Se descuenta unanimidad entre todos los integrantes del espectro político.

Cuando aún no se acallan los ecos del cercano inicio de la investigación parlamentaria sobre la planta regasificadora de Puntas de Sayago, la Cámara de Representantes se apresta a conformar otra comisión investigadora: una que analice el espionaje de militares en democracia, lo que tomó estado público a partir de archivos descubiertos en el domicilio de un militar retirado.

Una carta formal pidiendo el inicio del proceso de conformación de una comisión investigadora será presentada el lunes 21 ante la presidencia de la Cámara de Diputados por el representante del Frente Amplio Luis Puig, del PVP, según confirmó a El País el legislador.

Según publicó el semanario Brecha, los documentos encontrados en la casa del coronel retirado del Ejército Elmar Castiglioni, cuando falleció, revelaron una práctica sistemática de espionaje a todos los partidos políticos, los sindicatos, y también a las organizaciones sociales que fue llevada adelante en los años de plena vigencia de la democracia.

Puig dijo a El País que espera que el resto de los partidos políticos representados en Diputados acompañen la formación de la comisión, en la medida en que todos han sido víctimas de las acciones de espionaje en democracia.

Como es de estilo en estos casos, una vez presentada la nota ante el presidente de la Cámara, Gerardo Amarilla, lo que ocurrirá el lunes 21 por la tarde, se conformará la comisión preinvestigadora a la que asistirá el diputado denunciante a fin de fundamentar su pedido.

El jueves 24, durante una sesión extraordinaria del plenario de Diputados, se decidirá si se conforma la investigadora o no. En este caso, Puig piensa que el resultado será afirmativo.

Cabe agregar que en esa misma sesión los partidos presentarán los once nombres para integrar la comisión investigadora por la regasificadora. Varios de ellos ya se conocen, según adelantó El País.

Acerca de la investigadora sobre el espionaje militar, cuando por primera vez lo planteara el diputado Puig en octubre, hubo cierta reticencia en el MPP, el sector que lidera el expresidente José Mujica, para acompañarla.

En una reunión de la Mesa Política del Frente donde se analizó la propuesta de Puig, el MPP pidió al resto del Frente Amplio dejar en suspenso la presentación del pedido de una comisión investigadora por supuestos espionajes militares en democracia al entender que "no hay pruebas contundentes".

Los comunistas y el PVP presentaron una copia fotografiada de un informe sobre los contenidos del archivo incautado a Castiglioni, y un escrito de la exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos, Isabel Wschebor. Según entendió el MPP, este informe "no aporta elementos que justifiquen la existencia de irregularidades o ilicitudes", señala el documento al que accedió El País.

En conclusión, el sector del expresidente José Mujica entiende que "de ninguno de los documentos aportados surgen elementos de pruebas contundentes sobre espionaje por parte de organismos del Estado sobre partidos, personas u organizaciones gubernamentales que aclararan este tema".

Para el MPP, "es importante comprobar la veracidad" de las pruebas y "adelantar hasta las conclusiones esperadas de una investigadora". El sector contrapone esta posición a la del PVP que —según afirma— sostiene "el criterio de que se investigue y después vemos".

Por su parte, el PVP sostiene que es necesaria la instalación de una comisión preinvestigadora al entender que la documentación indica que hubo "espionaje militar", lo que constituye un hecho de "enorme gravedad contra la democracia y la libertad".

Pero luego hubo acuerdo y la Mesa Política del Frente Amplio dio a conocer una resolución al respecto que acompañará el pedido de Puig.

Asimismo el Partido Independiente había pedido una investigación parlamentaria por el mismo tema.

Según se maneja en el Parlamento, el Frente Amplio ha resuelto nombrar para integrar la preinvestigadora que se formará el lunes a los diputados Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) y Roberto Chiazzaro (Partido Socialista). Además trascendió que el jueves, cuando se vote la investigadora, el oficialismo propondrá que sea de nueve miembros. Cinco de ellos serán representantes del Frente Amplio de los sectores Partido Comunista (Gerardo Núñez), Asamblea Uruguay, MPP, Socialismo y la 711, más otros cuatro delegados por los partidos de la oposición.

El material incautado por la Justicia en el domicilio donde residía el coronel retirado del Ejército, Elmar Castiglioni, deja ver acciones de seguimiento de diversas formas al expresidente Jorge Batlle y a sus colaboradores inmediatos en plena crisis de 2002, o la infiltración de sindicatos como Sutel o el Untmra años antes, en 1992, hasta incluso en organizaciones políticas como el Partido Comunista y el Movimiento de Liberación Nacional, según informó el semanario Brecha hace algunas semanas. El archivo permite concluir que la red de informantes era extensa. Un caso indica que a principios de los años de la década de 1990, dirigentes de Adeom trabajaban para los servicios informando sobre las rutinas del entonces intendente Tabaré Vázquez. El llamado archivo Castiglioni está en poder de la Justicia por orden de la jueza Beatriz Larreiu, y del mismo se desprende que la inteligencia militar espió en plena democracia a otras figuras conocidas como Líber Seregni, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis, el contralmirante de la Armada Eladio Moll, el coronel del Ejército Pedro Montañez, a Gustavo Penadés, a Azucena Berrutti, a la fiscal Mirtha Guianze, al pastor Emilio Castro, a Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez y Leonardo Costa. En los días en que se difundió la información, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt analizó el tema dado que dos de los sindicatos que lo integran son mencionados también como víctimas de espionaje: el gremio metalúrgico y el de las telecomunicaciones.

DANIEL ISGLEAS

LA CONSIGNA ES INVESTIGARDANIEL ISGLEAS