Ministerio del Interior y la Justicia se reprochan actuación tras asalto al BROU.

La prohibición de la divulgación de las fotos de dos de los asaltantes de la sucursal Banco República que actuaron con sus rostros descubiertos generó un choque entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior que ayer quedó de manifiesto a través del cruce de comunicados a la opinión pública y argumentaciones jurídicas que reprochan la forma en que actuó el otro.

Una de las claves del conflicto es que ninguno de los dos delincuentes se encuentra requerido por la Justicia, según el Ministerio del Interior.

La Suprema Corte de Justicia informó que la jueza de Paz de Las Piedras, Alicia Olivero, explicó al Comando de la Jefatura de Canelones que no podía autorizar la difusión de las imágenes de los asaltantes porque lo impedía el secreto del presumario que recae en toda investigación de un hecho delictivo.

La Corte agregó que, por desconocerse si los rapiñeros eran adolescentes, podría incurrirse en incumplimiento de disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) si se divulgaban sus fotos.

El Ministerio del Interior replicó que, gracias a las filmaciones entregadas por el Banco República, estaba probado que ambos sujetos cometieron delitos y que, por ende, la magistrada debía haber avalado la solicitud de colaboración de la población para dar con el paradero de ambos delincuentes antes de que cometieran otro ilícito. Las fotos estaban en poder de la Policía minutos después del asalto.

La "guerra de comunicados" entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior es el último capítulo de una serie de encontronazos entre la jueza Olivero y el Comando de la Jefatura de Canelones. Las diferencias entre la magistrada y la Policía comenzaron poco después del asalto al BROU de La Paz ocurrido el martes 19.

Integrantes del Comando de la Jefatura de Canelones se comunicaron con Olivero para solicitarle que autorizara la difusión de las fotos de dos de los rapiñeros que actuaron con cara descubierta en el violento robo a la sucursal del BROU.

La magistrada le trasmitió a los jerarcas policiales que las personas fotografiadas podrían luego quejarse porque se les vinculó a un delito y que ello lesionaría sus derechos, indicaron a El País fuentes del caso.

Los integrantes del Comando policial replicaron que si alguno de los asaltantes se presentaba a quejarse, la jueza debía disponer su prisión porque estaba probado, en forma fehaciente, que participaron en la rapiña al Banco República.

Según un comunicado de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia, la jueza Olivero respondió a la Policía que el marco legal "no le habilitaba" para hacer lugar a la petición de difundir las imágenes de los integrantes de la banda que actuaron a cara descubierta.

La decisión de la jueza Olivero "estuvo fundada" en la vigencia del artículo 113 del Código del Proceso Penal (CPP) que establece el carácter reservado para las actuaciones que se cumplen en la etapa presumarial, es decir, la etapa actual de la investigación en curso, señala la Corte.

"Además, por desconocerse si se trataba de adolescentes, podría incurrirse en incumplimiento de disposiciones establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), expresa el comunicado firmado por el vocero y director de Comunicación Institucional de la Corte, Raúl Oxandabarat.

Dos días más tarde, el jueves 21, en una nueva comunicación sobre este mismo tema mantenida entre Olivero y la Jefatura canaria, la magistrada agregó que la solicitud de autorización "devenía improcedente" si los jerarcas policiales de Canelones entendían estar amparados por la normativa vigente en materia de procedimientos.

En un comunicado, también emitido ayer, el Ministerio del Interior apoyó la posición de la Jefatura de Canelones y refutó al Poder Judicial. Señaló que el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Policial habilita a la Policía a divulgar sin autorización judicial y a través de los medios de comunicación las fotos de personas que cometieron delitos solamente si están "extraviadas, fugadas o requeridas por la Justicia".

La cartera aclaró que no tenía "ánimo de ingresar en una polémica (con la Suprema Corte de Justicia sobre la difusión de las fotos de los asaltantes al BROU) que desvíe la atención en la lucha contra el crimen organizado", pero precisó que en el caso del asalto a la sucursal del BROU de La Paz, "no existían personas requeridas sino personas implicadas en la comisión del delito tras la prueba de su participación documentada por las imágenes de las cámaras de seguridad del local. En ese caso —no contemplado por la ley— se requería indefectiblemente de la autorización judicial que fue negada".

El comunicado ministerial señaló: "No corresponde emitir otra opinión al respecto sobre los fundamentos que llevaron a la magistrada a tomar esa decisión haciendo la salvedad que no es correcta la afirmación —esgrimida por el vocero de la Suprema Corte de Justicia a medios de prensa— sobre que la Policía cuenta con respaldo legal para haber divulgado dichas imágenes sin el concurso de la justicia competente".

La importancia que le dio la Policía al atraco con armas de guerra es alta: cinco unidades policiales investigan el caso (Inteligencia Policial, Policía Científica, Información Técnica, Análisis Penitenciario e Investigaciones de Canelones).

El martes 19, seis delincuentes ingresaron a la sucursal del Banco República de La Paz luego de estacionar un auto Peugeot, modelo 408, de color azul. Un séptimo rapiñero se quedó en el auto. El asalto duró apenas 100 segundos. Uno de los asaltantes les advertía en voz alta cuánto les quedaba de tiempo. Luego de escapar con cuatro bolsas que contenía el dinero de las cajas, los delincuentes prendieron fuego al Peugeot en Camino Osvaldo Rodríguez y avenida César Mayo Gutiérrez.

Las jefaturas de Montevideo y Canelones dispusieron un alerta bancario ante la posibilidad de que los asaltantes a la sucursal del Banco República de La Paz cometan un ilícito similar usando dos armas de guerra robadas a un cuartel.

La Policía ya identificó a los dos individuos que atracaron el banco con la cara descubierta. Hay dudas sobre la identidad de un tercer rapiñero que utilizó un pasamontaña.

Los comandos de ambas jefaturas dispusieron patrullajes especiales en los entornos de los locales bancarios como medida preventiva. "El magro botín conseguido en el Ban- co República de La Paz —alrededor de US$ 15.000— les va a durar dos días. Pensamos que podrían efectuar otro delito en cualquier momento", dijo a El País uno de los investigadores policiales.

Los policías del caso consideran que el primer individuo, que ingresó con la cara descubierta, la camisa desabotonada y el pantalón por adentro de las medias, es un recluso fugado del Comcar. Como ya es buscado, no le importó que su rostro fuera filmado.

Esta persona se escapó el 2 de diciembre del Comcar utilizando una cédula de identidad falsa. Se fue por el portón principal, según filmaciones en poder de los investigadores.

Cumplía pena de cárcel por dos rapiñas. Su prontuario judicial incluye un copamiento en la ciudad de Rosario, Colonia.

El otro integrante de la banda identificado llevaba un buzo rojo, con la inscripción "Michigan 33" en el pecho y la cara descubierta. Este sujeto tiene antecedentes penales por rapiña y homicidio. Los investigadores están casi seguros que lograron la identificación de un tercer sujeto que actuó con el rostro cubierto por un pasamontaña.

Uno de los temas que desvela a la Policía es cómo los delincuentes obtuvieron el dato que los fusiles de los guardias del Batallón de Infantería N° 1 estaban descargados.

NUEVO CRUCE ENTRE INTERIOR Y JUSTICIA