Dichos de Van Rompaey "precipitados e inoportunos"

El Partido Nacional expresó ayer su "profundo malestar y preocupación" ante los dichos del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, quien el pasado jueves 27 de octubre, consultado sobre la ley que dejó sin efecto la prescripción de los delitos de la dictadura que declaró de lesa humanidad, dijo que "los derechos humanos no están en la disponibilidad de las mayorías".

Para Van Rompaey, "los derechos humanos no están en la disponibilidad de las mayorías", dijo el magistrado consultado en una rueda de prensa sobre la ley recientemente aprobada solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio.

Ayer, tras la sesión del Directorio del Partido Nacional, el senador Francisco Gallinal (Unidad Nacional) calificó de "precipitadas e inoportunas" las declaraciones del presidente del máximo órgano judicial.

Gallinal, quien fue el encargado de dar a conocer la posición del Directorio nacionalista, criticó que los comentarios de Van Rompaey "no se corresponden con su investidura".

"No podemos aceptar que haga declaraciones de neto carácter político, coincidiendo con la bancada de legisladores del Frente Amplio respecto al manido argumento de que las mayorías se equivocan", sostuvo Gallinal.

Por eso, el senador reivindicó que el Partido Nacional defenderá la Constitución y el principio de separación de poderes que "lamentablemente no han sido respetados" por Van Rompaey, dijo Gallinal.

El senador agregó que el presidente de la SCJ "es juez y no parte, y como juez, y como miembro nada más y nada menos que de la Suprema Corte de Justicia, debe abstenerse de realizar declaraciones políticas, en cualquier circunstancia".

Gallinal subrayó que el presidente de la SCJ debe "actuar con imparcialidad, serenidad, sin prejuzgar, y cuando es llamado a pronunciarse. No en plena polémica pública sobre temas tan delicados".

DISCORDE. Van Rompaey fue el único de los cinco ministros de la SCJ que, en el pasado mes de mayo, en un juicio contra los militares José Gavazzo y Ricardo Arab, se pronunció a favor de imputar el delito de "desaparición forzada", figura que en Uruguay existe desde 2006.

Para el magistrado, que se retirará en febrero de 2012, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".