EMBARGO PREVENTIVO

DGI analiza embargar cuentas de Uber

Se cobrará impuestos desde el primer día de uso de la aplicación.

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Ferreri defendió la inclusión financiera promovida por el gobierno. Foto: G. Pérez

La Dirección General Impositiva (DGI) analiza realizar un embargo preventivo a Uber por lo que no tributaron los choferes en los meses que han estado trabajando. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo a El País que "el gobierno nacional no permitirá situaciones de competencia desleal en desmedro de los que cumplen con las normas y las obligaciones tributarias". Y agregó que "la DGI está trabajando para reliquidar los impuestos desde el primer día en que ha actuado Uber. Creo que no es nada bueno este tipo de práctica de pesado en el sector empresarial".

Por su parte, el director de la DGI, Joaquín Serra, señaló en declaraciones al programa Contrapunto de TCC, "que hay que tener presente que desde el 1º de enero de este año, las aplicaciones para el transporte de personas son responsables del incumplimiento en el que incurran los prestadores del servicio", añadió.

Serra dijo que se cobrará a Uber y no a los choferes. Aclaró que si Uber no tiene la voluntad de pago, la DGI determinará los impuestos y pedirá a la Justicia las medidas cautelares que correspondan para garantizar el cobro de los tributos.

En tanto, representantes de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia defendieron en la Comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados el fallo que desestimó la denuncia presentada por los propietarios de taxis, y concluyó que Uber no viola ninguna disposición sobre libre competencia.

Javier Gomensoro, integrante de la Comisión de Defensa de la Competencia, señaló que el órgano recaudador, la DGI, dispone de facultades inspectivas y de la posibilidad de abrir un expediente, y puede acudir a la Justicia y trabar embargo a las cuentas bancarias.

"El Banco Central, con el alcance que le da el nuevo Código General el Proceso, puede trabar embargo a las cuentas bancarias con un procedimiento mucho más garantista, con previa intervención judicial. Aquí se propone actuar a la inversa: que primero se bloqueen las cuentas y luego se rinda cuentas a la Justicia (...) Lo que nosotros no queremos es que se introduzcan elementos restrictivos y trabas para la libre competencia", aclaró Gomensoro.

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