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Desocupan Parque Guaraní y se mudarían a otro asentamiento

Ante el ultimátum judicial el “Nueva Esperanza” se desmontó en dos días.

Los ocupantes intensificaron ayer las tareas para desmontar los ranchos. Foto: Francisco Flores
Los ocupantes intensificaron ayer las tareas para desmontar los ranchos. Foto: Francisco Flores
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Un pequeño elefante gris de peluche estaba tirado sobre la tierra entre trozos de madera, una media de niño, un choclo de juguete, de plástico, verde, y un par de jaulas de alambre que tenían sus puertas cerradas con palillos pero sin ningún pájaro dentro.

Hacia otro extremo del terreno había un medio tanque herrumbroso y su parrilla, un techo a dos aguas, armado con chapas sobre delgados troncos, un par de sillones de pantasote marrón, gigantescos, y los restos de una heladera de baja altura, derrumbada en un terraplén, cerca de la cañada repleta de bolsas de nylon y basura.

Esos eran algunos de los pocos vestigios del asentamiento Nueva Esperanza que aparecían dispersos después de que sus pobladores desmontaron los ranchos, entre el lunes y la jornada de ayer martes.

Primero lo hicieron con carritos de mercado o bicicletas y luego consiguieron que algunos fleteros conocidos les hicieran precio o los ayudaran sin costo a cargar los bienes más pesados en camiones.

Al mediodía vencía el plazo que la Justicia les había dado para retirarse por las buenas. Cuando caía el sol quedaban un par de hombres y dos o tres muchachas acarreando las últimas tablas y chapas, mientras en la calle permanecía un patrullero policial asignado para controlar que se efectivizara la desocupación del predio, conformado por un padrón de la Intendencia de Montevideo y por lo menos otro perteneciente a dos privados.

Como si hubiera pasado un tornado, el paisaje daba pena, a pasos de las viviendas del Parque Guaraní y la ex textil ILDU de la calle Veracierto.

Mudanzas.

¿A dónde fueron a parar las 30 familias que se quedaron hasta el último día residiendo en el Nueva Esperanza junto a más de 80 niños?

"La mayoría a casa de parientes pero por unos días, de prestado, o de algún amigo o de vecinos de acá. Hay mujeres de casas de ahí que se habían hecho amigas de otras de acá y le dieron un patio o el techo de un garage", explicó a El País uno de los hombres que continuaba levantando palos, alambres o desclavando las últimas techumbres.

Nadie de la Intendencia, uno de los actores que presentó en tribunales la demanda penal por usurpación del campo, se hizo presente. En cambio, por contactos con parlamentarios, entre ellos el diputado Eduardo Rubio de la Unión Popular, habría una alternativa: instalarse en el asentamiento 27 de Junio, ubicado a la altura del kilómetro 21 de Camino Maldonado, en Villa García, en donde hay 7 familias pero espacio para más.

Pobladores.

Carlos Clavijo, un joven que fue el primero en ocupar el predio de lo que se convertiría en el Nueva Esperanza, dijo a El País que hasta allí los futuros vecinos fueron llegando de todos lados, desde Artigas hasta Canelones, no solo de Montevideo, todos en condición vulnerable, mujeres jóvenes con hijos y hombres sin trabajo estable, la mayoría, como él, dedicada a requechear en las volquetas, detrás de alimentos y objetos vendibles.

"Muchos no tenían dónde vivir, estaban de agregados; ya habían venido otras veces a asustarnos, yo pasé por el juzgado y me dijeron que si no me iba terminaba detenido".

Inseguridad.

Vecinas del muy próximo Complejo Maroñas, declararon a El País que antes de formarse el Nueva Esperanza, en el descampado había vehículos desguazados o incendiados. "Con la gente de acá que se fue nosotros estábamos seguros, antes no se podía ni salir al super, y qué va a pasar ahora, no sabemos", indicó María. La bandita de los 4 Pitufos que habita en la calle Pantaleón Pérez puede volverse para ellos una pesadilla, conjeturan.

"Mire que la gente aquí se portaba bien. Qué va a pasar ahora con los niños que estaban bien acá en el CAIF de las viviendas del parque y en la escuela Ruben Lena", se preguntó Mirta Andrada.

IMM deberá vigilar el predio.

La jueza penal Ana de Salterain explicó a El País que el informe policial que recibió en la tarde de ayer le confirmó que el predio del asentamiento Nueva Esperanza quedó desocupado. No hubo que recurrir a la fuerza pública ni mandar topadoras.

Ahora los denunciantes (la IMM y los propietarios particulares, dos hermanos) deberán encargarse de la vigilancia del terreno (dos padrones no delimitados), para evitar otra usurpación. La jueza tomó a su cargo el caso desde que ocupó la titularidad del juzgado en abril de 2016. Pero el proceso duró más de un año y hubo una serie de intimaciones y citaciones a audiencia. "Se les dio una flexibilización; a los que por lo menos manifestaban la voluntad de que se iban, no se los procesó por usurpación. Pero todos tenían que salir de allí, procesados o no. A los que no lo hubieran hecho me los llevaban al juzgado y serían sí procesados", dijo a El País la jueza Ana de Salterain, quien aclaró que la justicia penal "no es un servicio social, hay que aplicar la ley una vez configurados todos los elementos de un ilícito".

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