UNA CIFRA EN AUMENTO

En cuatro años se duplican los sumarios a profesores

De cada diez investigaciones en liceos, una es por presunto acoso sexual.

Expediente en la Dirección General Impositiva. Foto: Fernando Ponzetto
De los 45 sumarios que abrió Primaria el año pasado, solo 11 habían tenido una resolución.  Foto: Fernando Ponzetto

La división jurídica de Secundaria tuvo un 2018 a “los trotes”. Cada mes se abrieron, en promedio, diez sumarios nuevos contra docentes. Por lo que el trabajo de esa unidad se duplicó en relación a 2015.

En la montaña de expedientes cabe de todo: abandono del cargo, sometimiento a la justicia penal, agresiones físicas y, sobre todo, inasistencias. Muchas inasistencias. “Todo docente que faltase a las tareas correspondientes a su cargo durante quince días calendario y consecutivos sin causa justificada, dará lugar a que se inicie el trámite”, dice el estatuto docente. Y de estos, en Secundaria, se registran entre 25 y 35 casos por año, según los datos que se desprenden de un pedido de acceso a la información pública realizado por El País.

Entre los sumarios sobresalen -por su sensibilidad y sus consecuencias- aquellos que implican acosos sexuales o “conductas inapropiadas con alumnos a través de redes sociales”. De los más de 20.000 profesores de liceos, solo dos habían sido denunciados por estos motivos en 2015. Un año después, ya eran nueve. En 2017, diez. Y en 2018, según datos preliminares, “más de 15”.

Estos datos, sumados a los casos de presuntos abusos por parte de maestros (hubo uno este 2019) y profesores de otros niveles, hace que los docentes integren el triste podio de funcionarios públicos con más sanciones por estas causas. Solo los superan los policías.

Según fuentes jurídicas, más que un aumento de casos de acoso sexual hay un crecimiento de las denuncias.

Una historia. 

La abuela fue hasta la Policía de San Carlos, Maldonado, y denunció que a su nieta la estaba “toqueteando” el profesor de Educación Física de uno de los jardines de infantes de la ciudad. Como indica el protocolo, el caso pasó a la Justicia y, en paralelo, el Consejo de Educación Inicial y Primaria resolvió el alejamiento del cargo del docente.

Eso ocurrió hace dos meses y, hasta ahora, el profesor sigue sin dictar clase. Mientras tanto, la abuela quiso retirar la denuncia, pero el juez ya había iniciado la investigación y, como marca la formalidad, no podía dar marcha atrás cuando hay “menores de por medio”.

Según fuentes de Primaria, se trata de un aparente “romance” entre el profesor y la madre de la niña pero que no cuenta con la anuencia de la abuela. Pese a que parezca una telenovela, el caso le implica a la ANEP la retribución a un suplente y el pago del 50% del salario del profesor acusado por al menos seis meses y hasta que haya una resolución. Son pocas las veces que se llega una resolución en menos de un semestre. Lejos de ser un problema, “es parte de las garantías para todas las partes”, coincidieron los consejeros Héctor Florit y Pablo Caggiani. En el caso de Primaria, además del análisis de la división jurídica, cada sumario va a estudio de los secretarios de los tres consejeros.

Pero los tiempos legales hacen que, a veces, el cierre del círculo se dilate por años. Primaria, por ejemplo, abrió 45 sumarios contra docentes el año pasado. Hasta la fecha, solo han sido resueltos 11.

En Flores. 

Eran cerca de las tres de la mañana cuando la niña de nueve años despertó a su madre a los gritos. Le decía que su pareja -el auxiliar de servicio al que Primaria sumarió- la había tocado y que no era la primera vez.

Esa madrugada del 18 de febrero de 2015 había sido el comienzo de una historia que, por más pruebas, recién se cerró tres años y medios después.

Al auxiliar de servicio M.A.Z.R., que trabajaba en Flores, el juez lo procesó con prisión en julio de 2016. Pero el expediente con la destitución definitiva recién se terminó de sellar en julio de 2018. Tanto el relato de la niña como la pericia psicológica eran contundentes.

La primera vez había sido en la casa, cuando la madre de la pequeña no estaba. “M. me dijo que si quería me tocaba como a mi madre y me agarró de la mano y después me llevó para la cama y me tocó… yo andaba con un short y con un buzo, me metió la mano”, contó la menor a la Justicia.

En el posterior análisis jurídico del caso, ya en órbita de la ANEP, se expresó: “Debe tenerse presente que se trata de un jerarca que tiene contacto con estudiantes, pese a trabajar de personal de servicio; por otra parte debe considerarse es descrédito para la imagen institucional”. Y se lo destituyó.

De los 45 sumarios que Primaria había analizado el año pasado, hasta el momento no había habido destituciones.

En Secundaria, en cambio, de los 120 sumarios abiertos en 2018, hubo dos destituciones. Sin embargo, hay otros cuatro expedientes, sin resolución, para los cuales la división jurídica del CES pidió se cesara al funcionario público.

En UTU se desconoce el alcance de las sanciones, porque el organismo no respondió a la solicitud de información pública que realizó El País.

Quien sí respondió es el Consejo de Formación en Educación. Este desconcentrado abrió 55 sumarios el año pasado, todos por “irregularidades, omisiones o ineptitudes”.

La suma de los desconcentrados (quitando a la UTU) lleva a que la ANEP haya abierto el año pasado 220 expedientes contra sus funcionarios.

Un expediente "muy conversado"

Todo comenzó con una charla. Un taller sobre sexualidad dictado por unas madres, en el liceo 1 de Salto -que incluyó la entrega de fetos de juguete y un folleto con la imagen de la virgen María- y que obligó a que el Consejo de Educación Secundaria (CES) separara del cargo e iniciara un sumario a la directora del centro educativo.

El taller en cuestión había sido el 27 de junio de 2017. Dos días después, las autoridades de Secundaria entrevistaron a la directora y unas horas después le anunciaron, verbalmente, que se la separaría del cargo. La resolución escrita, con la firma, llegó el 3 de julio. Pero hasta ahora, más de dos años después, la investigación no concluyó.

El análisis del caso incluyó charlas con docentes y con alumnos. Conversaciones con las madres. Comentarios de legisladores y hasta juristas. Pero sigue sin haber resolución. La directora en cuestión pasó a trabajar en la Inspección Departamental, haciendo investigaciones educativas. El Consejo de Secundaria quería su destitución. Y el Codicen decía que era ilegal.

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