CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Discusión por docente acusado divide a Udelar y habrá otro cónclave a fines de mayo

La denuncia contra el profesor fue presentada en 2019.

Sede central de la Universidad de la República (UdelaR). Foto: Gerardo Pérez - Archivo El País
Sede central de la Universidad de la República (UdelaR). Foto: Gerardo Pérez - Archivo El País

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República sesionó ayer, de forma extraordinaria, con un único tema: qué hacer con el profesor de Matemáticas Martín Sambarino, de la Facultad de Ciencias, que había sido acusado en 2019 por acoso. Pero al cabo de casi cinco horas de discusión, los consejeros no llegaron a un acuerdo y habrá otro cónclave a fines de mayo.

Unos minutos pasados las 19 horas de ayer empezó la sesión que aprobó el pase inmediato a régimen de comisión general. Eso significó que el intercambio entre los consejeros aconteció a puertas cerradas.

Pese a que el caso lleva tres años, cuatro expedientes jurídicos, un fallo de la Facultad de Ciencias y varias cartas de académicos pronunciándose a favor o en contra, la reunión de ayer no alcanzó para que los consejeros alcanzasen un acuerdo. Tenían la potestad de destituir al docente, de sancionarlo de manera más leve (con la suspensión por seis meses) o archivar el caso. Pero no pasaron a la instancia de votos y prefirieron dilatar la definición.

Sobre el caso

Una doctora en Matemática denunció en 2019 al profesor titular Martín Sambarino. En su acusación decía que con el Centro de Matemática de Facultad de Ciencias se organizaban fiestas en las que Sambarino mantenía relaciones con estudiantes, hacía comentarios obscenos y que en una estadía en Europa se había dado “una situación sumamente inapropiada”.

Dos años después, en setiembre de 2021, Jurídica de la Udelar estableció que había “credibilidad objetiva y verosimilitud” en la denuncia, por lo cual culpabilizó al profesor. El Consejo de la Facultad de Ciencias sesionó de urgencia y menos de dos semanas después del informe jurídico dictaminó, por unanimidad, que Sambarino fuera destituido (fueron desestimadas incluso otras penalizaciones menores como la suspensión por un semestre).

La decisión de destitución del docente, sin embargo, tiene que contar con el aval del Consejo Directivo Central, el máximo órgano decisor de la Universidad. Y, al tratarse de un funcionario público, el Consejo debía contar (además de las investigaciones administrativas) con el informe que elaborase la Oficina Nacional de Servicio Civil.

En marzo de este 2022, la Oficina Nacional de Servicio Civil llegó a la conclusión de que “no se ha acreditado la configuración de los presupuestos de hecho y de derecho para proceder a la destitución propuesta”. Es decir: tiró por la borda lo que había concluido Jurídica de la Udelar en su investigación administrativa.

En esa misma línea, dos informes jurídicos -uno del constitucionalista Martín Risso y otro de la abogada Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora- concluyeron lo mismo que la Oficina Nacional de Servicio Civil y desaconsejaron la destitución.

Entre tanto, el clima en la universidad se fue tensando. Por eso, 36 académicas firmaron una carta pidiendo la revisión del caso y las disculpas universitarias por cómo se dio el proceso: “Entendemos que los distintos colectivos de Udelar se deben una amplia y profunda reflexión sobre su accionar. Para comenzar a recorrer ese camino, solicitamos un pedido público y claro de disculpas a Martín Sambarino y a la comunidad Matemática del Uruguay. El daño es inconmensurable pero todavía estamos a tiempo de rectificarlo”.

Otro grupo de 17 académicos, en su mayoría profesores titulares, también solicitó un revés a la destitución.

Con esos antecedentes sobre la mesa, el Consejo Directivo Central de la Udelar iba a abordar el caso en su sesión del 3 de mayo. Sin embargo, por votación unánime de los participantes se resolvió la convocatoria a una sesión extraordinaria que ocurrió ayer.

Un caso que sirvió para cambiar una política

El 5 de abril del año pasado entró en vigencia una nueva política de la Universidad de la República ante casos de violencia, acoso y discriminación. La había establecido una ordenanza que el Consejo Directivo Central aprobó en diciembre de 2020.

La nueva normativa, más allá de definir cada concepto y unificar los esfuerzos que estaba haciendo la Universidad, estableció los tiempos con que deben tratarse las denuncias por acoso sexual. En menos de 48 horas, por ejemplo, los equipos técnicos (de los cuales cada servicio universitario tiene que tener un referente) deben ponerse en contacto con la víctima. En menos de cinco días hábiles debe fijarse la primera entrevista. Cuando al término de 20 días de recibida la denuncia se entienda que es verosímil pero que, por su complejidad, no da el tiempo de contar con las suficientes pruebas en el plazo de 30 días que prevé la ley de Acoso Sexual, se eleva a la autoridad de esa facultad para que instruya el procedimiento disciplinario correspondiente. El mecanismo de denuncia prevé el anonimato, la no revictimización, la celeridad y la imparcialidad, entre otros ejes rectores.

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