El edil Walter de los Santos (lista 817 del Frente Amplio) carga con un prontuario penal extenso. Fue procesado por estafa, lesiones, apropiación indebida y declarado inimputable por la jueza María Helena Mainard, informó el semanario Búsqueda.

El edil —que estuvo tres meses en prisión en el Comcar— dijo a El País que no estafó a una mujer de 81 años y que apeló su procesamiento. "Se presentaron las pruebas y me van a sacar el antecedente", señaló.

De los Santos dijo que "es independiente" y no está afiliado al Frente Amplio, así que entiende que "no correspondía" informar de sus antecedentes penales a la coalición de izquierda cuando se postuló. Dijo que decidió presentarse como candidato a edil por el sublema "Daniel somos todos" porque "desde hace muchos años" conoce al intendente Daniel Martínez.

"Daniel no me pidió que dejara la banca y hasta que no se pruebe lo mío no la voy a dejar", afirmó. Según De los Santos, en la tarde del jueves recibió una amenaza de muerte cuando salía de la Junta Departamental, denuncia que efectuó en la Seccional 1°. "Me amenazaron de muerte para que dejara la banca", aseguró.

Antes de ser electo edil, De los Santos era "inversionista", contó. "Tengo propiedades de US$ 2,5 millones. Soy un pequeño inversor, tengo muchas propiedades en Punta del Este y tenía cosas de remate judicial también. Tengo todo registrado", relató.

Ayer, la Mesa Política del Frente Amplio resolvió enviar su caso al Tribunal de Conducta Política y excluirlo de participar de cualquier ámbito orgánico, como la bancada de ediles. En el Frente Amplio entienden que perdieron un edil y ahora en lugar de 18, tienen 17.

En la resolución se indica que "las causas que se le imputaron son contrarias a los principios éticos y políticos" del Frente Amplio. "Nuestra fuerza política actúa y actuará firmemente en todos los casos que puedan implicar actos de corrupción o infracción a las normas", dice la resolución de la Mesa Política.

De los Santos le restó trascedencia a la resolución y dijo que el Frente Amplio no le puede sacar la banca "porque no robó nada". Además remarcó que es "independiente" y no está afiliado a la coalición.

Ahora, ¿cómo una persona con antecedentes penales, que estuvo presa y fue declarada inimputable puede ocupar un cargo electivo? La Corte Electoral y el Poder Judicial deslindan responsabilidades.

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, explicó que es de orden que cuando hay un procesamiento con prisión el Poder Judicial lo comunique para que le suspenda la ciudadanía. Eso en este caso no ocurrió.

"Ahora nosotros no podemos hacer nada con el padrón hasta que la Justicia no nos comunique el estado judicial de la persona. Cuando nos informen cualquier cosa que implique una inhabilitación procederemos a hacerlo", aseguró Arocena.

El vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, en tanto, aseguró que las comunicaciones se realizan y que es la Corte Electoral la que debe fiscalizar a los candidatos de las listas, previo a la elección. "Por lo que sé cuando llegan las listas a la Corte Electoral no se hace una revisión de antecedentes de nadie. Lo único que se fija es que esté en los padrones", dijo Oxandabarat.

El artículo 80 de la Constitución establece que la ciudadanía se suspende por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente, por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría, por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena, entre otras.

Lo excluyeron de la orgánica y dan por perdida la banca