TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El Estado destina US$ 67,1: por año en "escudo" anticorrupción

Los organismos de contralor piden mayor margen de acción para fiscalizar.

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Tras los casos de corrupción de Brasil y Argentina, debate se instaló en el país. Foto: N. Pereyra

El gobierno destinó en el último año US$ 67,1 millones a los organismos que le hacen de "escudo" contra la corrupción en el Estado. Ese fue el crédito otorgado para el funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Auditoría Interna y Contaduría General de la Nación.

Sin embargo, en los hechos, la cifra cubre mucho más que controles para detectar o prevenir actos irregulares en el Estado. La Auditoría tiene un área encargada de las sociedades privadas, otra de cooperativas; la Contaduría administra garantías de alquiler de viviendas; la Corte Electoral fundamentalmente se encarga de organizar los actos eleccionarios y es marginal el análisis que se hace de los fondos que financian las campañas de los partidos políticos. Aún así en los últimos años estos organismos han detectado situaciones irregulares, y ante los casos de corrupción en Argentina y Brasil, prevén ampliar sus actuaciones.

La Jutep, conocida precisamente como Junta Anticorrupción, aparece como la encargada por excelencia de garantizar la transparencia en el sector público. Para esto gestiona el registro de declaraciones juradas de bienes e ingresos de funcionarios obligados a hacerlo. Hasta 2015 funcionaba como una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Educación, pero este año pasó a ser un servicio descentralizado. Aunque esto no significa que le haya dado más protagonismo. Dentro de la Junta trabajan 20 funcionarios: ocho presupuestados y 12 que están en comisión de otros organismos. El crédito otorgado para gastar en 2015 fue de US$ 724.402, según la Rendición de Cuentas.

El año pasado recibió 13.171 declaraciones juradas de funcionarios públicos, lo que llevó a tener al cierre del año un acumulado de más de 146.000 declaraciones, entre las que figuran las de todos los jerarcas de gobierno.

Dentro de la Jutep consideran que si se estableciera un porcentaje obligatorio para abrir de, por ejemplo, 5% del total, al menos se daría una señal a quienes presentan las declaraciones juradas de que la suya puede ser revisada. El presidente de la Junta Anticorrupción, Luis Yarzábal, dijo a El País días atrás que mejoraría sensiblemente la situación del organismo si se les diera la potestad de investigar denuncias. "Hoy las recibimos pero sin más trámite son derivadas a la Fiscalía. La idea es que se convierta en un órgano que pueda investigar lo que se denuncie y, en caso de confirmar irregularidades o ilícitos, derivar a la Justicia. No pretendemos ser un órgano punitivo", dijo. En 2015 la Junta recibió tres denuncias y ocho pedidos de informes del Poder Judicial, a diferencia del año anterior en que no recibió ninguno.

Satélites.

Tangencialmente, la Jutep tiene el apoyo de otros organismos en el combate a la corrupción. La Auditoría Interna de la Nación (AIN), por ejemplo, no enfoca su tarea en encontrar actos de corrupción, pero pone la lupa en la gestión de los organismos y eso la lleva a encontrarlos. El caso más notorio de los últimos años fue el de la Armada que derivó en una denuncia penal con el procesamiento de oficiales y proveedores por compras simuladas.

"No es que busquemos la corrupción sino que trabajamos en la prevención y la mejora de la gestión hacia el ciudadano tratando de que trabajen más eficiente los recursos públicos; evidentemente muchas veces encontrás cosas mal que trabajamos para solucionar y te podés topar con corrupción", dijo a El País María del Carmen Rúa, auditora general. "Si sos un funcionario que está recibiendo de la sociedad recursos y los tenés que gestionar, tenés que tener determinado comportamiento, ética, y eso importa si sos un organismo o una ONG", enfatizó Rúa.

Actualmente la AIN tiene en curso auditorías en los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social, Transporte, Defensa e Industria. El año pasado realizó unas 20 auditorías en organismos públicos, y el anterior, 13. El presidente Tabaré Vázquez solicitó que se hicieran auditorías al asumir la Presidencia en 2005. "Ahí fue por decreto y generalizado", dijo Rúa, quien aclaró que al volver a la Presidencia en 2015 no repitió la solicitud. "Muchas veces las piden los propios jerarcas, en otras las iniciamos siguiendo indicadores de riesgo como volumen de recursos, interés del ciudadano, cambios en las organizaciones; a veces depende de la disponibilidad de recursos que tengamos", acotó. En la AIN trabajan 156 personas —aunque no todas dedicadas a auditorías— con un presupuesto de US$ 7,7 millones en 2015.

En línea con la Auditoría funciona la Contaduría General de la Nación, que es el organismo encargado de diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto y la contabilidad del sector público. Allí se desempeñan 400 personas con un presupuesto de US$ 20,5 millones. Pero las tareas se comparten con dar garantía del Estado en contratos de alquiler de viviendas.

El Tribunal de Cuentas (TCR) es el otro organismo que participa desde el Estado en la investigación y control.

En el gobierno anterior alertó a la Justicia por irregularidades en documentación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), luego que tras una auditoría consideró que se pudieron "manipular y adulterar" actas. Asimismo denunció penalmente aparentes irregularidades en préstamos por US$ 4,5 millones que la CND concedió en 2009 a la empresa Metzen & Sena, meses antes de que cerrara. Y también advirtió a UTE de irregularidades en una licitación que el propio organismo finalmente llevó a la Justicia.

En el TCR trabajan 382 personas y el presupuesto asignado en 2015 llegó a US$ 19,2 millones. Si bien tiene autonomía técnica, sus observaciones pueden ser pasadas por alto y los organismos que controla reiterar los gastos. Sin embargo, "no es lo mismo reiterar el gasto ante una observación que haber recibido un informe limpio", dijo a El País León Lev, ministro del TCR.

Lev dijo que a raíz del crecimiento en la región de las operaciones de corrupción, se va hacia un "control autónomo de auditorías de gestión" para lo que están preparando funcionarios.

Elecciones sin control de aportes a campañas.

Entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se gastaron US$ 9 millones en la última campaña electoral, según las rendiciones de cuentas que presentaron en la Corte Electoral. Entre los aportes están incluidos las donaciones particulares, el financiamiento público y los montos recaudados en eventos organizados por los partidos. Pero de este dinero la Corte no pudo indagar en los detalles particulares. "Estamos abiertos a que la ciudadanía si entiende que hay algo irregular, lo denuncie. En 2009 tuvimos un caso que analizamos, pero se dio por contestado. El problema es que no tenemos infraestructura que nos permita eventualmente profundizar porque de los más de 800 funcionarios solo tres son contadores y con cargos técnicos", dijo a El País Margarita Reyes, ministra de la Corte Electoral. "Nosotros podemos controlar que las rendiciones de cuentas se presenten en tiempo y forma, pero hurgar si Margarita Reyes aportó US$ 100.000 a alguien y cómo lo hizo y quién es, es una investigación desmenuzada que no podemos hacer", acotó. La financiación de los partidos políticos fue regulada por la ley 18.485 que establece que se pueden hacer donaciones y aportes de personas y empresas. Las donaciones tienen que ser con nombre y no pueden superar por partido y por donante las 300.000 Unidades Indexadas (unos US$ 34.000 de hoy).

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