UNIVERSIDAD

La comisión especializada apenas pudo atender a la mitad de los casos.

La Universidad de la República tiene su propio #MeToo, como se denomina al movimiento de actrices que denunciaron los acosos sexuales en Hollywood, o su versión de #MiráCómoNosPonemos, la corriente que surgió en Argentina tras las denuncias contra el actor Juan Darthes. Pero a diferencia de las movidas internacionales, la de UdelaR es bastante más silenciosa y recibe menos apoyo.

Hace 63 meses se instaló una comisión que atiende las denuncias “por acoso sexual, laboral, por actos de violencia o discriminación dentro de la Universidad”. Desde entonces ha recibido 116 casos, de los cuales solo 23 han sido abordados completamente y cerrados. Otros 53 están “en trámite” y en los restantes 40 ni siquiera comenzaron las actuaciones.

“Se manifiesta la preocupación por la débil respuesta y demora de la UdelaR en proveer a esta Comisión los elementos necesarios para poder hacer frente al elevado y creciente volumen de denuncias recibidas”. Estas fueron las palabras que escribió el saliente prorrector de Gestión Administrativa, Hugo Calabria, en una carta dirigida en diciembre al rector.

El propio Calabria había solicitado el año pasado $ 2,5 millones adicionales para reforzar la Comisión de Prevención de Acoso, la cual carece de un equipo técnico que pueda analizar los casos.

Con la creación de esta comisión, en octubre de 2013, la UdelaR había asumido su responsabilidad de hacer frente a este flagelo del que no escapan siquiera los sectores más ilustrados de la sociedad. De hecho el hoy rector de la Universidad, Rodrigo Arim, había sido uno de los primeros en incentivar las investigaciones cuando dirigía la Facultad de Economía. Por entonces había dicho que existe una responsabilidad institucional en abordar estos casos y que no puede todo quedar librado a la esfera privada.

La Facultad de Economía es uno de los servicios más grandes de la UdelaR y aun así ha sido de las que menos denuncias presentó ante la Comisión especializada. Distinta es la situación del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Agronomía, en las que se concentra la mayor cantidad de denuncias: 34 y 12, respectivamente.

Vengan de donde vengan, las denuncias van a parar en forma escrita a la comisión especializada. Una comisión que no tiene personal presupuestado, ni un sitio para funcionar y que se reúne semanalmente con el esfuerzo voluntario.

De ahí que Calabria, unos días antes de dejar su cargo, haya dicho en otra carta lo siguiente: “Es imprescindible contar con un rubro que no sea contingente sino un rubro consolidado, que incluya partidas para salarios y una partida para gastos (para documentación, archivo, papelería)”. Y justificó su posición: “Si bien los resultados no se han compadecido totalmente con los esfuerzos realizados, es claro ver que resulta una temática abordada con nuevos enfoques, complejísima y con desafíos permanentes”.

De las denuncias que la comisión recibió el último año, no ha cerrado ninguna aunque decidió 19 investigaciones. Tres de ellas ni siquiera comenzaron y las otras 16 están “en trámite”. El País ya había constatado este retraso cuando narró la historia de un estudiante de Química al que le suspendieron la posibilidad de ir a clase por dos años luego de que acosara a dos compañeras y les faltara el respeto a sus profesores. La sanción recién quedó firme a mediados del año pasado, pese a haberse generado un año y medio antes.

La psicóloga particular del estudiante “acosador” había dicho que esta comisión de acoso u otra dentro de la UdelaR se debería encargar de dar tratamiento también a quienes son hostigados o “sufren bullying”. Es que en el caso de su cliente, “solo se lo sancionó, pero nadie se preocupó por él”, sostuvo su abogada defensora. Para eso precisamente es que ahora se reclaman recursos en la universidad.