El déficit de Ancap abrió esta semana una nueva grieta entre el Frente Líber Seregni (FLS) del ministro de Economía, Danilo Astori, y la Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic.

El miércoles, en la comisión investigadora sobre Ancap, el presidente de la empresa, José Coya, que responde a Sendic, presentó un informe que revela que perdieron unos US$ 800 millones porque el equipo económico astorista no les dejó aumentar los combustibles a fin de evitar un alza de la inflación.

El presidente de la comisión investigadora, el frenteamplista Marcos Otheguy (lista 711) reafirmó ese mismo miércoles que "hubo una renuncia fiscal de Ancap de US$ 800 millones en un plazo de cinco años" y agregó que "eso afectó los balances de los últimos dos años en casi US$ 250 millones anuales".

Estas afirmaciones cayeron como un balde de agua fría en el sector de Astori. El operador político del FLS, Esteban Valenti, señaló en una columna publicada en UyPress, bajo el título "La culpa la tuvo otro", que el que tiene la última palabra sobre las tarifas públicas es siempre el presidente de la República, en referencia al exmandatario José Mujica (MPP).

"Quien decide en última instancia sobre las tarifas públicas, con indicaciones del MEF (Ministerio de Economía) es el presidente de la República. Nadie se evade de esa realidad. Por lo tanto están acusando no solo al MEF, sino también al presidente", concluyó.

Valenti aseguró que los gobiernos de todos los colores políticos "han utilizado y van a seguir utilizando las tarifas para regular la inflación". Además recordó que la regulación de las tarifas se hizo también con UTE, "con la pequeña diferencia" que ganó en el quinquenio US$ 1.400 millones y Ancap perdió US$ 600 millones.

Y en defensa de su posición señaló que no se callará "ante la acusación del señor Coya" y los "potentes ecos cercanos de senadores de la 711".

De esta forma, el endeudamiento de Ancap abrió una nueva interna entre Astori y Sendic, quienes ya estuvieron enfrentados en el pasado gobierno por Pluna y la alianza electoral con el actual intendente de Salto, Andrés Lima.

Para abonar la polémica, el gerente de Servicios Compartidos de Ancap, Hubert Arbildi, sostuvo en la comisión que "la aplicación de la política tarifaria en los precios de los combustibles, con el combate a la inflación, llevó a que diferentes costos no se trasladaran al precio final. En el período 2011-2014, Ancap no percibió cerca de US$ 800 millones que quedaron en la sociedad y no fueron trasladados al precio: US$ 150 millones en 2011, US$ 200 millones en 2012, otros US$ 200 millones en 2013 y US$ 250 millones en 2014", explicó.

Y agregó que si se hubiera recibido esa diferencia el resultado agregado del período hubiera mostrado un superávit de unos US$ 200 millones.

En la reunión, el director nacionalista de Ancap, Diego Labat, advirtió que "si hoy aumentamos un 10% el precio de los combustibles, probablemente arreglemos una buena parte del problema financiero", pero a la vez reconoció que "estamos en precios que no nos permiten subir nada".

El miércoles, en la comisión, luego de un informe introductorio de Coya, el economista Arbildi explicó a los senadores que el endeudamiento de Ancap se debe "en primer lugar, a la política tarifaria; en segundo término, al impacto por la diferencia de cambio, relacionada con el endeudamiento; y, en tercer lugar, a la gestión, vinculada principalmente a la racionalización de los costos".

La política tarifaria tuvo "un gran impacto" en los resultados de Ancap, insistió Arbildi.

"El control de la inflación fue —y es— uno de los principales desafíos de la política macroeconómica" del gobierno en el corto plazo. "La aceleración de los precios al consumo fue y es, en gran parte, impulsada por la inflación en bienes transables y no transables. Esta tendencia se explicó en forma complementaria por las acciones de política monetaria adoptadas por el Banco Central, en las que el gobierno moderó los ajustes en algunas tarifas", indicó el economista.

Astoristas responden a referentes del grupo de Raúl Sendic