El inminente aumento de la tarifa de UTE y la rebaja que días atrás realizó Ancap, demorada y menor a lo esperado en función de la caída del precio del barril de crudo, que ayer cerró a US$ 46,59 cuando la referencia es US$ 60 y un dolar a US$ 24.30, dispararon un debate a nivel técnico y político sobre el uso de las tarifas por parte del gobierno para hacer un "ajuste fiscal" encubierto y así sostener el déficit de las cuentas públicas.

La oposición percibe como escasa la rebaja del 3% en las naftas y del 5,5% en el gasoil en un escenario de verdadero derrumbe de los precios del petróleo y marca una contradicción entre la anunciada alza de las tarifas eléctricas, que podría llegar a 7% según una versión que ayer manejó El Observador, y los anuncios de octubre de 2014 del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en el sentido de que el bajo costo de generación eléctrica en un año de abundantes lluvias permitiría incluso una rebaja del 5% en diciembre o enero.

El diputado blanco Álvaro Delgado, referente nacionalista para los temas de energía, dijo a El País que desde el gobierno "se usan las tarifas porque son fáciles de recaudar y difíciles de evadir".

"La única justificación para que suba UTE es que tienen que recaudar para hacer caja para la futura administración", sostuvo. "El año pasado el costo de generación fue muy bajo, hay un uso de energías renovables importante producto de un acuerdo multipartidario y hay un Fondo de Estabilización", recordó. "Tenemos los combustibles más caros de la región y lo mismo pasa con la tarifa eléctrica que es cara y que ahora nos desayunamos que en vez de bajar, subirá", agregó.

Precisamente, el diputado nacionalista Pablo Abdala, ingresó el lunes en el Parlamento un pedido para que la Comisión Permanente legislativa reciba la semana próxima al ministro Kreimerman para que explique la rebaja de los combustibles que consideró "irrisoria" dada la caída del petróleo. "Se está procurando generar un colchón fiscal aunque se disfrace de otra cosa", consideró.

Desde mediados del año pasado el petróleo se derrumba en el mercado internacional por una abundante oferta y una desaceleración económica global.

El senador electo del Partido Independiente, Pablo Mieres, comentó que "evidentemente se sigue profundizando la mala práctica de usar las empresas públicas como instrumento de política económica". "Ancap está en una situación patrimonial complicada y la baja del petróleo le vino bárbaro para hacer caja" aplicando una rebaja pequeña, comentó. Mieres también percibe que se utilizan las tarifas de UTE para mejorar las cuentas fiscales.

Los últimos datos fiscales correspondientes a noviembre pasado indican que el déficit de las cuentas públicas asciende a 3,6% del Producto Interno Bruto.

El exministro de Economía colorado, Isaac Alfie, escribió en Twitter la semana pasada que "la nafta debió bajar unos $ 7 más y el gasoil, alrededor de $ 10,50 adicionales". De acuerdo con sus cálculos, el ajuste fiscal ya procesado a través de los cambios en las tarifas públicas y las modificaciones en las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas equivale a 1,35% del producto.

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El resultado global de las empresas públicas, según se desprende de información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas, era deficitario en los 11 meses de 2014 terminados en noviembre, último dato disponible. En efecto, la totalidad de estas empresas acumulaba pérdidas hasta el penúltimo mes del año pasado por US$ 296 millones. De esta forma, 2014 sería el cuarto año consecutivo con resultados negativos para la totalidad de estas instituciones. De ese total, el peor resultado del año lo mostró Antel, con pérdidas de US$ 249 millones, seguido por Ancap (US$ 90 millones), pérdidas que estuvieron compensadas sobre todo por las ganancias de UTE (US$ 45 millones) y de la Administración Nacional de Puertos (US$ 17 millones).

Si se analiza lo sucedido en la última década con estas organizaciones, el peor resultado fue en 2013 cuando las pérdidas totales alcanzaron los US$ 350 millones, año en que todas las empresas finalizaron con déficit con la excepción de la ANP y AFE, con ganancias por US$ 17 millones y US$ 2 millones, respectivamente.

En 2013 las pérdidas de Ancap llegaron a US$ 167 millones y la mayoría oficialista de su directorio las atribuyó al alza del dólar y a la realización de inversiones en la renovación de las plantas de cemento y en la construcción de una fábrica de etanol, entre otros motivos. La oposición cuestionó cuando se difundieron esos resultados al electo vicepresidente, Raúl Sendic, que presidía el ente en 2013.

En el otro extremo, el mejor resultado de los últimos 10 años fue en 2007, cuando sumaron ganancias por US$ 214 millones, dados los buenos números de todas las empresas con excepción de Ancap (la Agencia Nacional de Vivienda [ANV] aún no figuraba). Luego de ese máximo alcanzado hace 7 años, vinieron dos años con fuertes pérdidas, una leve recuperación en 2010, y cuatro años más de resultados deficitarios (2011-2014).

Al analizar la situación por empresa, se evidencian grandes diferencias entre ellas. Ancap por un lado, acumulaba un déficit de US$ 90 millones a noviembre de 2014, siendo el pasado, el noveno año consecutivo con resultados negativos. El peor resultado de la década lo alcanzó en 2010 y 2011 cuando tuvo pérdidas por US$ 288 millones en ambos años. En 2010 ese resultado fue más que compensado por las ganancias de UTE (US$ 348 millones), con lo que el año finalizó en verde para la totalidad de las empresas.

La eléctrica, por su parte, en los primeros 11 meses de 2014, totalizaba una ganancia por US$ 45 millones, en un año bueno desde el punto de vista de las condiciones climáticas. El peor resultado para esta empresa fue en 2008, cuando las pérdidas alcanzaron los US$ 353 millones, y el mejor fue el mencionado 2010. Antel, mostró ganancias durante 8 años consecutivos hasta que en 2013 comenzó a tener pérdidas, lo que se repitió en 2014. Para OSE, 2014 fue el sexto año consecutivo de déficit, mientras que la ANV, luego de las ganancias de su primer año (2008), finalizó con pérdidas los siguientes seis años.

El economista Javier de Haedo afirmó que está en curso un "ajuste fiscal" y dijo que lo comparte porque es necesario recomponer las cuentas de las empresas públicas. Ayer, disparó la polémica en la red social Twitter y aludió a una columna publicada el 15 de diciembre en El País.

Allí, De Haedo hizo un repaso de las cuentas de las empresas públicas y su resultados deficitarios. "Cuantifiqué en 1,5% del PIB la necesidad de ajustar las cuentas públicas. Es posible que una parte significativa de ese ajuste deba realizarse en las empresas públicas. Obsérvese que con un aumento de tarifas de 7,5% en estas empresas, se obtiene 1% del PIB. Pero de nada serviría hacerlo si al mismo tiempo no se refuerzan los controles del Poder Ejecutivo (MEF y OPP) sobre estas empresas. Controles sobre sus políticas de inversiones, sobre las empresas vinculadas y en relación a sus políticas financieras", escribió.

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