En Artigas, la búsqueda de yacimientos de piedras semipreciosas y su extracción genera ingresos millonarios pero también fuertes disputas territoriales entre empresarios mineros, con desacato a decisiones judiciales, denuncias por amenazas y el temor de que la situación se agrave.

Al enfrentamiento entre dos grupos mineros importantes de ese departamento que El País hizo público en marzo de 2014 y que incluyó una denuncia por amenaza de muerte, se sumaron otros incidentes.

El último de ellos involucra a Alencar Mosselin, poderoso exportador de piedras semipreciosas, y a Ana Claudia De Souza Riani, empresaria dedicada a la extracción de ágatas y amatistas. De Souza sostiene que Mosselin le impide de forma sistemática ingresar a realizar la prospección minera en un terreno y el pasado 6 de abril lo denunció por "desacato, perturbación de la posesión y violencia privada o amenazas" ante el juzgado de Paz de la 3ª Sección Judicial de Artigas.

Recuerda la denuncia que el 27 de marzo de 2014, cuando De Souza circulaba con su camioneta por la Ruta Nacional 30 rumbo a la ciudad de Artigas, tuvo que salir de la ruta "para evitar ser embestida de frente por una camioneta" que circulaba en sentido contrario y que es "única en Artigas por su tamaño, altura y modelo exclusivo", y siempre es conducida por un sobrino de Mosselin. Así lo denunció a la Policía.

Ayer, Souza fue al terreno con personal que había contratado y nuevamente no pudo ingresar al predio, cuya portera estaba cerrada con candado, por lo que informó que hoy presentará otra denuncia a Mosselin, quien en 2013 recibió el premio al Dinamismo Exportador que entregó el Banco República y la Unión de Exportadores.

La extracción y venta de ágatas y amatistas en el norte del país tuvo un importante ascenso en los últimos años, también la tensión entre los responsables de este negocio. No sorprende a los pobladores ver personas armadas en zonas de Artigas donde hay emprendimientos mineros.

Entre gente del sector existe preocupación de que sicarios sean contratados en Brasil para actuar en suelo uruguayo. "En Montevideo puede sonar extraño, pero acá por $ 5.000 uruguayos se consigue un sicario en Brasil", dijo una persona vinculada a la minería.

Hay miles las hectáreas que en la jerga minera se conocen como "denunciadas" ante la Dinamige, lo que implica pedir que se autorice a hacer pruebas de prospección en esos terrenos. Ese es el paso previo a definir si iniciar la extracción de minerales. A las diferencias entre los empresarios mineros se suman las de estos con los productores rurales, que ven mal que sus terrenos sean usados por mineros en detrimento de sus negocios.

En la denuncia, a la que accedió El País, De Souza pidió a la Justicia que adopte "las medidas necesarias para la protección de mi vida e integridad física, así como de las personas que me acompañan y trabajan allí conmigo".

La mujer es titular de un Permiso de Prospección otorgado por la Dinamige el 2 de septiembre de 2011, para buscar ágatas, amatistas, cuarzos y jaspe. Dicho permiso habilitó a realizar tareas en parte de un inmueble rural propiedad de Mosselin, que se encuentra en el Paraje Catalán de Artigas y abarca unas 460 hectáreas, indica la denuncia.

De Souza relata que el 6 de diciembre de 2014, la Justicia le entregó en posesión el inmueble. Pero en la tarde del 31 de marzo de 2015, cuando trabajaba dentro del área junto a un agrimensor y un policía, ingresó Mosselin en un automóvil "con violencia y enfurecido impidió que yo continuara en el lugar, amenazándome y diciéndome que yo no iba a entrar nunca más, por lo que me tuve que retirar".

En su denuncia, De Souza recuerda que en una audiencia judicial de noviembre de 2014, Mosselin le manifestó al juzgado "que no me iba a dejar ingresar al inmueble, que se iba a oponer a ello". Puso "como excusa el preservar el inmueble para proteger la cultura prehistórica catalanense (del "Hombre del Catalanense"), donde existen yacimientos mineros de su propiedad, y que él mismo explota como actividad industrial". De Souza agregó que ese hecho invocado "fue desestimado no solo en vía administrativa por la Dinamige, sino también y además por este mismo Tribunal".

"Ello indica que Mosselin ya en ese momento tenía la intención de desobedecer el mandato judicial y menoscabar así la dignidad y el respeto de los funcionarios judiciales", expresa el escrito. Por lo que sostiene que ahora "se ha configurado con su conducta antes relatada el desacato por medio de la desobediencia abierta al mandato de los funcionarios".

De Souza deja constancia en la denuncia que Mosselin "es una persona peligrosa, que ya ha tenido antecedentes de denuncias similares con otros mineros" en un juzgado de Artigas, "que llevaron a periódicos tanto locales como de edición nacional a publicitar ese hecho, de inusitada violencia".

Cuando esa situación trascendió, El País consultó al empresario Mosselin, quien dijo desconocer que hubiera una denuncia en su contra.

Empresaria del sector sostiene que sufrió amenazas y acusa a competidor