CONFLICTO

El duro choque por ajuste salarial

A fines de 2014 estalló un conflicto en el Poder Judicial, que engloba a los cuatro gremios: jueces, actuarios, funcionarios y defensores de oficio. El reclamo es por un aumento salarial impago desde 2011, cuando la ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica elevó los salarios de los ministros del Poder Ejecutivo sin considerar que están equiparados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por lo que la medida, sin buscarlo, repercutió en toda la escala de retribuciones en el Poder Judicial, que se rige por lo que ganan los integrantes de la Corporación.

Los gremios judiciales (que en el caso puntual de los funcionarios y de los actuarios están en juicio contra el Estado) reclaman un aumento del 26%. La Suprema Corte de Justicia entiende que en verdad el incremento es del 21,9%, pero el Gobierno fijó por ley (solamente con los votos de los legisladores oficialistas) que el incremento será del 8%.

Luego de la Feria Judicial que paraliza la actividad en los juzgados durante todo enero, los gremios del Poder Judicial evaluarán los pasos a seguir contra la ley que fijó el aumento del 8%, y en muchos casos ya hacen consultas para presentar recursos de inconstitucionalidad.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo excluyó del incremento a los funcionarios registrales (Registro Civil y Dirección General de Registros), que por ley están equiparados a lo que ganan los funcionarios judiciales.

A mediados de diciembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, dijo en conferencia de prensa que la solución del Poder Ejecutivo al conflicto salarial "en lugar de contribuir a solucionar el conflicto lo que está haciendo es agravándolo".

"Nosotros hemos pasado por un 2013 bastante complicado. El 2014 también ha tenido sus momentos complicados y ojalá que el 2015 no siga el mismo camino", expresó Larrieux sobre la relación con el Gobierno.

Además, la ley aprobada en diciembre que fijó el aumento del 8% en los salarios del Poder Judicial, modificó un artículo del Código General del Proceso y estableció que desde ahora la Suprema Corte deberá afrontar las condenas en su contra con fondos propios, dejando de contar con el respaldo de Rentas Generales. Larrieux advirtió que este cambio afecta a la Justicia.

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