Asistencia social

Unos 9.924 niños y adolescentes deberán certificar estudios.

En setiembre unos 9.924 niños y adolescentes que estudian en Primaria, Secundaria o UTU dejarán de percibir las asignaciones familiares que administra el Banco de Previsión Social (BPS).

Es que según informó el equipo de representantes de los trabajadores en el BPS, “culminado el plazo inicial para regularizar la situación de los beneficiarios que se publicaron a principios de julio, serán 9.924 las asignaciones familiares que se suspenderán en su cobro en el presupuesto agosto que se paga en setiembre”. Los datos surgen del Control de Estudios de Beneficiarios de Asignaciones Familiares.

La cifra es la más baja desde que se retomaron los controles en 2013. En enero de este año, 15.068 beneficiarios dejaron de cobrar las prestaciones. De ese total, el 45% tenía edad de concurrencia a Primaria y el 55% a estudios de nivel medio, según datos preliminares. Estos beneficiarios son alrededor de poco más del 3% del total que reciben las prestaciones, informaron a El País fuentes del Banco de Previsión Social.

En todos los casos, la regularización de la situación, ocurrirá tan solo con la presentación de una constancia que permitirá de forma inmediata la rehabilitación del beneficio. El decreto vigente establece dos instancias de regularización al año. Una es en julio para los jóvenes que ni siquiera se matricularon, y otra en noviembre para los que se anotaron en alguna institución educativa, pero se desvincularon en el camino o nunca fueron a clase.

De acuerdo al control de estudios de beneficiarios de asignaciones familiares, se constató en noviembre de 2017 que 16.149 niños y adolescentes no asistían a la enseñanza pública y privada, formal y no formal, de todo el país. La suspensión de asignaciones no ha estado exenta de polémica dentro del gobierno. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, no oculta su posición contraria a la medida.

El consejero de Primaria Héctor Florit había dicho a El País que “la inasistencia es el principal problema que tiene Primaria” y, por tanto, hay que “agudizar toda la batería de medidas para revertir esta situación”. La inasistencia injustificada, que es la que se tiene en cuenta para la retención de las asignaciones, “debería ser excepcional”, dijo Florit. Este tipo de faltas “da cuenta de una familia que ni siquiera se preocupa en mandarle una cartita a la maestra para explicar por qué se ausentó el niño”. Entre las inasistencias de Primaria, no se tiene en cuenta a las escuelas especiales (con personas con discapacidad) y tampoco al nivel inicial.