Antes de votar la ley de cuota, Murro envió un mensaje a legisladores para indicar que igual compartía el objetivo.

Es muy loable el objetivo, pero no fui consultado", ese fue el mensaje que le envió el ministro de Trabajo Ernesto Murro a la bancada del Frente Amplio unas horas antes de que se votara el proyecto de ley que establece una cuota de puestos de trabajo para personas con discapacidad en el ámbito privado.

La iniciativa fue presentada el año pasado por el exdiputado comunista Oscar Andrade y por Gerardo Núñez, quien asumió la titularidad de la banca en junio de este año. Ayer, la norma que establece la obligatoriedad de que las empresas privadas —con más de 25 empleados— contraten al menos un 4% de personas con discapacidad fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, todo indica que sufrirá modificaciones cuando se estudie en el Senado, así lo dijo a El País el propio Murro. "El Ministerio de Trabajo apoya la ley de inserción de personas con discapacidad en la actividad privada. Seguramente este proyecto tendrá algún ajuste en el Senado", indicó al ser consultado por El País. Agregó que su posición se hizo pública ayer en la mañana en un acto de la Asociación Down del Uruguay.

Por mensaje de texto, Murro se comunicó con algunos diputados oficialistas para advertir que si bien compartía el objetivo de la iniciativa no había sido consultado por el tema. Sin embargo, fuentes legislativas dijeron a El País que pidieron opinión al Instituto nacional de empleo y formación profesional (Inefop) y al Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis).

Pese al mensaje de Murro, la bancada resolvió aprobar la norma que contó con el voto de todos los partidos políticos. Núñez dijo a El País que el cálculo del 4% de cuota para los discapacitados rige para los nuevos ingresos en las empresas. "Este es un tema muy importante que busca atacar un problema muy importante. Hay más de decenas de miles de personas con discapacidad y el 80% está desempleado", afirmó. La norma también apunta a aumentar los días de licencia que puedan tener los padres de niños discapacitados. Se otorgarán diez días para controles médicos y 96 horas al año para ausentarse del trabajo por el mismo motivo.

En el ámbito público ya rige la ley de discapacidad que establece una cuota del 4%, pero es incumplida por el Estado. El hecho fue remarcado ayer por varios legisladores.

El diputado nacionalista Pablo Abdala criticó que el propio Estado "ha practicado la hipocresía", porque nunca ha cumplido con la cuota del 4% para discapacitados. En ese marco recordó que el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil Alberto Scavarelli admitió que se incumple con la normativa, lo que produce "gran frustración" y "duele mucho".

Abdala dijo que en el año 2015, ingresaron solo 22 personas con discapacidades en toda la administración pública, incluyendo a los gobiernos departamentales, esto equivale solo al 0,33 de las vacantes generadas.

Uno de los discursos más duros de ayer, fue el del nacionalista Rodrigo Goñi, quien tildó al proyecto del Frente Amplio como "hipócrita, inadecuado, inaplicable, asistencialista, injusto, abusivo dañino y falto de coraje y creatividad". A diferencia de sus compañeros de bancada, Goñi no votó el proyecto y se retiró de sala.

"Este proyecto presenta una falla ética de fondo y de forma. Evidencia una doble moral desde el Estado, una la que predica y otra la que practica (...) Es irresponsable porque se busca eludir la responsabilidad que tiene el Estado de cumplir con sus deberes y pretende traspasarlas a terceros", indicó Goñi.

Para el diputado, el proyecto no tiene en cuenta que las empresas de 25 empleados son "pequeñas", por lo que a su criterio debería revisarse la obligación. Además, advirtió que en caso de aplicarse la norma "puede llevar al cierre de las empresas".

La bancada del Frente Amplio no otorgó la libertad de acción al grupo IR que encabeza la diputada Macarena Gelman y ahora todo el oficialismo debe alinearse tras el proyecto que pone límites a las libertades anticipadas.

La iniciativa fue impulsada por el propio presidente Tabaré Vázquez en el marco del diálogo por seguridad celebrado con la oposición en la Torre Ejecutiva. El Frente votará el proyecto, aunque hay legisladores que tienen reparos.

MURRO MOLESTO CON LA BANCADA DEL FA