La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) detectó el empleo en acciones delictivas de los inhibidores de comunicaciones, también llamados bloqueadores o jammers, que, por ejemplo, impiden el uso de celulares.

Dado que estos dispositivos son potencialmente utilizables para cometer ilícitos, un artículo de la ley de Presupuesto tipifica como delito su empleo.

El director de la Ursec, Nicolás Cendoya, advirtió que esos dispositivos pueden ser apropiados para el copamiento de una vivienda pero también para atentar contra bancos, para operaciones de narcotráfico y en la interferencia de vuelos, porque funciona como bloqueo de las comunicaciones policiales.

En el proyecto de ley de Presupuesto, en el Inciso 2, Presidencia de la República, una disposición tipifica como delito la utilización de los inhibidores de señales de radiocomunicaciones por parte de privados, también conocido como jammers.

Los jammers son trasmisores de señales interferentes con el objetivo de impedir las comunicaciones. Esa interferencia que se provoca a partir de la trasmisión de la señal incompatible puede ser con un tipo de señales o, en general, con todas las señales, que es el uso más común. El empleo de estos dispositivos ha aumentado sensiblemente en los últimos tiempos, explicó Cendoya a los senadores.

El funcionario informó en la comisión que su uso tiene diferentes objetivos. Algunas empresas lo utilizan "para evitar las comunicaciones de los trabajadores en horario de trabajo, de modo de optimizar el tiempo de trabajo". También dijo que "hay un uso más complejo, vinculado a liberar de señales radioeléctricas determinados sectores de territorio, de modo de que no funcionen no solo los teléfonos móviles, sino tampoco las alarmas o cualquier otro tipo de comunicación de carácter inalámbrico. Sería el equivalente al corte de un cable en las telecomunicaciones fijas".

Las autoridades de diversos países, incluso Uruguay, suelen usar estos dispositivos para inhibir señales de comunicaciones en las cárceles o en determinados sectores de la ciudad por donde circulen autoridades, con un propósito de seguridad. Hay explosivos que pueden ser detonados a distancia mediante dispositivos de comunicación. "Nosotros planteamos castigar la tenencia de estos dispositivos por la virtualidad del peligro que trae aparejado para la integridad del sistema de radiocomunicaciones. Ya está tipificado el atentado contra la regularidad de los servicios de telecomunicaciones, pero con esto damos un paso más en el sentido de tratar de que no se comercialice, transfiera o distribuya este tipo de elementos en nuestro mercado", dijo Cendoya.

Indicó que el propósito de Ursec es "otorgar permisos precarios, revocables y acotados a una actividad en particular", como por ejemplo permitir la utilización de este tipo de mecanismos "cuando nos visitan determinados jefes de Estado extranjeros, lo que nos consta que ya ha sucedido".

Ursec ha querido hacer ver la ilicitud del empleo de inhibidores y la posibilidad de aplicar sanciones, pero según Cendoya "es evidente que no ha sido suficiente para evitar el uso de este tipo de dispositivos".

Los directores del organismo explicaron ante una comisión parlamentaria que los bloqueadores también se han utilizado con otros fines, por ejemplo por empresas que no quieren que sus empleados se distraigan hablando por celular. Sin embargo, su uso no está regulado y la Ursec pretende que se castigue como un delito cuando no existe una autorización expresa. Ante el Parlamento, la Ursec explicó que se constató el uso y decomisó de jammer o inhibidores en siete ocasiones, una fue en 2013 y cinco en 2014. En 2015 las inspecciones aún no han arrojado resultados positivos.

Hay empresas que los emplean para que sus trabajadores no se distraiganDANIEL ISGLEAS