En control de pago de impuestos; les suspende certificado.

La Dirección General Impositiva (DGI) decidió suspender el Certificado Único de Vigencia Anual a 800 productores agropecuarios, según informó ayer el organismo en su página web.

"Los contribuyentes estaban omisos en el cumplimiento de sus obligaciones", afirmó la DGI.

"Gestiones realizadas por la DGI permitieron detectar diferentes omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de contribuyentes con actividad agropecuaria, por lo que se procedió a suspender, a los mismos, el Certificado Único de Vigencia Anual", indicó el organismo.

"Se trata en todos los casos de establecimientos con producción agropecuaria de magnitud económica tal, que les corresponde aportar por el régimen de IRAE", agregó. Los productores de reducida dimensión económica pueden optar entre pagar el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) o el Impuesto la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Pero, a partir de cierta cantidad de hectáreas o facturación no pueden optar y deben pagar IRAE.

Según la DGI, "dichos contribuyentes fueron debidamente informados de la suspensión y "para obtener nuevamente el Certificado, podrán concurrir a las oficinas, presentar las declaraciones juradas y eventualmente pagar los saldos que correspondan".

La DGI ha llevado adelante otros controles a productores agropecuarios en años previos. Por ejemplo, en octubre de 2012 la DGI detectó que 3.428 empresas agropecuarias habían incumplido o presentaron datos llamativos en sus declaraciones de IRAE.

En ese momento, eran el 55% de las que deben pagar el impuesto. En aquella ocasión, el estudio se concentró en el análisis del período 2008-2011.

Con la aplicación de distintas técnicas, el fisco estimó que en el sector agropecuario había 6.267 empresas que debían presentar declaración jurada de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), pero de ese universo de contribuyentes 1.816 no lo habían hecho. A esto se sumó que 1.612 sí lo habían hecho, pero declararon pérdidas en uno o más años del período analizado lo que se considera una inconsistencia porque esos años fueron de "bonanza histórica para el agro", había señalado en ese momento el entonces director general de Rentas, Pablo Ferreri a El País.

Previo a eso, en agosto de 2012, una decisión adoptada por la DGI de fiscalizar si unos 100 establecimientos rurales que facturaban en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos US$ 5 millones) evadían impuestos generó fuertes discusiones con la Federación Rural (FR). "Consideramos que están haciendo terrorismo de Estado", había dicho el entonces presidente de la FR, Miguel Sanguinetti. "Las declaraciones de este señor son irrespetuosas, irresponsables e infundadas", le respondió Ferreri en aquella ocasión.

FISCALIZACIÓN AL AGRO