en función de la Base de Prestaciones y Contribuciones —BPC— para carreras de cuatro años o más) y $ 6.413 por el adicional. Los pagos adicionales se abonan a partir del cuarto año de egreso de la carrera, según estipula la normativa. El año pasado, tan solo por el pago de adicionales, la UdelaR recibió US$ 15 millones que destina al financiamiento de obras de infraestructura.

El Presupuesto cambia las franjas para pagar el Fondo de Solidaridad. Foto: Archivo.
Foto: Archivo

La Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (Audetep) ya ha mantenido varias reuniones con legisladores de todos los partidos políticos para encontrar una forma que permita dejar sin efecto la ley. Esta semana sus representantes se reunieron con la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, y con el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio.

Su presidenta, Adriana García Quintana, dijo a El País que "se busca sacar el adicional porque se creó puntualmente en la crisis cuando el país no tenía un peso para la Universidad, situación que cambió; fue una cosa provisoria pero quedó para toda la vida".

El año pasado los profesionales universitarios ganaron una batalla contra el Fondo de Solidaridad. También en plena etapa de discusión presupuestal, los egresados lograron bajar en 10 años el período de aportes, topear los sueldos de los gerentes del Fondo así como los costos operativos que se dispararon en los últimos años. Además, se logró que los excedentes del Fondo que en los dos últimos años fueron de $ 2,5 millones, se transfieran íntegramente al ejercicio siguiente. Es que antes este dinero se repartía entre los funcionarios de la institución, lo que alertó a los profesionales.

Becas.

Sin embargo, la mirada y propuesta de la Audetep, va mucho más allá de abolir el sistema de pago de adicionales al Fondo de Solidaridad. Esta vez plantearán la creación de un Fondo Nacional de Becas de Estudios Terciarios (Fonabet), herramienta que permitiría financiar becas para estudiantes terciarios de la UdelaR, de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de la Universidad Tecnológica.

"La idea es crearlo como política de Estado, gobierne quien gobierne. El Estado uruguayo tiene que ayudar a los muchachos y se sacaría del plano al Fondo de Solidaridad", señaló García. Agregó que "en definitiva las becas hoy en día están en las manos de los particulares como la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, el sindicato de la construcción y las intendencias que, por ejemplo, todas tienen casas para los muchachos en Montevideo".

La propuesta a la que accedió El País, se propone "una política de Estado de becas en donde todos tengan las mismas oportunidades para acceder al sistema educativo".

El proyecto propone que las becas se financien mediante préstamos "blandos", otorgados por instituciones financieras a los estudiantes, y que se pagarían recién a partir de que el estudiante se gradúe (o luego de un período razonable, acorde a la duración de la carrera, en caso de que no culmine sus estudios). "Este sistema es un sistema mucho más justo para todos: todos van a tener la oportunidad de acceder a la educación terciaria y financiar sus estudios, pagando solamente por el dinero solicitado", se considera en el documento.

Por eso se afirma que "los estudiantes van a hacer un uso más responsable del dinero recibido, ya que saben que lo tienen que devolver, a diferencia de hoy, que solo pagan si se reciben". "Hoy en día, si un estudiante pide una beca y no se recibe, no devuelve el dinero recibido. Dinamizaría la economía, fomentando el consumo y el flujo de capital. Serviría tanto para la educación pública como para la privada", señala.

Becas que se duplicaron en la última década

El Fondo de Solidaridad otorgó durante el año pasado 8.232 becas económicas. Esa fue la mayor cifra desde su creación, de acuerdo a lo informado por Presidencia de la República.

Ese año se registraron 4.000 nuevos beneficiarios, mientras que en la última década se duplicó el número de becas otorgadas. El aporte brindado es de $ 7.200 por mes (lo que equivale a 2 BPC). El 90% de los estudiantes que lo percibe proviene de familias sin estudios universitarios. Además el Fondo de Solidaridad promueve una serie de acciones, como clases de apoyo, para evitar la desvinculación educativa de los estudiantes. Las becas, para las que no hay cupos, se sustentan con el aporte de los egresados y están destinadas a estudiantes terciarios de todo el país que requieren apoyo económico para acceder a las carreras de la Universidad de la República (UdelaR), la Universidad Tecnológica (UTEC) y UTU.

Últimos cambios en mecanismos del Fondo

En diciembre del año pasado, el Parlamento uruguayo aprobó una serie de modificaciones generales al Fondo de Solidaridad luego de varias propuestas realizadas por distintos legisladores y diversas asociaciones de universitarios egresados.

Una de las disposiciones aprobadas en ese momento fue que los profesionales universitarios dejen de aportar al Fondo cuando llegan al fin de su actividad profesional y accedan posteriormente a una jubilación de la Caja Profesional, de la Notarial o del Banco de Previsión Social.

Antes del 1 de enero de 2018, los profesionales que tenían otra actividad seguían aportando a dicho Fondo. Es que la actual ley de Rendición de Cuentas había generado algunos cambios sustantivos. Entre ellos se estableció —por ejemplo— que un profesional con título de educación terciaria pagaría hasta jubilarse, hasta alcanzar los 25 años de ejercicio (antes eran 30), o cuando cumpla los 70 de edad, según lo que ocurra primero.

Sin embargo, una de las medidas más polémicas fue la que permitió bajar drásticamente la remuneración del administrador del Fondo, de los actuales $ 280.000 mensuales a unos $ 122.000, que es lo que gana un director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.

El autor de la iniciativa fue el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti. También se modificó otra disposición que señalaba que un profesional, en caso de tener otra actividad remunerada, como por ejemplo un quiosco, seguía pagando el Fondo hasta no tener más ese tipo de ingreso.

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