Barrabravas y madres que golpean a hijos tienen el ejemplo de impunidad

Defienden prisión ejemplarizante

Luego de cada partido con final violento surge la misma discusión: ¿cómo puede ser que de un disturbio en el que participaron cientos de hinchas tan pocas personas sean procesadas con prisión? La misma discusión surge tras un suceso cada vez más común como maestras golpeadas por madres de alumnos.

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En el fútbol se registran hechos de violencia generados por grupos muy minoritarios.

La semana pasada, por primera vez, y luego de una ola de agresiones, una madre fue procesada con prisión por pegarle a una maestra. Y hay quienes defienden estas condenas como ejemplarizantes. Sin embargo, los procesamientos sin prisión pesan en el total de los fallos.

"Si pegás a una maestra y no pasa nada, se genera una epidemia del vamo arriba y peguemos", explicó a El País el fiscal penal Gustavo Zubía. El fiscal es partidario de las penas ejemplarizantes, tanto las que condenan con prisión como los procesamientos sin prisión. "El sistema penal tiene que enviar mensajes", explicó. No es lo mismo, agregó, una cajera de supermercado que roba una vez a un barrabrava que todos los fines de semana va a ver a su equipo con intenciones violentas.

Diferente.

A la hora del procesamiento, hay varias tarjetas que pueden utilizar los fiscales y abogados para empujar la balanza de un procesamiento con prisión a uno sin prisión. Según la ley, influye la presunción de que el enjuiciado pueda fugarse o interferir en el caso, el peligro de que pueda cometer otra vez un delito, la gravedad del hecho que cometió, la cantidad de años a los que fue sentenciado y la existencia de alarma social.

Los barrabravas, por ejemplo, cometen delitos que tienen características "muy especiales porque están cometidos por personas que viven al margen de la Justicia", explicó el fiscal.

Según Zubía, en este caso se puede presumir con seguridad que cometerán de nuevo el mismo delito y que, además, existe un alarma social generalizada.

"Son grupos que intentan desplazar al Estado del dominio territorial". Según Zubía, cuando los atacados son referentes de autoridades (maestras, policías, inspectores de tránsito), es importante poner límites.

"Los barras tienen una estructura que los protegen y están bajo continuos criterios para seguir delinquiendo", ejemplificó el fiscal.

Una a favor.

Los procesamientos sin prisión, sin embargo, representan cerca de la mitad de los procesamientos con prisión, en una ecuación de uno a dos. La opinión de Zubía es que los delincuentes se aprovechan de este as en la manga para utilizarlo cuando son detenidos.

"El procesamiento sin prisión es utilizado como comodín. Llegan al juzgado y te exigen que los proceses sin prisión. Se empezó a generar una influencia", explicó Zubía.

"Es muy loable el procesamiento sin prisión pero hay que ver la importancia del hecho, la previsión", opinó.

Ante un mismo delito, dijo, es importante ver las circunstancias en que se cometió. "La justicia tiene que verle la cara al justiciable. Esa parte humana no la tomamos muy en cuenta", dijo.

Zubía admite que las cárceles uruguayas no son el lugar ideal para los reclusos pero es partidario de que "el dolor educa y la sanción es educativa".

Aunque el promedio de estancia en las cárceles uruguayas es de entre cuatro o cinco meses, opina el fiscal, el procesamiento con prisión es una muestra a de que "el Estado te sacó alerta roja".

Hacinamiento.

Además de los abogados, que siempre piden el procesamiento sin prisión de sus defendidos, hay otro actor con gran peso que aboga por el procesamiento sin prisión: el Ministerio del Interior.

La cartera anunció que el hacinamiento bajó de una densidad de 136% en marzo de 2010 a una de 106% en mayo de 2014. En base a estos números, en marzo de 2010 había 8.785 personas privadas de libertad y la capacidad era para 6.413 y en marzo de 2014 pasó a 9.774 y la capacidad a 9.095. En mayo, la relación fue de 9.786 a 9.195.

Sin embargo, las cárceles siguen siendo una preocupación y mantienen a Uruguay en el ojo de organismos internacionales y en un tire y afloje constante entre la Justicia y el Poder Ejecutivo.

En paralelo, Uruguay está ingresando a una etapa nueva con la construcción de una cárcel que será en parte gestionada por privados. Con la construcción de esta nueva cárcel y la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal en 2017 que permite a los enjuiciados esperar su fallo en libertad se espera que el hacinamiento baje aún más.

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