Sindicalistas participaron de las reuniones con empresarios.

El escándalo que se generó en torno al Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt y que motivó la presentación de cuatro denuncias penales por presunta estafa suma una pieza importante a partir de la declaración voluntaria de uno de los implicados en todas las causas. Hasta ahora, el Pit-Cnt ha marcado distancia de las denuncias y de los dos gestores acusados por privados y empresas de quedarse con dinero que pedían, según los denunciantes, a modo de "llave" para entrar al negocio.

El Plan implicaba la construcción de 15.000 unidades habitacionales para trabajadores sindicalizados, lo que preveía reportar un piso de ganancias por US$ 75 millones. En su declaración, el intermediario involucra directamente al Pit-Cnt desde el inicio del plan. Por otra parte, El País confirmó que el actual vicepresidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, participó en abril de 2012 en al menos dos reuniones con empresarios y los gestores denunciados para planificar la construcción de viviendas sindicales.

El intermediario de iniciales R.CH.M. denunciado en cuatro causas por presunta estafa con el plan de vivienda sindical del Pit-Cnt confesó en Paraguay ante un abogado uruguayo y una escribana de ese país el pasado 25 de junio de 2015.

La escribana pública Sandra Smith confirmó ayer a El País que el año pasado en Asunción, R.CH.M. y un abogado se presentaron con el documento para que certificara su firma. Por otra parte, el abogado uruguayo confirmó a El País la autenticidad del documento de su cliente.

En la declaración, a la que accedió El País, R.CH.M. afirma que quien luego se convirtió en su socio (otro intermediario también denunciado en las mismas causas) actuaba como "representante encubierto del Pit-Cnt"; identifica a 22 empresas y particulares que de una manera u otra participaron de negocios que nunca se concretaron y detalla algunos de los montos en miles de dólares que se manejaron.

En el escrito, donde afirma que pretende realizar "una declaración voluntaria ante la Justicia uruguaya", no admite responsabilidad en eventuales actos ilícitos y de su relato se desprende que intenta mostrarse como una víctima de los malogrados negocios.

R.CH.M. explica que en 2011 residía en Vigo y comenzó a hacer los trámites para volver al país. Dice que fue en el consulado uruguayo que conoció a Jorge Burgos, quien se desempeñó como cónsul honorario en esa ciudad española entre el 5 de junio de 2006 y el 10 de julio de 2012.

Y detalla: "Le comento que tenía representaciones para Uruguay de casas prefabricadas. El cónsul me manifiesta que su hermano era presidente de una comisión del Pit-Cnt para construcción de viviendas sindicales. Cuando llegué a Uruguay, con los datos que me dio su hermano, pido una reunión con Eduardo Burgos. Me reciben él y Hugo Monza, donde presento sistemas modulares de construcción. Transcurridos treinta días se pone en contacto conmigo un señor (identifica a un intermediario con nombre y apellido) diciendo que es representante de la comisión de vivienda del Pit-Cnt". Explica que dicho gestor le afirma que el Pit-Cnt tiene "los potenciales compradores de las casas y están precalificados por el Banco Hipotecario". "Tenían miles de precalificados y se encontraban parados por la falta de ofertas de casas. Que teníamos que ver cómo financiar el arranque. También me expresa que por razones internas él funciona como nexo para crear una financiación para darle forma y orden al proyecto, que requería una empresa que se hiciera cargo y que estaría integrada por mí y por él como representante encubierto del Pit-Cnt, pues él no es parte de la comisión pero sí los representa de hecho".

Y afirma: "el acuerdo que teníamos era 40% mi empresa, 40% el Pit-Cnt por medio de (su socio, al que identifica) y 20% restante para él".

En la declaración que el Pit-Cnt divulgó el 10 de diciembre de 2013, cuando las denuncias penales ya habían tomado estado público, sostuvo que "nunca se autorizó, ni se autorizará, a negociar a terceros en nombre del Pit-Cnt en temas relacionados al plan de vivienda sindical ni a ningún otro tema".

Además de estos encuentros de Burgos con los intermediarios y de la forma en que uno de ellos se presentaba, con diversas fuentes El País pudo confirmar que en abril de 2012 ambos intermediarios junto a Marcelo Abdala y Eduardo Burgos participaron de al menos dos reuniones con empresarios para planificar el plan de vivienda. Una de ellas fue en Montevideo y la otra en Tacuarembó, que incluyó una cena. El anfitrión fue un empresario del interior. En ese encuentro El País confirmó la presencia de al menos media docena de personas. Las fuentes aclararon que se habló de la dificultad para encontrar terrenos sobre los cuales construir y de alternativas para poner en marcha el proyecto inmobiliario.

En esos días se celebró una reunión en la sede del Banco Hipotecario, donde el plan de vivienda sindical del Pit-Cnt fue presentado a unas cuarenta personas, entre ellos empresarios y representantes de bancos de plaza. Meses antes, el 1° de setiembre de 2011, el Pit-Cnt había firmado con el Banco Hipotecario un convenio por el que la institución bancaria se comprometía a financiar las viviendas sindicales. Ese documento resultó luego clave para que los intermediarios buscaran financistas ya que era la prueba del respaldo del gobierno al plan.

Pocos días después de la cena en Tacuarembó, más precisamente el 26 de abril de 2012, en la sede del Pit-Cnt Eduardo Burgos y Monza firmaron en representación de la central sindical un convenio en hoja membretada con la sociedad anónima Balmey SA. Dicha sociedad era representada por R.CH.M. y el empresario de Tacuarembó con el que se había reunido Abdala.

El acto de firma fue certificado por un escribano. El Pit-Cnt le concedió a Balmey S.A un poder para construir 3.000 casas "en altura" y 1.000 "unifamiliares. El costo de cada vivienda prefabricada, según contratos en poder de El País, era en 2012 el siguiente: las correspondientes al tipo "en altura" (dos plantas) por US$ 31.000 y las "unifamiliares" (una planta) por US$ 24.000. Cada unidad permitía una ganancia mínima de US$ 5.000. El plan ideado por el Pit-Cnt proponía construir 15.000 viviendas, por lo que el negocio global implicaba un potencial lucro para intermediarios, constructores, comisionistas y otros de US$ 75 millones.

Balmey consiguió la representación de la empresa ecuatoriana Walltech (que luego se convirtió en una de las denunciantes contra los gestores) para construir las casas y el apoyo de un financista que entregó US$ 1.800.000. Pero las casas nunca se hicieron y meses después el empresario de Tacuarembó debió pagar una millonaria demanda que se tramitó por vía judicial.

Sin embargo, aún con ese antecedente fresco, R.CH.M. junto al socio que según él le envió el Pit-Cnt cuando llegó al país, compraron otra sociedad anónima: Vivamax SA. El 15 de febrero de 2013 firmaron otro contrato con el Pit-Cnt para construir 3.000 viviendas. Esta vez, en representación de la central sindical solo firmó Eduardo Burgos.

Y cuenta R.CH.M en su declaración: "Cuando fuimos a firmar el documento entre Vivamax y el Pit-Cnt, Eduardo Burgos y Hugo Monza no tenían la representación del sindicato, por lo que presentaron un documento firmado por Marcelo Abdala y Juan Castillo avalando su poder para representar al sindicato".

La cláusula quinta del contrato entre Vivamax y el Pit-Cnt expresa: "El Pit-Cnt se compromete a asistir y apoyar al promotor en todo lo que fuera necesario para la creación de un Fondo Solidario de Cobertura Grupal, con el fin de mitigar los riesgos en los que pueda incurrir la concesión de préstamos a algunos de los beneficiarios".

En la ya mencionada declaración del Pit-Cnt de diciembre de 2013, donde se deslinda toda responsabilidad frente a las denuncias por presunta estafa, la central afirmó que "el Secretariado Ejecutivo reconoce la vulnerabilidad de la comisión de vivienda a la hora de intervenir terceros agentes con objetivos especulativos y lucrativos que, actuando ilegítimamente en nombre de, pueden involucrar a nuestro Pit-Cnt en situaciones poco cristalinas y de dudosa legalidad".

R.CH.M. dice que "a pedido del sindicato se buscaron empresas medias uruguayas" para hacer las viviendas. "En esa búsqueda de empresas o cooperativas aparece entre otras Susana Nicodella, firmante de los cheques". Nicodella es la propietaria de una barraca de Rocha y la primera en denunciar a los gestores y al Pit-Cnt por presunta estafa. La empresaria alega que entregó US$ 300.000 en cheques. R.CH.M. lo confirma. También identifica a otras empresas y particulares que entregaron dinero o se prestaron para descontar cheques que nunca cobraron.

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