ENSEÑANZA

Los 34 alumnos de escuelas públicas que cuestan un millón de dólares

Les dan clases particulares porque son los únicos niños de su área rural.

Casi la mitad de las escuelas del país son rurales, pero  estas apenas albergan al 5% del alumnado de Primaria. Foto: Nicolás Pereyra
Casi la mitad de las escuelas del país son rurales, pero estas apenas albergan al 5% del alumnado de Primaria. Foto: Nicolás Pereyra

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Llegan a la escuela en una moto destartalada, a caballo o simplemente caminando. Juegan con una pelota de papel o de plástico en el pasto de la entrada. No tienen un gimnasio con piso flotante y mucho menos una cancha de rugby como algunos institutos privados. Comen una dieta básica, con algo de verduras de la huerta del lugar, y usan la misma túnica blanca y moña azul que caracteriza a los centros de enseñanza pública del país. Pero Primaria invierte en cada uno de ellos más de US$ 40.000 al año, el triple que lo que cuesta la matrícula en un colegio de elite.

Hay 34 alumnos de escuelas rurales y públicas uruguayas que, cada día, tienen clases particulares. No es que hayan deseado este servicio, simplemente es la consecuencia del vaciamiento de sus comunidades. Son los únicos niños del lugar en edad escolar y su sola presencia obliga a que el centro educativo permanezca abierto.

Esta caída de la matrícula en las escuelas rurales no es nueva. El director del Departamento de Educación Rural de Primaria, Límber Santos, recuerda que en los textos de los maestros de la década de 1930 ya se hacía referencia al despoblamiento del campo.

Pero por más antiguo que sea el dilema de qué hacer con las pequeñas escuelas, el asunto vuelve al tapete tras un dato revelador: un tercio de las escuelas rurales tiene, este año, cinco o menos alumnos.

No solo eso: 28 de esas escuelas permanecen abiertas pese a que carecen de alumnos. El protocolo dice que ante la falta de niños, Primaria tiene que solicitar un censo a la Policía del lugar. De constatarse la inexistencia de escolares y la imposibilidad de repoblación en el corto plazo, se procede a dos encuentros con la comunidad para explicarles la situación (lo que puede tardar más de un mes) y recién luego se efectiviza el cierre. La maestra efectiva pasa a cumplir funciones en otra escuela y el Codicen decide qué hace con el edificio.

Este mecanismo, ante un escenario "de escasez de recursos", hace que "sea necesario debatir el asunto en profundidad y reconocer la falta de una definición política para racionalizar el sistema", sostiene Héctor Florit, consejero de Primaria.

Cuando Florit era director de Primaria, en la administración anterior, fomentó el agrupamiento de escuelas. Pero, con "el diario del lunes", reconoce que "los encuentros periódicos de alumnos de distintas escuelas no atiende plenamente el problema de socialización y, mucho menos, el problema de los costos".

La escuela rural, como cualquier otra pública, sigue una misma ecuación: 80% del presupuesto son costos salariales (de las maestras y las auxiliares), 10% son gastos de funcionamientos y el restante 10% es inversión. Por tanto, dice Florit, "es imprescindible analizar los costos porque lo que se invierte en un sector es lo que no se invierte en otro". E ironiza: "Con US$ 40.000 al año puedo mandar al alumno a otra escuela con un remise o hasta en helicóptero".

Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Aquella frase que los maestros repiten hasta el hartazgo, "Uruguay es una penillanura levemente ondulada sin accidentes geográficos", parece darle la razón al consejero en su intento de racionalizar recursos.

Pero su discurso es resistido, incluso entre algunos docentes. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, advierte que "hacer efectivo los traslados a escuelas cercanas depende de las comunidades y sus diferentes realidades: de hecho hay experiencias que han resultado y otras que no". En cualquier caso, agrega, la decisión debe incluir todos los factores y "no solo lo demográfico".

La resistencia a un cambio de estrategia es aún mayor en las propias comunidades. El director del Departamento de Educación Rural lo sabe en carne propia porque a él le ha tocado lidiar con la disconformidad de los pobladores. "Pese a que el cierre de una escuela puede tener su beneficio, como que el alumno concurra a otra escuela con más recursos y más compañeros de clase, la mayoría de los padres ven en el cierre un desarraigo y la pérdida cultural del lugar". La escuela es el centro de votación, de vacunación y del bingo de recaudación de fondos.

Florit reconoce ese rol social que cumplen las escuelas rurales, pero sugiere que se "repiense si debe ser a costa de Primaria que se mantenga ese sistema y, sobre todo, se tenga en cuenta el bien supremo de la calidad educativa de los niños".

Es que para el consejero de Primaria es inconcebible que el número de alumnos en una escuela sea incluso menor que el núcleo familiar. En eso coincide la sindicalista Pereira, pero admite que "no siempre es posible" y, en todo caso, lo importante es que "se garantice el acceso a la educación".

El consejero insiste con que la tecnología permitiría analizar todas las variables (logísticas y geográficas) para que sea posible una educación de mayor calidad. "Puede que esta red de escuelas era la necesaria hace 80 años, pero el campo se fue vaciando y, a la vez, mejoraron las carreteras, los medios de transporte y las comunicaciones".

"El modelo uruguayo es bastante extremista"

Hace menos de un mes que comenzaron las clases y ya son 11 las escuelas rurales que debieron bajar la cortina por la falta de alumnos. Durante 2018 habían cerrado 16. Así lo confirma un relevamiento caso a caso que realizó el Departamento de Educación Rural a solicitud de El País. Pero el campo tiene sus curiosidades y así como hubo clausuras de centros educativos, también hubo aperturas: dos en Salto, una en Canelones y otra en Colonia. Es que la sola presencia de un niño basta para que la escuela tenga que reabrir, siendo el uruguayo "un modelo bastante extremista", reconoce Límber Santos, director de Educación Rural. Japón, el país que había puesto a la sociedad joven en 1996, fijó en seis el mínimo de alumnos necesarios para que la escuela no se cierre. El mismo límite estableció España. Pero otros países optaron por una racionalización mayor. El caso más cercano a Uruguay es Brasil que optó por "escuelas polo".

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