Lema aportará datos a Crimen Organizado por contratación de ambulancias.

Queremos proponerle al ministro que a preguntas concretas haya respuestas concretas". Así empezó su alocución el diputado nacionalista Martín Lema, en la interpelación que le realizó ayer al jerarca de Salud Pública, Jorge Basso. Lo cierto es que hubo algunas respuestas concretas, otras no tanto y también algunos silencios.

La interpelación se dividió en dos temas: las presuntas irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), sobre todo vinculadas a la contratación de empresas de ambulancias, y el cuestionamiento por la no habilitación de un IMAE cardiológico al norte del Río Negro, más específicamente en Salto.

Sobre este último punto, la encargada de presentar los argumentos fue la directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira. La jerarca justificó que la instalación de un IMAE en Salto sería deficitaria, y que también perjudicaría la economía de otros centros de este tipo en Montevideo.

Basso, por su parte, advirtió sobre la necesidad de generar "centros de referencia" para evitar la duplicación de esfuerzos, algo para lo que el MSP presentó un proyecto de ley la semana pasada. El ministro sostuvo que se está buscando la "forma de resolver el problema más allá de los intereses empresariales", para que se proceda según "los intereses sanitarios y no los intereses económicos".

El ministro presentó cifras del "mercado de IMAE cardiológico" que muestran que el Sanatorio Americano es el que más intervenciones concentra, con un 26,8%; Casa de Galicia, con 23,7%; ICI, 15,4%; AESM, 13,2%; y el Hospital de Clínicas (la única institución pública que ofrece este tipo de intervenciones), 3,7%.

Ferreira dijo que si incluso todas las personas que atienden en los IMAE fueran a Salto, esté centro igual cerraría con un déficit de $ 13 millones. El senador blanco, Omar Lafluf, advirtió que este argumento es "increíble", cuando "se perdieron US$ 1.000 millones en Ancap". Lema, en tanto, insistió con que "existen ciudadanos de primera", que viven en Montevideo, y de "segunda", que son los que viven al norte del Río Negro.

Basso de todas formas dijo que "no se ha recibido ninguna propuesta concreta de ningún grupo inversor para un IMAE en Salto". Esta afirmación fue desmentida por Lema, que demostró tener documentación de un plan propuesto por el Sanatorio Americano, algo que el ministro de Salud Pública luego reconoció que era cierto.

Lema presentó una lista de 20 preguntas a las autoridades sanitarias, en las que hacía mayor referencia a gastos a su entender excesivos en varios centros administrados por ASSE.

Allí preguntaba, por ejemplo, sobre el "incremento del monto ejecutado, de 24.000%, del servicio de seguridad en el Hospital Pereira Rossell del año 2016 (aproximadamente $ 75.500.000) con relación a 2008 (aproximadamente $ 310.000)". Muñiz contestó que se había contratado un nuevo servicio de vigilancia, y que además a partir de 2014 existe una normativa por la que las horas nocturnas se pagan más.

Otras preguntas, por ejemplo sobre el "incremento del monto ejecutado de 26.000% en el Centro Departamental de Rocha", quedaron sin contestar.

El tema que más concentró la atención fue el del Hospital de Bella Unión, en la mira del Tribunal de Cuentas puesto que tres directores de hospitales, dos del Pereira Rossell, le venden servicios de ambulancias, a través de la empresa Siemm, desde 2013. Lema sostuvo que iba a presentar a Crimen Organizado, que ya tiene una investigación en proceso, una resolución del Tribunal que señala que la contratación de Siemm implica una violación de la ley anticorrupción.

Lema recordó que en 2012 el Hospital de Bella Unión gastaba $ 570.000 en traslados, y que se pasó a $ 8.000.000 en 2013. El diputado preguntó cuántos kilómetros se habían contratado en 2012 y en 2013, para contrastar los datos con la cantidad de dinero invertido, pero Muñiz dijo que no tenía esa información disponible. El diputado acusó al MSP y a ASSE de "defender a los compañeros", pues recordó que dos de los directores de Siemm son parte de la lista 711 de Sendic.

Cristina Lustemberg, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, se reunió hace un mes con el presidente Tabaré Vázquez para comunicarle su decisión de desvincularse de la lista 711, del vicepresidente Raúl Sendic, confirmaron a El País fuentes oficiales.

Pese a ello, el mandatario uruguayo la ratificó en el cargo.

La lista del vicepresidente sufrió en los últimos tiempos la pérdida de más de una decena de sus dirigentes, lo que ha provocado "malestar" y "enojo" de varios dirigentes del sector.

Lustemberg señaló ayer que no haría declaraciones sobre el tema. La 711 también estuvo en la mira en la interpelación, ya que el diputado Martín Lema recordó que dos directores que pertenecen a la 711 tienen una empresa que le vende servicios al Hospital de Bella Unión.

El diputado Martín Lema hizo una serie de denuncias sobre gastos excesivos en varios hospitales que están en manos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En el Centro Departamental de Rivera se gastaron $ 3.900.000 en servicios médicos en 2008 y $ 48.000.000 en 2016, según precisó el legislador nacionalista.

En tanto, por el mismo concepto, el Centro Departamental de Maldonado pasó de $ 34.000 en 2008 a $ 19.000.000 en 2015. "¿Acaso hubo una epidemia en Maldonado?", preguntó con ironía Lema.

En todo ASSE, siempre según el diputado, se pasó de $ 150 millones en 2008 para la limpieza de los centros, a $ 810 millones en 2016.

En vigilancia se pasó de $ 91.000 a $ 501.000.000.

Otro dato destacado por Lema es el de publicidad ya que, según señaló, en el Centro Departamental de Cerro Largo se pasó de gastar $ 18.700 en 2008, a $ 1.600.000 en 2016. "Un 8.600% más", se quejó.

Sobre este punto, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, precisó que con el sistema actual los hospitales públicos se ven en la necesidad de competir con las instituciones privadas, y que por eso se hace publicidad. Con todo, sostuvo que el gasto que se destina a esto es mínimo, y que "en 2016 fue de apenas 0,074%".

El diputado blanco también recordó que en 2008 —año que tomó como referencia porque fue cuando empezó a funcionar el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)— "se destinaron US$ 1.200.000 en contratación de traslados, en 2016 se multiplicó por 10, y se pasó a US$ 11.800.000".

INTERPELACIÓN A JORGE BASSO