LA MARCHA DE LA PANDEMIA

La educación uruguaya discute desde hace tres meses sobre la “presencialidad”. Esta palabra que era de uso infrecuente y ahora forma parte del diccionario COVID-19 -al punto que la búsqueda de la misma en Google alcanzó los niveles más altos en un lustro-, ha acaparado la agenda de las discusiones en la educación. Pero esta semana podría dejar de estar en el centro de la atención.

Porque tras la recomendación de los científicos y del Ministerio de Salud, el Codicen se prepara para aprobar una flexibilización del protocolo sanitario. En concreto, las autoridades educativas eliminarán la exigencia a rajatabla del metro y medio de distanciamiento físico. Eso no quiere decir que se anula del todo la separación, sino que la redacción será más abierta, al estilo: “Cada centro educativo procurará la mayor distancia física de los estudiantes en la medida que el espacio lo permita…”.

Esa modificación del protocolo vendría acompañada de la recomendación de una mayor ventilación de los salones de clase y el uso de tapaboca -al menos en edad escolar- dentro de las aulas.

La decisión se podría tomar en la sesión del Codicen de hoy o en la del jueves, dependiendo de cuando el presidente del Consejo, Robert Silva, reciba una revisión del grupo de científicos que asesora al gobierno reafirmando lo ya dicho en agosto y en la última conferencia de prensa: “Hay que ir hacia una mayor presencialidad”.

La consejera de Primaria en representación de los docentes, Gabriela Verde, propuso ayer que sea el Codicen junto a las autoridades sanitarias las que asuman la responsabilidad de la toma de decisiones y no los docentes que dirigen cada centro educativo.

Los científicos habían dicho que cada centro educativo tiene que gestionar el riesgo. Eso fue interpretado como una discrecionalidad que debían asumir los directores. Sin embargo, Silva fue categórico: “Que haya una mayor autonomía en la toma de decisiones, no significa que no haya una centralidad. El Codicen es quien asume la responsabilidad”. En ese sentido, el jerarca explicó que “no se les está pidiendo” a las directoras que sean epidemiólogas ni que se hagan cargo, puesto que el cambio de protocolo ya cuenta con el aval sanitario.

“Cuando en abril dijimos que íbamos a abrir las escuelas, en las redes sociales nos decían que nos teníamos que hacer cargo de las muertes de niños que eso iba a generar. Asumimos la responsabilidad en aquel momento y la volvemos a asumir ahora”, enfatizó el jerarca.

“Parece claro que el riesgo de daño por no acceder a las clases presenciales es mayor al de un eventual contagio por concurrir a la escuela. Las escuelas más que contribuir a la transmisión del COVID-19 reflejan la transmisión comunitaria”, dice un informe que la epidemióloga y pediatra Mónica Pujadas preparó a solicitud de la consejera Verde.

Eso forma parte de la argumentación de la consejera, aunque explicó que, para una mayor seguridad y una reducción de los riesgos, habría que “dotar de más recursos para desinfectar los centros”.

Verde señaló a El País que la ANEP “se ahorró más de $ 700 millones” que, “en lugar de ir a rentas generales debería volcarse a la atención de la emergencia en las escuelas”. Ese dinero es el resultado de la suspensión de los comedores durante unos meses, de una reducción de las horas de apoyo y de menos suplencias.

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, agregó que “desde el punto de vista educativo no hay dos opiniones, no hay nada mejor que la presencialidad plena”. Por eso criticó el paro que hoy y mañana lleva adelante el sindicato de profesores. Dijo que este era “una pena” y habló de “mucha insensibilidad”. En el último paro de Fenapes, la asistencia docente superó el 68%.