Varios militares armados y en formación estaban esperando ayer a un grupo de personas que acudieron a un reconocimiento en el Batallón N°4 de Maldonado.

La asociación de ex presos políticos uruguayos Crysol denunció ayer ante el Ministerio de Defensa un intento de "amedrentamiento" a un grupo de personas que acudieron un reconocimiento en el Batallón N°4 de Maldonado.

En total fueron 15 las personas detenidas y torturadas en ese cuartel que el pasado 2 de junio volvieron al lugar, junto a la jueza Adriana Morosini, para realizar la visita de reconocimiento, que había sido previamente acordada con la secretaría de Estado.

Según explicó Gastón Grisoni, integrante de Crysol, al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, "cuando llegaron algunos testigos que iban a identificar el lugar donde habían sido sometidos a torturas, se encontraron con la presencia de un grupo de militares formados y haciendo ostentación de armas en las inmediaciones. Eso llevó a que la jueza pidiera al comandante que los retirara".

Grisoni explicó que "si bien no hubo un acto de hostilidad manifiesta" por parte de los militares, "era inconveniente y daba lugar a confusión la presencia de funcionarios armados en una visita que había sido coordinada previamente, (ya que) no fue una inspección de sorpresa".

El activista dijo que "la presencia de personas armadas da lugar a un intento de amedrentamiento y genera una situación absolutamente irregular para los testigos, que tienen que revivir situaciones traumáticas como habían sido sus detenciones hace 40 años".

Según Grisoni, "este tipo de situaciones generan inestabilidad emocional,", lo que repercute en que "mucha gente no se haya querido presentar a hacer denuncias o a participar en estas instancias colectivas de denuncia".

Según informó el programa radial, desde el Ministerio de Defensa se confirmó que está en trámite una investigación interna y se esperará por más datos para emitir una declaración y posibles resoluciones al respecto.

Grisoni dijo que "noes la primera vez que Crysol presenta una nota de esta naturaleza. Ya lo habíamos hecho años atrás cuando el ministro Fernández Huidobro no le permitió a la jueza Mariana Mota inspeccionar las instalaciones en el Batallón N° 13".

El activista dijo quelas Fuerzas Armadas "tienen que colaborar con la Justicia".

"El Poder Judicial en Uruguay tiene el monopolio exclusivo de detener personas, interrogarlas e investigar estos delitos y es obligación de todos los organismos del Estado apoyar al Poder Judicial, que por otra parte ha encarado esta tarea con mucha inoperancia y con muy mala voluntad", manifestó.

CRYSOL