Para directores de oposición, eso explica el “tarifazo”; interpelarían a Astori.

En 2017 las empresas públicas Ancap, Antel, UTE y OSE deberán transferir a Rentas Generales, "por imposición" del Ministerio de Economía, unos US$ 420 millones, lo que para la oposición explica el aumento de las tarifas de sus servicios por encima de lo que crecieron los costos de las mismas.

Senadores blancos y colorados recibieron ayer un informe de sus representantes en esos entes, José Amy (UTE), Gustavo Delgado (Antel), Diego Labat (Ancap) y Vilibaldo Rodríguez (OSE), sobre el estado financiero de las empresas en las que participan en representación de la oposición. E insistieron en llamarle "tarifazo" a lo que el Gobierno considera una "actualización" de las tarifas públicas, cuyo aumento a tratarse en los respectivos directorios la oposición no acompañará.

Los directores blancos y colorados explicaron el monto de las transferencias que deberá hacer cada empresa el año entrante según las directrices de Economía. UTE deberá aportar unos US$ 239 millones, Antel US$ 105 millones y OSE US$ 24 millones. Se estima que Ancap transfiera unos US$ 50 millones de impuestos recaudados sobre la venta de combustibles.

El diputado colorado Tabaré Viera informó luego de la reunión que la oposición formó un frente para coordinar acciones en las empresas estatales, y que estudia interpelar al ministro de Economía, Danilo Astori, porque "se obligó a las empresas a aportar a Rentas Generales por el déficit fiscal". Y agregó que "hay un nuevo ajuste fiscal por el aumento de las tarifas públicas". El lunes, el ministro Astori dijo en entrevista con El Espectador que "una actualización por inflación en términos promediales no es un tarifazo, de ninguna manera".

Rodríguez, en particular, dijo en la reunión que OSE debió hacer ese aporte cuando ha tenido que llevar adelante obras de infraestructura y saneamiento muy necesarias.

Viera agregó que organismos como UTE "están en condiciones de bajar las tarifas en vez de aumentarlas" por factores como la gran caída de agua o el aporte de energía eólica. "Si no fuera por los requerimientos de Rentas Generales nunca podría llegar al aumento del 7,5%".

Los senadores blancos y colorados respaldaron políticamente a sus representantes en los entes en su decisión de no votar los aumentos.

"Los ajustes fueron decididos por Economía, por el Gobierno central por más que luego se haga pasar como una resolución de cada directorio, esto ha sido impuesto", sostuvo Viera. Es "injusto, desmedido y desmesurado" el aumento de las tarifas "por imposición del Ministerio de Economía", afirmó el senador nacionalista Álvaro Delgado luego de la reunión.

Luego de escuchar el informe de los directores, para Delgado "quedó claro que no hay sino un tema de recaudación" al mismo tiempo para las empresas y para el Estado.

En su audición semanal, el líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, expresó ayer que "ha quedado demostrado que el gobierno del Frente Amplio ha fracasado en la gestión de los recursos, que ha fracasado en la gestión de la economía y también, y más grave aún, que ha fracasado en lograr el desarrollo del individuo sostenible en el tiempo".

Y agregó que "lamentablemente lo dijimos en campaña, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón".

En las últimas horas, los sindicatos de las empresas públicas se sumaron a la oposición y lanzaron fuertes críticas en rechazo del alza.

"Otro aumento de tarifas absolutamente injusto, el pueblo sigue pagando el costo de la privatización de la energía", señaló el sindicato de AUTE en un comunicado a raíz del ajuste de 7,5% que aplicará UTE a partir del 1° de enero.

El sindicato fue duro con el Gobierno al plantear que "más allá de que puedan dibujar fundamentos de todo tipo e intentar amortiguar el impacto con fundamentos que solo valen para los discursos, lo cierto es que el pueblo sigue pagando una de las tarifas más caras e injustas que hay para seguir financiando uno de los negocios privados más rentables que hay". En tanto, el ajuste de 8% de los combustibles parece "un poco excesivo", aunque no puede ser considerado "un tarifazo", consideró el dirigente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez. "Se está ajustando por inflación, pero debería ajustarse en función de la paramétrica de Ancap, por el dólar y por el petróleo, en ese orden".

A esto se sumó Ffose, el sindicato de OSE, que denunció "números preocupantes" con "déficits" que se arrastran desde 2009. El ajuste de tarifas de 8,2% y de 7,5% en la conexión para ciertos clientes, según el sindicato, "no es otra cosa que trasladar a la tarifa los sobre costos que paga OSE".

El Secretariado Ejecutivo Pit-Cnt se sintió en la necesidad de cuestionar el aumento de las tarifas públicas, pero no quiso quedar pegado en la crítica a parte de la oposición a la que recordó que quiso privatizar las empresas estatales. La declaración se demoró hasta hoy porque no se llegó a un acuerdo sobre sus términos en la reunión del cuerpo del martes pasado.

En su primer punto expresa que "no compartimos el aumento de tarifas públicas anunciado durante la semana pasada, en función de su impacto en deprimir los ingresos de las grandes mayorías de nuestro pueblo". Agrega que "reconocemos que el ajuste de las tarifas públicas anunciado es diferente que el del año anterior; preferiríamos una política diferencial que beneficie más a los sectores de más bajos ingresos".

Pero al mismo tiempo, el Pit-Cnt se distancia de "todos aquellos que hoy critican el aumento de tarifas, pero que en su momento estuvieron dispuestos a privatizarlas como en el año 1992 y 2001".

Los sindicatos de UTE, OSE y Ancap, empresas involucradas en los aumentos, ya habían mostrado su disgusto con el incremento. El presidente del sindicato de UTE, Gabriel Soto, dijo a El País que "si se hubieran tomado otras decisiones hoy se estaría discutiendo una rebaja de tarifas". Según Soto, el cambio en la matriz energética, con un mayor protagonismo del sector privado en la generación hizo que este se llevara "suculentas ganancias porque UTE se compromete a comprar durante 20 años en dólares la energía producida, aunque no la use".

El sindicato de OSE sostuvo en un remitido que el aumento "no es otra cosa que trasladar a la tarifa los sobrecostos que paga OSE", que enfrenta una situación deficitaria desde 2009. El dirigente del sindicato de Ancap, Gerardo Rodríguez, dijo que aunque no es un "tarifazo", el incremento "es un poco excesivo", y pidió que en el caso de esa empresa se considere el precio del petróleo y el dólar y no otros factores.

DANIEL ISGLEAS

CRÍTICAS POR TARIFAS PÚBLICASDANIEL ISGLEAS